El Gobierno nacional hizo oficial este lunes el veto de la movilidad jubilatoria tal como lo venía anunciando el presidente, Javier Milei, que firmó el decreto 782/2024 el viernes pasado y cuya decisión fue informada en el Boletín oficial de este mañana.

Así, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la Ley sancionada gracias a un acuerdo de la oposición en las Cámaras para recomponer de base los ingresos de los jubilados y establecer un ajuste ligado a la inflación, con el fundamento de que suponía un gasto fiscal desmedido.

Tras reunirse con diputados del bloque oficialista, el presidente firmó el veto, que llevó también la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Russo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En los considerandos de la normativa, se afirmó que la implementación de la Ley implica un gasto no proyectado en el presupuesto de alrededor de $6.160.000.000.000 para 2024 y de $15.430.000.000.000 para 2025.

Al respecto, el diputado de la Unión Cívica Radical, Ricardo López Murphy, anticipó que si el veto del Poder Ejecutivo no es parcial, el Congreso se procurará los dos tercios necesarios para restablecerla.

“Si el veto es total, el Congreso va a revertir la decisión presidencial”, expuso el legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con Radio Rivadavia, asegurando: “Si el veto es total y no contempla corregir el problema, seguramente se va a encontrar con el rechazo del Congreso”.

En cambio, señaló que “si el veto fuera parcial me parece que sería difícil revertirlo, pero si es total se va a revertir la decisión presidencial. Sería un error un veto total y espero yo que prevalezca el buen juicio”, al tiempo que previó “un conflicto de orden institucional que no le va a hacer bien ni al Congreso ni al Presidente”.

[“Una política de maltrato al adulto mayor”]

En las últimas horas, la Justicia Federal recibió una denuncia penal contra el presidente Milei y el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a raíz no sólo del veto a la ley de jubilaciones sino también del recorte de cobertura al 100% en más de 44 medicamentos para beneficiarios de PAMI.

La presentación fue realizada por la abogada Valeria Carreras ante la Cámara Federal , por la posible comisión del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de la calificación legal” que pudiera corresponder.

La colegiada denunciante puso de relieve que en los últimos 10 días se han sucedido una serie de hechos desde el Poder Ejecutivo contra los beneficiarios de la seguridad social, jubilados y pensionados.

“Me refiero tanto al veto presidencial de la ley de movilidad jubilatoria, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Nación (con voto favorables de todos los espacios políticos exceptuando el oficialismo LLA), como al recorte de cobertura al 100% en más de 44 medicamentos para beneficiarios del PAMI”, precisó Carreras en su denuncia.

“Ambas medidas -aseguró- configuran un ataque a la población más vulnerable, la que viene más golpeada históricamente, por sus magros ingresos. En esta ocasión el perjuicio es mucho más peligroso que una fórmula matemática dentro del presupuesto nacional, porque en esta ocasión se vulnera el derecho a la salud de nuestros mayores y acarrea un aumento del riesgo de vida de cada uno de ellos”.

Por último, la abogada enmarcó la denuncia “no como un hecho aislado, sino como parte de toda una política de maltrato al adulto mayor”.