Luego de que se conociera que vehículos oficiales de la administración de Axel Kicillof mantenían una deuda que supera los $9.000 millones en concepto de infracciones de tránsito, el Gobierno bonaerense optó por restringir el acceso a la base de datos de multas.

Semanas atrás había trascendido la información de que, sumando las multas que acumulaban vehículos de los diferentes ministerios, a través de rastreos generados con sus CUIT, se obtenía el insólito monto de $9.064 millones.

Se trataba de una tarea engorrosa, ya que al iniciar la búsqueda los resultados aparecían en listados de decenas de páginas.

Luego de que la sitaución se hiciera pública en un artículo de RealPolitik a mediados de febrero, durante algunas semanas pudo ser verificada por la ciudadanía ingresando a la base de datos.

Sin embargo, en las últimas horas el Gobierno de Kicillof tomó la decisión de modificar el sistema, restringiendo el acceso al historial de información sobre infracciones solo al responsable directo, a través de su clave de ARCA (ex AFIP).

De esta manera, se busca hacer la vista gorda no sólo respecto a la imprudencia del personal público de la administración bonaerense al volante, sino también a la evasión de las responsabilidades del Poder Ejecutivo a la hora de honrar las deudas.

Según precisó la indagación original, las carteras más comprometidas son la de Salud, que ostenta un prontuario de 1.783 páginas de multas enlistadas, siguiendo muy por detrás la gobernación, con 683 y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con 552.

La maniobra de la gestión bonaerense no aporta precisamente a la transparencia administrativa, pero además expone un modus operandi donde la irregularidad se esconde y se maquilla, en lugar de reconocerse y corregirse.

Mientras los bonaerenses acusan el voraz temperamento recaudatorio de Gobernación por los incrementos en las multas y los nuevos fiscalizadores de velocidad que se multiplican en las diferentes vías, se desayunan que el propio Gobierno no predica con el ejemplo; ya sea al volante o eludiendo sus compromisos.

Es evidente que esta situación no fomenta ni los buenos hábitos de los bonaerenses como conductores, ni mucho menos la predisposición a honrar deudas que no afronta ni siquiera la entidad que las reclama.