Luego de ratificar el veto del presidente, Javier Milei, a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional ya mira de frente los próximos proyectos que busca convertir en Ley, aunque para esto necesite aunar más voluntades que los 84 votos que acumuló para que la oposición no revierta la decisión presidencial.

El bloque de diputados de La Libertad Avanza cuenta con una minoría de 39 integrantes, y para cualquier aspiración de victoria electoral depende del respaldo mayoritario o completo de los 38 diputados del PRO.

Además cuenta entre sus aliados a los legisladores del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) -cuyo jefe es el ex presidente del bloque libertario Oscar Zago-, y ocasionalmente negocia discrecionalmente con espacios provinciales para obtener una representación robusta de sus intereses.

El más trascendental de los proyectos que deberá negociar laboriosamente el oficialismo es el Prespuesto 2025, que tendrá un condimento particular al calor de los últimos vetos presidenciales.

Es que el propio presidente Milei se encargó de recalcarle a los legisladores que el momento de discutir leyes que impliquen partidas presupuestarias es cuando se debate el presupuesto anual, y no en medio del período de ejecución.

Es de esperar que esta actitud estimule una postura intransigente entre los diputados opositores que buscaron marcarle la cancha al Gobierno aprobando las Leyes de Movilidad Jubilatoria y de Financiamiento Universitario y se chocaron con los vetos.

Como mencionamos, aprobar leyes no es tarea tan simple como ratificar estas decisiones. No le alcanzará con el tercio que arañó en ambas polémicas votaciones, sino que deberá conseguir al menos una mayoría simple.

Desde Casa Rosada reconocen la complejidad del caso, pero confían en que las herramientas de negociación que provee un proyecto de Presupuesto le permitirán ir construyendo voto a voto un respaldo que le permita, al menos, encolumnar a la mitad más uno.

Cuentan con el respaldo del PRO, que implicará cuidar el inestable vínculo con Mauricio Macri, y entienden que la Unión Cívica Radical (UCR) se mostrará más colaborativa que en las últimas contiendas -descontando el apoyo del grupo de los 5, que no dudó en volver a respaldar un veto presidencial este miércoles-.

En Jefatura de Gabinete también entienden que se puede llegar a entendimientos con Encuentro Federal, la bancada encabezada por Miguel Ángel Pichetto, y con los legisladores más vinculados a gobernadores la palanca suelen ser obras o fondos.

El texto aún reposa en labor de comisión y este martes acudió al Congreso en su defensa el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. Sin embargo, el peronismo reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. El mismo martes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en su despacho a senadores de Provincias Unidas, para comenzar a aceitar el respaldo al proyecto desde las provincias.

Otra normativa de calibre que intentará aprobar el Gobierno es la denominada “Ley de Hojarascas”, que será enviada este mes al Congreso por el el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Se trata de un proyecto que impulsa una serie de de reformas y eliminación de normas que buscan desburocratizar la economía.

En un evento de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el ex funcionario de Cambiemos y el Gobierno de La Alianza, señaló que “una regulación en el buen sentido trata de minimizar los riesgos, pero hay que ponderar el riesgo que minimiza con los costos que genera esa regulación”.

En esa misma línea, Sturzennegger advirtió: “Cuando estamos en este proceso de diseñar las regulaciones, tenemos que estar permanentemente preguntándonos no sobre lo que la regulación hace, sino sobre lo que la regulación destruye. Porque quizás estamos destruyendo todo un mercado por esa regulación para proteger un riesgo a un costo muy alto”.

Con menor urgencia y detrás en orden de prioridad, aparece el proyecto de ley de ficha limpia, que prohibe las candudatiras de personas condenadas por corrupción a cargos nacionales, y forma parte de las reformas políticas que intenta promover el Gobierno.

La iniciativa ya está en condiciones de ser tratada, ya que a mediados de septiembre el oficialismo con el apoyo de bloques aliados y dialoguistas avanzaron con el dictamen de mayoría, en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de Diputados.

La atareada agenda parlamentaria del Ejecutivo motivó la coordinación de una mesa política por fuera de las periódicas reuniones de los lunes en Casa Rosada con los titulares de bloque de diputados, Gabriel Bornoroni (LLA), Oscar Zago (MID) y Cristian Ritondo (PRO). 

En este nuevo espacio tendrían lugar también las dos personas de máxima confianza del presidente, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor estrella Santiago Caputo; además presidente de la cámara baja, Martín Menem. La renovada mesa política debutaría el próximo lunes en lugar de la habitual reunión de jefes de bloque aliados.