Por: Mg. Lautaro González Amato

El proyecto del presidente Javier Milei en materia de salud pública enfrenta por estos días un conflicto social por el posible cierre del Hospital Laura Bonaparte, según lo anunciado “informalmente” por el Ministerio de Salud a sus directivos. Desajustes en la comunicación de gobierno que profundizan la inconsistencia del proyecto.

El estado de “alerta y movilización” que llevan adelante más de 600 profesionales de la salud y cerca de 20 mil pacientes es real. Más allá de que el foco de conflicto por el cierre definitivo pareciera haberse revertido, el gobierno de Javier Milei pretende reestructurar la institución. 

“Lo que hay es un plan para hacer del Hospital Bonaparte un hospital más eficiente y más eficiente la salud”, subrayó el vocero de gobierno, Manuel Adorni, y resaltó que “el Hospital no se va a cerrar (...). De hecho, la guardia sigue atendiendo y los pacientes siguen con sus tratamientos”. De acuerdo a lo indicado por Adorni, la “reestructuración” del hospital obedece a que se detectó que había un “desfasaje entre la cantidad de empleados y la cantidad de pacientes”. 

Sin embargo, días atrás, autoridades del Ministerio de Salud informaron su cierre al personal médico, lo que se tradujo inmediatamente en una medida de fuerza por parte de los trabajadores que tomaron el edificio ubicado en Combate de los Pozos 2133, en Parque Patricios, y permanecieron de forma pacífica dentro de sus instalaciones. De ser así, se cerraría “el único hospital nacional del país que trata la salud mental”, de acuerdo a lo que expresaron los empleados a distintos medios nacionales. 

La comunicación pone en offside a la política 

El ministro de Salud, Mario Lugones, junto a otras autoridades, informó que “se inició un plan de reestructuración” en el Bonaparte. Aclaró que “no se cerró la guardia” y que “se continúan atendiendo con normalidad las consultas ambulatorias”. 

Fue este un esfuerzo por ejercer una comunicación oficial desde la certidumbre, y aunque el Gobierno ratificó junto a los gremios ATE y UPCN que “no se cerrará” el hospital, el posible desfinanciamiento a mediano y corto plazo oficiará como herramienta para su vaciamiento y posterior cierre. Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta qué sucederá con los pacientes que ya están en la institución ni los nuevos que acudan a la guardia y necesiten una cama.

Cabe recordar que los 39 pacientes que se encuentran en el Laura Bonaparte padecen una situación de especial vulnerabilidad, ya que desde hace casi 15 años Argentina incumple las premisas de la ley de Salud Mental sancionada en 2010. Esa misma normativa creó un Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental que, a modo de defensoría, obligó al Gobierno a retrotraer cualquier medida de cambio en la gestión de la institución tales como el cierre de algún servicio, la continuidad de los tratamientos ya existentes y el traslado de pacientes.

Alrededor de 25.000 personas se atendieron ambulatoriamente en el hospital en lo que va del año, a las que se suman 15.000 consultas recibidas a través de dispositivos territoriales que instaló el centro de salud en zonas de demanda estratégica como Villa Zavaleta, Villa Palito e Isla Maciel. Estos dispositivos de atención general trabajan con niños y adolescentes, realizan diagnóstico por imágenes y estudios de laboratorio. De esta manera se incrementó la demanda espontánea y la atención por guardia con equipos interdisciplinarios, sumado a la atención del 0800.

Pareciera ser que el ministro Lugones y demás funcionarios del Ministerio de Salud están más preocupados por demostrar austeridad presupuestaria ante el Poder Ejecutivo que revisar en profundidad una medida racional que afecta a un sector sensible como lo es la salud mental. El apuro por comunicar una medida drástica para bajar el presupuesto en salud le jugó una mala pasada: ahora tiene que rever su posición.

Argumentos del sector

Los trabajadores del Bonaparte sostienen que el Gobierno tiene odio por el Estado, por las instituciones que funcionan, la salud y educación pública, al tiempo que criticaron a la administración libertaria al calificar la medida como “un ataque directo a la salud pública”.

De esta manera, el conflicto no está resuelto porque cambia minuto a minuto. Todavía no dejan internar a nadie y continúa la intención por derivar a todos los pacientes del hospital. Es una situación tensa que promete no resolverse en lo inmediato. 

Por su parte, el ex jefe del área de Adicciones del Hospital Álvarez, ex director de Sedronar, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) y expresidente de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), Alberto Trímboli, enfatizó a medios nacionales que la ley de Salud Mental habla de “adecuación a los principios del abordaje comunitario y de la atención primaria de la salud”.

“Al hablarse de traslados sin que quede claro cuándo, dónde y cómo, se está violando el derecho de los pacientes a ser atendidos en su comunidad, cerca de donde viven y de sus allegados”, analizó Trímboli a medios nacionales, y agregó que “este cambio abrupto influirá negativamente en su salud mental. Dado que no hay claridad desde el Gobierno, la incertidumbre puede generar angustia en los pacientes”.

Por su parte, el diputado nacional de la UCR y neurocientífico Facundo Manes advirtió que la salud mental padece “una crisis silenciosa que ha afectado a Argentina mucho antes de la pandemia. La depresión y la ansiedad son dos de las principales causas de discapacidad, y las condiciones socioeconómicas adversas sólo agravan la situación”.

Desde X, Manes rechazó el cierre del Bonaparte, ya que, señaló, “pone en riesgo el futuro económico y social, porque es crucial entender que la salud mental es una parte integral de nuestra salud general”, al tiempo que aseguró que “no es un problema individual, sino social”.

Tras el abrazo simbólico de la semana pasada, la jefa de guardia del hospital, María Hortencia Cáceres, indicó a medios radiales: “Escuchamos en un montón de lugares que somos 612 trabajadores para 40 camas; la realidad es que de esos 612 trabajadores solamente 312 son profesionales, y a su vez, de esos profesionales, no todos están en asistencia, tenemos un departamento de investigación, los otros 300 son administrativos y de mantenimiento, todo lo que sostiene el hospital”.

En tanto, el exministro de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, indicó: “No podés cerrar un establecimiento sanitario de un día para el otro. El Bonaparte debe ser de los pocos que atienden salud mental y adicciones. No hay oferta pública. En un momento donde se han incrementado de manera dramática los niveles de pobreza y de adicciones, suena descabellado cerrar ese establecimiento. El Bonaparte es de los pocos establecimientos que cumple con la normativa de salud mental”, expresó.

La posibilidad del desfinanciamiento y posterior cierre del Hospital Bonaparte se suma al reclamo del Hospital Garrahan por la recomposición salarial urgente del personal médico, algo que los gremios consideran imperioso ante la pérdida del poder adquisitivo.