Por: Miguel Di Spalatro

La reciente decisión del Concejo Deliberante de Mar del Plata de aprobar la instalación de una destilería de gin en el ex centro clandestino de detención "El Faro", pese al fuerte rechazo de organismos de derechos humanos y la comunidad local, solo ha sido posible en esta etapa de negación a los crímenes de lesa humanidad que impulsa el gobierno nacional. Es un recordatorio doloroso de que las cicatrices del terrorismo de Estado siguen abiertas, y que la lucha por preservar la memoria y la justicia es más relevante que nunca.

El predio del Faro, ubicado en la costa de Mar del Plata, fue testigo de uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. Durante la última dictadura cívico-militar, el lugar fue parte de la red de centros clandestinos de detención y tortura que operaban en la ciudad, conocida como Subzona 15. Allí, hombres y mujeres fueron secuestrados, torturados y desaparecidos bajo el régimen militar que dejó un saldo trágico de 30 mil desaparecidos en todo el país. El dolor y el terror que se vivieron en esos lugares no pueden ni deben ser olvidados.

En marzo de 2015, la sanción de la Ley 27.127 que declaró lugar histórico nacional al predio del Faro fue un paso significativo en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. La puesta en valor del Faro en 2023, con la creación de un Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas y un Espacio de exploración, comunicación e interpretación, reafirmó el compromiso del Estado con la preservación de este sitio como un lugar de memoria y reflexión.

Sin embargo, la reciente votación del Concejo Deliberante, que contó con el apoyo del oficialismo marplatense y concejales alineados con la ideología ultraliberal de Javier Milei, pone en peligro todo este trabajo. La cesión de un espacio vinculado al terrorismo de Estado para la instalación de un bar y destilería no solo es un acto de insensibilidad, sino también un intento de mercantilizar el dolor y el sufrimiento de miles de argentinos. Es una banalización inaceptable de nuestras políticas de memoria.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha expresado su enérgico repudio a esta decisión, señalando que los centros clandestinos de detención no se limitaban a un lugar físico específico, sino que formaban parte de una trama de terror que se extendía más allá de sus muros. El predio que se pretende ceder para un emprendimiento comercial fue parte de ese entramado y, por lo tanto, su uso debe ser respetuoso de la memoria de las víctimas y sus familias.

Además, el proyecto aprobado no solo es moralmente cuestionable, sino que también es legalmente dudoso. Como lo señala la concejal Mariana Cuesta, de Unión por la Patria, el expediente que se debatió y aprobó es una simulación, en la que un terreno público es cedido a una sociedad de fomento para luego ser transferido a una empresa privada, a un precio irrisorio. Este tipo de maniobras no solo afectan la memoria histórica, sino que también atentan contra el interés público y el derecho de la ciudadanía a disfrutar de los espacios comunes.

“La instalación de una destilería en un lugar de memoria es un acto de violencia simbólica que no se puede permitir. La memoria de los 30 mil desaparecidos no se vende, y los espacios dedicados a recordarlos deben ser protegidos y preservados como un patrimonio colectivo. En lugar de convertir estos sitios en negocios privados, debemos seguir luchando por su reconocimiento y respeto, para que nunca más se repita la tragedia del terrorismo de Estado en Argentina”, sostuvo Cuesta. 

Es necesario que la comunidad, junto a los organismos de derechos humanos, continúe movilizándose para frenar este proyecto por la vía judicial, exigiendo la preservación de estos lugares. La memoria es un derecho y un deber, y su defensa es una responsabilidad que debemos asumir colectivamente. El futuro de nuestra democracia depende de nuestra capacidad para honrar y aprender de nuestro pasado.