Por: Patricio Ballesteros Ledesma

En su cruzada por achicar el gasto público, el Gobierno había paralizado las obras de viviendas en todo el país, como parte de la reducción al mínimo de la inversión pública nacional, pese a que las auditorías llevadas adelante desde diciembre no probaron desvíos de fondos ni hechos de corrupción.

A días de asumir, y con el respaldo del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello decidió eliminar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que era la herramienta fiduciaria con la que se realizaban las obras que proveían servicio básicos a 850.000 familias en todo el país.

En el gobierno de Alberto Fernández el FISU realizó 1.278 obras de integración en barrios populares, por un monto de casi $500.000 millones, pero a octubre de este año la administración Milei sólo ejecutó el 5% del presupuesto asignado a la urbanización de barrios populares (apenas $20.300 millones) y hay más de 700 obras paralizadas.

Es importante puntualizar que el 47% de la población argentina, es decir más de 20 millones de personas, no tiene conexión a la red de gas, vive en casas sin cloacas, mientras que un 7% no tiene acceso al agua potable.

Según la Mesa Nacional de Barrios Populares, integrada por referentes barriales y organizaciones sociales como la UTEP, la ONG TECHO y Cáritas Argentina describió en un informe que cientos de obras fueron detenidas, ya sea por falta de pagos o por atrasos en los procesos de contratación para garantizar sus inicios.

Además, detalló que en lo que va del año, de acuerdo con la información publicada por las autoridades de la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana, sólo se reactivaron 137 obras de las 716 sin finalizar, es decir sólo el 20%.

Para mejorar estas condiciones desde una política pública nacional, el FISU disponía de un financiamiento que surgía del impuesto PAÍS, que el gobierno redujo drásticamente del 9% al 0,3%, al mismo tiempo que elevaba ese tributo para el acceso a dólares de los importadores en un 10%. 

Esto generó que en distintos barrios quedaran por la mitad miles de construcciones que iban a resolver problemas concretos para mejorar la calidad de vida en su zona de influencia, que en total implican un área de 684 kilómetros cuadrados, el triple de la superficie de CABA.

Esos barrios populares, hacia donde se orientaban las obras para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, están ocupados por 1.124.797 viviendas y lo habitan 1.237.795 familias, unas 5 millones de personas que se encuentran en zonas marginales, asentamientos y villas de emergencia.

El derecho a la Integración Socio Urbana en los 6.467 barrios populares de todo el país estaba reconocido por la Ley 27453, que creó el Programa de Integración Socio-Urbana y los mecanismos para garantizar su financiamiento. Sin embargo, el nuevo gobierno nacional suspendió su ejecución y puso en duda la transparencia y legalidad de lo actuado.

Incluso, se denunció penalmente al ex candidato a presidente y dirigente social Juan Grabois, que estaba al frente de esa política de Estado, y se realizaron allanamientos a los domicilios de otros integrantes de movimientos populares que participaban de la implementación y seguimiento del manejo de fondos de los planes de urbanización en el territorio.

El Gobierno venía a recortar el gasto público para alcanzar el equilibrio fiscal y así como logró este objetivo en base a ajustar fuerte las jubilaciones y pensiones, el tercer rubro más afectado fue el de las obras de infraestructura, que estaban desplegadas en todo el territorio nacional, con diferentes grados de ejecución y prioridad.

“Esta norma fue aprobada con amplio consenso parlamentario de las diferentes fuerzas políticas y fue reconocida por organismos locales e internacionales. Sus políticas fueron implementadas durante la presidencia de Mauricio Macri y continuaron luego con Alberto Fernández”, argumentaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Pero la semana pasada, la justicia finalmente cortó el status quo que se mantenía sobre la decisión arbitraria del Ejecutivo de parar todo e hizo valer el derecho adquirido de un grupo de los beneficiarios, que se transformaron en damnificados por cuestiones financieras e ideológicas de la nueva administración nacional. 

A partir de la presentación de una acción de amparo colectiva, impulsada por el sacerdote Lorenzo "Toto" de Vedia, y una medida cautelar adicional de vecinas y vecinos de 37 barrios de todo el país, la semana pasada el Juzgado Federal de Pehuajó le exigió al Estado nacional que asegure la reactivación de esas políticas públicas y la continuidad de las obras financiadas por el FISU.

Cabe aclarar que la demanda inicial fue realizada por habitantes de 11 barrios de Pehuajó, Moreno y Mercedes, a quienes se sumaron luego otros 26 barrios de distintos distritos del conurbano bonaerense, de CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut. En la presentación se instaba a que se reinicien los trabajos de infraestructura de servicios, desarrollo de equipamiento comunitario y mejoramientos habitacionales interrumpidos en diciembre.

En el pedido se solicitaba además que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 193/24, por ser incompatible con las disposiciones de las leyes n° 27453 y 27541, que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por impuesto PAÍS, ya que de esa manera se eliminó la principal fuente de financiamiento del fideicomiso.

“El congelamiento de esto es, ni más ni menos, que profundizar la exclusión de los vecinos de estos barrios y dejar la cancha libre al narcotráfico y en desamparo a la gente”, justificó el eclesiastico del barrio 21-24 en declaraciones radiales.  

En los barrios populares hay una destrucción estructural que no es responsabilidad de este Gobierno, pero que con sus medidas se fue profundizando, que se traduce, por ejemplo, en falta de vacantes en las escuelas”, aclaró.

Representados por el CELS, y tras el trámite judicial, el magistrado Andrés Heim emitió un fallo en el que se le exige al Gobierno que en tres meses presente un plan, que deberá articular junto a los gobiernos provinciales, con plazos y detalles para continuar con la política de integración socio urbana suspendida.

El Ejecutivo deberá presentar un informe mensual sobre los avances y el financiamiento de esas políticas, según la decisión judicial. Además, le ordena al Congreso nacional que asegure los mecanismos de financiamiento y que se incluyan en la discusión sobre el presupuesto del año entrante, ya que como es bien sabido el impuesto PAÍS será eliminado a partir de diciembre.

Ya a principios de este mes, el Gobierno, y Capital Humano en particular, había recibido un revés judicial antes las medidas de recortes de gasto implementadas a poco de asumir. El 1 de noviembre, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal había reafirmado el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a los comedores y espacios comunitarios de la Argentina. 

El juez Walter Lara Correa, en el amparo colectivo que iniciaron en febrero pasado la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y también el CELS, resolvió la cuestión de fondo y sostuvo que la continuidad de las políticas alimentarias no representan un privilegio para sus destinatarios/as, y que por el contrario son una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, a fin de que la APN no incurra en responsabilidad internacional.

Al igual que en este caso, el juez indicó que el Gobierno nacional le debe informar mensualmente sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas a través de los que se busca garantizar el derecho a la alimentación como el “Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”, el “Programa Alimentar Comunidad”, el “Programa Prestación Alimentar” y el “Programa Abordaje Comunitario PNUD ARG 20/004”.