ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Este lunes vence el período fijado en el esquema de metas del programa rubricado en marzo de 2022 entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego del cual el Gobierno actual deberá gestionar la posibilidad de nuevos desembolsos.
Los parámetros a tener en cuenta a la hora de evaluar los objetivos trazados giran en torno al superávit fiscal y la acumulación de reservas. El primero, logrado con creces al calor de un ajuste tan brutal y rígido como eficaz; el segundo, puesto en jaque por las presiones devaluatorias que obligaron al Banco Central a sacrificar divisas para planchar las cotizaciones y evitar reflotes inflacionarios.
Tras dos años de duración, concluirá esta etapa del programa de facilidades extendidas (Extended Fund Facility), producto de negociaciones que llevó adelante el Gobierno de Alberto Fernández para poder hacer frente a los vencimientos del acuerdo iniciado por Mauricio Macri en 2018, en el marco de una crisis económica nacional y global desatada por la pandemia que nadie vio venir.
En la próxima etapa, el Estado nacional deberá devolver los US$ 45.000 millones que aún debe, con un plazo establecido entre 2026 y 2032.
No obstante, el cierre de este ciclo habilita una ventana de negociación por nuevos desembolsos entre el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo y el organismo de crédito con sede en Washington.
El Gobierno viene solicitando más inyecciones de divisa extranjera prácticamente desde su asunción, exhibiendo como garantía el ajuste ejecutado desde el día uno, que le valió incluso advertencias de moderación por parte de representantes del Fondo, como la subdirectora gerente, Gitah Gopinath.
Mientras factor fiscal apunta a garantizar un proyecto macroeconómico sustentable para los objetivos del acuerdo y la previsibilidad monetaria, la capacidad de acumulación de reservas permite estimar la capacidad de pago que el país pueda tener para los nuevos compromisos.
También se encuentra entre estas variables la emisión monetaria, la deuda flotante o a acreedores, intervención en mercados de futuros y un piso de gasto social.
Al día de hoy, la administración de Javier Milei llega con el cumplimiento de los objetivos de diciembre, marzo y junio en principio -aunque todavía resta la revisión técnica trimestral que lo oficialice- y con el mayor de los inconvenientes en las reservas del Banco Central.
A pesar de que -a partir del éxito en el blanqueo de capitales- la entidad monetaria nacional dejó de ofrecer dólares en el mercado para evitar las subas en las cotizaciones, a falta de una rueda cambiaria se encuentra lejos del objetivo trazado. El Gobierno debería poder demostrar una acumulación de US$8.700 millones respecto a lo que detentaba el BCRA al iniciar la gestión, y se estima que le faltan alrededor de US$2.000 millones.
Una de las alternativas que manejaba Caputo y su equipo es solicitar un préstamo de corto plazo a distintos bancos y entidades internacionales con el objetivo de alcanzar -sobre la hora- un cumplimiento de esta meta. Los créditos tendrían como garantía sus títulos en dólares y oro.
No obstante, se dejó trascender desde Casa Rosada y el Miniterio de Economía que un posible incumplimiento en la acumulación de dólares no era considerado como una situación tan alarmante para el Gobierno. En tal caso, se ofrecería como explicación que se aceleró la flexibilización del esquema de pago de importaciones, exigiéndole al Cental más dólares de lo estimado.
Como contraparte, la administración libertaria ofrecería endurecer más las metas de equilibrio fiscal como demostración de compromiso para avanzar hacia una macroeconomía más sustentable tan pronto como le sea posible. Ya en agosto el Gobierno quedó en zona de cumplimiento del piso de superávit fiscal establecido para septiembre, generando un colchón de excedente que permitiera surfear las dificultades que suele traer a nivel fiscal el noveno mes del año.
Mientras la reducción del Impuesto PAIS -al nivel que tenía al culminar la administración económica de Sergio Massa- se traduce en una menor recaudación tributaria, las arcas sí tendrán ingresos a raíz de la recomposición del Impuesto a las Ganancias, la moratoria impositiva y el plan de pago anticipado de los próximos cinco años de Bienes Personales.
Lo que no puede ser precisado aún, es en qué dimensión estos ingresos lograrían equilibrar las pérdidas del primer tributo, reducido del 17,5% al 7,5%.
El último dato de vital importancia obtenido al mes de agosto, y del cual se aferra el Gobierno para proyectar confianza en Washington, es que el superávit primario acumulado fue de 8,7 billones de pesos, superando con creces las pautas del programa de facilidades extedidas. No obstante, ese sería el excedente antes del pago de intereses de deuda, y el Fondo recién tomaría en consideración la cifra que quede una vez cumplidos los compromisos.
