La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de rechazar el pedido de licencia de Ariel Lijo tomó por sorpresa a propios y a extraños este jueves, sobre todo al observar que uno de los votos para esto había sido emitido por Manuel García-Mansilla, flamante integrante del máximo tribunal impulsado -al igual que Lijo- por el Gobierno nacional.

Entre el desconcierto y el enojo oscilaron las reacciones en Casa Rosada y el entorno del presidente Javier Milei en las horas posteriores a que se filtrara el borrador donde la Corte adoptaba ese temperamento con el candidato predilecto del jefe de Estado.

Lijo buscaba asumir en el máximo tribunal sin renunciar al juzgado federal, debido a la incertidumbre respecto a la aprobación de su pliego en el Senado, pero la voluntad de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y el recientemente nombrado en comisión por decreto le negaron el pedido.

Por su parte, la votación de Ricardo Lorenzetti brillaba por su ausencia, lo cual lo colocó en el centro de la escena. El magistrado se encuentra enfrentado con los designados por Mauricio Macri, Rosatti y Rosenkratz; y es la principal manija que tiene Lijo al interior de la CSJN.

En las últimas horas crecían las expectativas por conocer cuál era su decisión al respecto, y -precisamente por la particularidad de su no voto- se apuntaba contra su entorno por la filtración del documento.

Lógicamente, el otro que quedó bajo la mira fue García-Mansilla, el magistrado impulsado por Milei que en su primera intervención contrarió la voluntad del oficialismo. Desde Casa Rosada pretendían al menos una abstención y por el momento, pese a la incertidumbre sobre cómo votará en futuras decisiones, prepondera la cautela.

El La Libertad Avanza se encuentran abocados al futuro de Lijo, quien ya confirmó a través de su entorno que no renunciará a su juzgado. Por ende, si la Corte no acepta su pedido de licencia, sólo accederá al máximo tribunal a través del tratamiento de su pliego en el Senado.

Luego de la toma de juramento a García-Mansilla, cuyo pliego no contaba ni con dictamen de comisión, en el Gobierno reinaba la idea que la asunción del quinto integrante sería un trámite. Pese a las dificultades, el presidente persiste en la designación del hasta ahora juez federal. 

En caso de tornarse demasiado engorroso, el triángulo de hierro que completan, además del presidente, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, ya tiene algunos planes alternativos.

Ricardo Rojas, ex juez conocido del jefe de Estado, es uno de los que está en carpeta. Carlos Laplacette, un doctor en derecho constitucional de la UBA es otra alternativa. Se trata de un cuadro que había sido considerado para reemplazar a Rodolfo Barra en la Procuración del Tesoro.

El tercero es Alberto Bianchi, también doctor en derecho en la UBA y ex socio del flamante procurador Santiago Castro Videla. Por el momento, recuerdan, el plan sigue siendo Lijo.