La Ley Bases y el paquete fiscal llevan unas tres semanas en labor de comisión en el Senado y aún no hubo acuerdo para lograr el dictamen. El oficialismo no logró aceitar los engranajes de la cámara alta tan fácilmente como en Diputados, y las expectativas de obtener la sanción antes del Pacto de Mayo convocado para el 25 se fueron disipando gradualmente.

La estrategia presidencial de atacar sistemáticamente a todo aquel que no colabore con su proyecto de país no rindió frutos en esta ocasión -o al menos no en tiempo y forma-.

El mandatario había convocado a los gobernadores el 1° de marzo en la asamblea legislativa a firmar un documento donde se consensuaran 10 ítems desde los cuales se refundaría el país con nuevos horizontes. Eso sí: para hacerlo, primero los legisladores debían aprobar la relanzada Ley Bases que había fracasado en febrero.

Luego de enfrentamientos directos con varias provincias, que vieron sus finanzas severamente afectadas tras los recortes en las transferencias discrecionales, el mandatario profundizó utilizando como palanca para negociar la asfixia económica -al tiempo que incurría en groseras ofensas como fue el caso de Ignacio Torres, de Chubut-.

Entretanto, el siempre inestable jefe de Estado deslizaba en diálogo con medios de comunicación que no lo desvelaba llevar adelante las reformas anheladas en el corto plazo, ya que confiaba en una mejor elección de medio término en 2025 que le provea una composición más favorable en el Congreso.

Quizás uno de los roles más ingratos del Gobierno en este contexto fue el de Guillermo Francos. El ministro del Interior debió encabezar las conversaciones para lograr el respaldo de las fuerzas agraviadas por Milei al proyecto del propio mandatario. A pesar del éxito en la media sanción, el oficialismo encontró más dificultades en la cámara alta y, sin dictamen, se postergó el Pacto de Mayo.

Entre las diatribas y los intentos de consenso de Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la oposición no terminó de acceder a las condiciones de juego impuestas por el tándem Miei-Karina-(Santiago) Caputo; que incluso se permite desconfiar de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y su paciencia para los tiempos parlamentarios.

Ocurre que la titular del Senado en no pocos casos se enteró de disposiciones presidenciales al igual que el resto de los argentinos, a través de los anuncios oficiales. En medio de estos resquemores, desde Casa Rosada consideran que actitudes como habilitar el tratamiento del DNU 70/23 o dilatar el tratamiento de la Ley Bases para que Posse exponga ante los senadores constituyen una especie de vuelto de Villarruel.

En las últimas semanas, previendo la posibilidad de que no den los tiempos, desde el oficialismo relativizaron que el Pacto se firme en ocasión del 214 aniversario de la Revolución de Mayo, y deslizaron que la rúbrica podría darse en otras fechas patrias, como el 20 de junio o 9 de julio.

En el entorno de Milei confían en que obtendrán la Ley, aunque hay menos precisiones en torno a qué Ley conseguirán, debido a las negociaciones para modificar sus artículos o incluir algunos otros como condición para aprobarla. En ese caso, el proyecto debería volver a Diputados para que sean aprobadas.

Mientras Villarruel, Francos y Posse aceleran las charlas con las bancadas opositoras, los alfiles de las provincias en el Congreso consolidan el mensaje de que el fracaso del Pacto de Mayo es a la vez un fracaso de la dialéctica de la prepotencia.