El Gobierno nacional acelera las actuaciones para obtener la autorización del Congreso de cara al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en las próximas horas sería elevada la solicitud al Congreso, tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual se rubricará el nuevo desembolso.

El documento ya se encuentra para la firma y se espera que en las próximas horas ya se encuentre publicado en el Boletín Oficial, tras lo cual se enviará a la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, con el objetivo de alcanzar un dictamen y comience a ser debatido en Diputados con la mayor velocidad posible.

El Gobierno busca, de esta manera, acceder al nuevo desembolso por una vía institucional, y requeriría para ello la aprobación de una de las cámaras. Para anular un DNU, se requiere el rechazo tanto de Diputados como del Senado, según una Ley impulsada en 2006 por el kirchnerismo.

Entre los fundamentos, el Gobierno nacional aprovechó a cuestionar directamente la Ley vigente que exige aprobación parlamentaria para firmar acuerdos, impulsada por Martín Guzmán. Desde el entorno del presidente advierten que fue un “acto de cobardía” impulsado por un Gobierno debilitado.

“Toda la vida, desde que se creó el FMI, los gobiernos fueron los responsables de firmar los acuerdos. A nosotros solos se nos ocurren estas ideas”, cuestionaron fuentes de Casa Rosada en diálogo con Infobae.

En definitiva, el oficialismo argumentará que el DNU tiene los efectos y la validez de una Ley hasta que exista el rechazo de ambas cámaras. Tras su publicación en el Boletín Oficial, el acuerdo iniciará un recorrido institucional acorde a la Ley 26.122.

Será enviado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en no más de 10 días. A partir de allí, la comisión cuenta con hasta 10 días hábiles para emitir dictamen, requiriendo la firma de al menos 9 de los 18 integrantes. Cumplido el plazo, quedará habilitado para su discusión en alguna de las cámaras.

El objetivo de Javier Milei y compañía es acelerar lo más posible el proceso con el objetivo de enviar un mensaje contundente de confianza a los mercados. Algo que el Gobierno necesita con urgencia, tras la mancha del criptogate, que parece haber hecho más mella en entornos financieros internacionales que en la propia Argentina.

Luego, el objetivo es que sea tratado por Diputados, donde los libertarios ponderan una fuerza relativa mayor que la que ostentan en el Senado, a raíz de los acuerdos con aliados y bloques dialoguistas.

En este sentido, especulan con que incluso algunos sectores del peronismo presten su apoyo al acuerdo, al igual que lo hicieron con la suspensión de las PASO. “No creemos que Massa vaya a mandar a sus diputados a boicotear un acuerdo con el FMI”, ironizaban en las últimas horas desde Casa Rosada.

La estrategia fue pergeñada la semana pasada en una reunión de la cual formaron parte el presidente de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y su vicejefe, Lisandro Catalán; el operador político de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, y el omnipresente asesor Santiago Caputo.

Las especulaciones giran en torno a tener unos 129 votos en el bolsillo en el caso de elevar el acuerdo a la cámara baja. Se se da rápidamente, confían en que el FMI no oponga mayor resistencia y en la posibilidad de bajar el riesgo país unos 200 puntos básicos.

Con todo, un nuevo desembolso le ofrecería algo de oxígeno al Gobierno para sostener el plan económico diseñado, que al momento viene siendo sostenido con el superávit fiscal producto del “ajuste más grande de la historia”, que -como tal- no deja mucho más margen para continuar recortando.

Si no consigue sustentar el modelo con recursos genuinos, las dudas irán ganandole terreno al ministro de Economía, Luis Caputo y su equipo, que viene logrando exitosamente construir un escenario de reducción inflacionaria, pero se va quedando sin fundamentos para sostener el tipo de cambio anclado a una microdevaluación mensual del 1%.