ENTRETELONES DE CASA ROSADA
El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la introducción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino y le dio a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), sus federaciones y ligas, un año para adaptar sus estatutos de manera que estas instituciones puedan competir.
La medida fue dispuesta a través de un decreto firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y llega como un revés para la dirigencia de la máxima entidad del fútbol nacional, que recientemente había advertido que aplicaría diferentes sanciones a los clubes que permitieran el ingreso de capitales privados.
El arribo de las SAD a nuestro país es una de las causas que el mandatario nacional defiende a modo de paradigma de gestión deseable desde antes de asumir la presidencia, interés que comparte con el ex presidente, Mauricio Macri, quien había logrado instalar a Julio Garro en la Subsecretaría de Deportes casi exclusivamente para apuntalar las sociedades anónimas.
La introducción de capitales de inversión en los clubes fue una de las modificaciones incluidas en el mega DNU 70/2023 impulsado por el Ejecutivo como una de las primeras medidas de desregulación masiva. El punto de partida de la transformación macro prevista por Milei y compañía.
En su momento, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, rechazó la medida de manera tajante y convocó a los representantes de los clubes para aprobar una resolución que prohíbe el ingreso de flujos de capitales al fútbol.
Al respecto se manifestó el cerebro del sistema de reformas del Gobierno, Federico Sturzenegger, a quien Milei premió con la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado -una especie de oxímoron- para que implemente desde allí todas las iniciativas de esa natutaleza.
“¿Por qué le tienen miedo a que sus socios elijan con mayor libertad como organizarse? ¿Por qué tienen miedo de que entren capitales al fútbol? ¿Tienen miedo de que con clubes más fuertes no podrán dominarlos? ¿Tienen miedo qué con mecanismos de gestión más transparentes aumentará el poder de los clubes en detrimento de la AFA?”, cuestionó el ex funcionario de Cambiemos y el Gobierno de la Alianza.
Al respecto, desarrolló que “queda para la reflexión individual de cada uno entender y evaluar por qué la AFA le teme a la libertad de sus socios”, y remarcó: “Nosotros por el contrario estamos convencidos de los beneficios de la libertad y de la necesidad que tiene nuestro fútbol de recibir más inversiones. Queremos un futbol desarrollado para que podamos ver crecer a nuestros jugadores acá y no tener que verlos jugar en la Premier, un campeonato donde los clubes son sociedades comerciales hace tiempo”.
La iniciativa cuenta con la resistencia de buena parte de la clase dirigente de los clubes y de los socios que todavía abrazan la tradición de clubes enraizados en sus territorios, como segundo hogar de las comunidades y funciones que exceden vastamente el fútbol profesional (única actividad con rentabilidad comercial).
Sin embargo, se ha ido generando un caldo de cultivo para la introducción de capitales en un marco donde muchas de las Asociaciones Civiles, que aún tienen como dueños a sus socios, atraviesan severas dificultades económicas y complicaciones para sostener sus estructuras.
En esa fisura, producto en ocasiones de gestiones ineficaces y en otras de las propias limitaciones que enfrenta una institución con obligaciones que difieren la mera rentabilidad, comenzaron a germinar voluntades que claman por la llegada de privados que vengan a tornar a los clubes más competitivos en el fútbol profesional.
Hoy por Decreto 730/24 se reglamentaron los artículos de la Ley de Deportes 20.655 referidos al tema que públicamente se ha dado a conocer como de Sociedades Anónimas Deportivas. El Decreto reglamenta las condiciones bajo las cuales los clubes podrán transformarse en sociedades…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 14, 2024
En el artículo 2 del decreto 730 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se incluye una cláusula en la Ley del Deporte que establece que, más allá de que las entidades puedan tener un plazo de un año para adaptar sus estatutos y reglamentos “durante el curso del plazo otorgado (...) no podrán impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada, si aquella está admitida por la Ley N° 20.655 y sus modificaciones y complementarias”.
Esta decisión golpea de lleno la estrategia de Tapia, que en las últimas reuniones se encargó de transmitir a los presidentes que las instituciones que aceptaran el ingreso de capitales privado serían sancionadas. Entre las penalizaciones podría arribarse a la expulsión y el impedimento de participar en competencias oficiales.
El decreto destaca que para cambiar la estructura societaria sólo será necesaria la aprobación por mayoría de aquellos que participen en “la asamblea extraordinaria de la asociación que considere la decisión de transformar a la entidad en sociedad anónima o resuelva ser socia de sociedades anónimas”.
Es que hasta ahora, sólo podía tomarse una decisión de ese tipo si la aprobación se hacía mediante la aprobación de todos los integrantes de la asociación civil.
Al respecto, se deja sentado: “Las organizaciones integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física que modifiquen o hubieran modificado su estructura jurídica adoptando algunas de las figuras contenidas en el artículo 19 bis de la Ley Nº 20.655 y sus modificaciones tendrán derecho a mantener su participación en toda competición en la que intervinieran bajo su estructura jurídica anterior y en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad a la modificación producida”.
A mediados de julio, la Inspección General de Justicia emitió una resolución que establece una serie de desregulaciones y flexibilizaciones de trámites, entre los que se encuentran los relacionados con las SAD.
“Que, atento a lo dispuesto en los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 (...) debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina”, estableció la normativa.
