TOCÓ MÁXIMOS
La tensión entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria no para de escalar, luego de que la Procuración dictaminara que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) continúe realizando las auditorías, a pesar de que incurre en la violación de la autonomía de las instituciones.
En este marco, mientras en más de 50 casas de altos estudios continúan las medidas de fuerza, que se debaten entre tomas totales, vigilias y clases públicas; fue cobrando fuerza la organización de un plan de lucha federal, que incluye tres paros nacionales, concentraciones regionales y una marcha de antorchas para este miércoles, en repudio a hechos de violencia iniciados por un grupo de simpatizantes del Gobierno en la Universidad de Quilmes.
Paralelamente, el presidente Javier Milei continúa con sus diatribas contra la educación pública y luego de que Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de la Nación, instara a que la SIGEN retome las auditorías, esbozó: "Hoy salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro".
Lo hizo en el marco de su discurso en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 en el Palacio Libertad (ex CCK), pero también en diálogo con LN+, uno de sus medios predilectos.
"¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar?", cuestionó, y aseveró: "No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes".
Cabe recordar que, desde 2022, la Audioría General de la Nación (AGN) se encargaba de solicitar a las universidades la rendición de cuentas de sus presupuestos. El ex procurador, Carlos Zanini, había restringido esa atribución de la SIGEN, por considerar que "no resulta aplicable por valorar su autonomía".
No obstante, Barra seamparó en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que habilita al Poder Ejecutivo a auditar a las universidades, tal como se hacía de 2021 para atrás. .
La conclusión del dictamen firmado por el procurador del Tesoro establece: "En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.
Al respecto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó la modificación: "Celebramos este dictamen ejemplar de la Procuración que permite a la SIGEN auditar a las universidades nacionales".
A través d s us redes sociales, el funcionario destacó que "de esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales".
La AGN es un órgano que contola el Poder Legislativo y responde al consenso entre las diferentes fuerzas, en lugar de la discreción del Ejecutivo. Este año, aún no tiene autoridades designadas, ya que los bloques de diputados del PRO y La Libertad Avanza no han definido qué legisladoresasumirán las bancas correspondientes a la minoría parlamentaria.
Paralelamente a la cruzada presidencial contra un enemigo que no termina de ser precisado, el movimiento estudiantil y los trabajadores universitarios definieron los nuevos lineamientos para continuar la lucha por el salario docente y no docente y por el Presupuesto 2025, tras el veto al financiamiento por motivos presupuestarios.
La mesa del movimiento educativo, que reúne a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical y la Federación Universitaria Argentina (FUA), resolvió programar dos nuevos paros además del que se preparaba para este jueves 17.
La actividad universitaria se verá paralizada el lunes 21 y martes 22 en un paro de 48 horas, mientras que en noviembre habrán marchas regionales en cinco provincias, con el objetivo de dotar las protestas de un carácter federal: las citas tendrán lugar en Tucumán, Córdoba, Salta, Mar del Plata y la ciudad restante, aún no definida, sería del sur del país.
Otro de los lineamientos del plan de lucha consiste en que cada miércoles habrá clases públicas en todas las universidades del país desde el mediodía, paralelamente al tratamiento de 2025 en el Congreso de la Nación. Las acciones buscan la recuperación de los 3.4 billones de pesos de financiamiento que la administración recortó este año, y que el Consejo Interuniversitario reclama para poder funcionar.
Con el pretexto de auditar el destino de los fondos, el Gobierno redujo sustancialmente los salarios de docentes y no docentes, que a esta altura no pueden ser tildados ni de subsistencia.
El secretario de Políticas Universitarias UTE-CTERA, Marcelo Creta, remarcó en diálogo con Página/12 que “además, pedimos la inmediata apertura de la paritaria para recuperar el 63.5 por ciento que perdimos por la inflación. Exigimos que se abra ya y que nos den el pago de la garantía salarial (fijada en 420.000 pesos) y recuperar el Fondo de Incentivo Docente”.
La Asamblea de Derecho de la UBA decidió que se toma la facultad. Por el financiamiento universitario. Por la educación pública.
— Ana Correa (@anaecorrea) October 14, 2024
Histórico. pic.twitter.com/z5s7FKF7si
A principios de septiembre, el Ministerio de Capital Humano implementó unilateralmente un aumento del 6,8 por ciento para docentes y no docentes, compuesto por la suma del 5,8% de incremento más el 1% de empleados públicos.
Esta tarde, en respuesta al amedrentamiento de un grupo de militantes libertarios, que agredieron con gas pimienta a estudiantes reunidos en asamblea en la Universidad de Quilmes, se realizará una Marcha de Antorchas “por el diálogo y la no violencia” que unirá Plaza Houssay (frente a la Facultad de Medicina) y el Palacio Pizzurno (sede de la Secretaría de Educación).
Entretanto, en 47 de las 62 universidades del país continúan las medidas adoptadas, que oscilan entre tomas, vigilias, asambleas, clases públicas y cortes parciales de calles.
Entre los hitos históricos, se destacó la toma por 72 horas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por decisión de la asamblea, uno de los recintos más conservadores de la plaza capitalina.
En Medicina, por su parte, se concretaba en las últimas horas la primera toma desde el año 2018, tras la votación de una asamblea de más de 600 estudiantes, que se extenderá hasta este jueves.
Además, se plegaron a las acciones alumnos de los colegios preuniversitarios Pellegrini y Nacional Buenos Aires, que también resolvieron tomar los edificios.
