Por Patricio Ballesteros Ledesma

Cuando asumió el  presidente Javier Milei dijo que iba bajar el gasto público en 15 puntos del PBI, con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas y alcanzar el superávit fiscal de inmediato. Y juró no aumentar impuestos, pero aumentó del 7,5% al 17,5% el llamado PAIS y ahora avanza con la reposición de Ganancias a la cuarta categoría.

Con la motosierra, la licuadora y la aspiradora generó un ajuste generalizado en el Estado, que además tuvo su correlato en una recesión generalizada que provocó un ajuste también en el sector privado. Y en enero y febrero informó que se alcanzó el superávit primario y financiero. 

Una doble meta forzada e insostenible en el mediano plazo, que saldrá a la luz por la caída en la recaudación, pero con consecuencias productivas y sociales drásticas y perdurables. Cuando avancen los incrementos de tarifas de los servicios públicos, continúen los aumentos de combustibles, se incrementen los despidos y el campo no venda gran parte de la cosecha gruesa ensilada se verá cuán sólido es el plan.

El gasto del Estado para 2024 presupuestado en el proyecto de ley del año pasado sería de $67,3 billones y como en su mayor parte se destina a Servicios Sociales (67,8%), con el cambio de la fórmula de actualización de la movilidad de jubilaciones y pensiones, se pauperizaron los haberes en lo que va del año, no sólo por la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, sino porque el pico inflacionario de diciembre no fue compensado en la liquidación de enero. El recorte en los planes sociales y las asignaciones también contribuyó a bajar gastos.

Tras la megadevaluación del 118% impuesta el 13 de diciembre por la nueva administración y la consecuente depreciación del peso, todas las variables macro proyectadas quedaron desactualizas, ya que se presuponía un tipo de cambio nominal de $607/dólar, un crecimiento del PBI del 2,7%, una inflación anual del 69,5% y un superávit comercial de US$9.372 millones. La visión de Milei iba en otro sentido.

Por otro lado, y a la par del cierre de institutos y entes públicos nacionales y el despido de más de 15.000 trabajadores de planta permanente, transitoria y contratados en todas las áreas, se recortaron fuerte las transferencias automáticas a las provincias y el envío de fondos a las universidades públicas nacionales, en ambos casos en base a partidas desactualizadas con relación a la inflación actual, por pertenecer al presupuesto del año pasado que se decidió prorrogar para el corriente.

Queda en evidencia que el ajuste que iba a pagar sólo la casta, que luego iban a pagar todos pero sobre todo la política, y otras variaciones declarativas, rápidamente cayó sobre toda la población. Los trabajadores activos y pasivos, más fuerte sobre los informales y monotributistas, y de manera más radical y desesperante sobre los sectores más vulnerables y los nuevos desocupados.

Y a pesar de que la profundización de la recesión ya tiene un fuerte impacto en las industrias y empresas, sobre todo en las mipymes, los emprendedores y los cuentapropistas, las grandes compañías y las de bienes y servicios oligopólicos, además de las entidades bancarias continúan con extraordinarias ganancias. 

Pero estas últimas están a salvo y siguen ganando con los pasivos remunerados del BCRA y los bonos del Tesoro. Y hay un grupo de privilegiadas, de diverso tamaño y distribuidas en todo el país, que continúan gozando de exenciones impositivas, beneficios fiscales y múltiples regímenes de promoción, que integran el denominado Gasto Tributario del Estado y de las que casi nadie habla.

Se denomina Gasto Tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objeto de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.

A los fines prácticos se trata de programas y beneficios impositivos para empresas de todo el país, incluso algunas muy competitivas y con enormes ganancias, que Sergio Massa había enviado al Congreso para revisión en la separata de la Ley de Presupuesto, que nunca fue tratada sobre tablas y que siguen en vigencia tras la prórroga presupuestaria del Gobierno de Javier Milei.

En ese entonces, para bajar el gasto público en al menos 2% del PBI, y tal como pedía el acuerdo con el FMI, el ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación había propuesto analizar esa enorme transferencia de ingresos del Estado a las empresas que equivalía a 4,72%, ya que algunos programas tenían décadas de antigüedad y en muchos casos ya no tenía sentido seguir con esas políticas de asistencia o promoción.

El monto de Gastos Tributarios estimado para el 2023 alcanzaba a $3.664.819 millones, que equivalía al 2,49% del PBI, según la Subsecretaría de Ingresos Públicos del anterior Gobierno y presupuestado el año previo (2022). 

Con el correr del año pasado se fue actualizando en monto y porcentaje al acompañar la inflación, por lo tanto aumentó no sólo el valor nominal sino también el porcentaje sobre el producto, ya que se incluían otros beneficios impositivos con impacto presupuestario.

En el apartado Presupuesto Ciudadano de la web de Economía, con vistas a la discusión del proyecto de ley para el año entrante, se aclaraba que el efecto conjunto de ambos grupos genera pérdidas permanentes de recaudación de, aproximadamente, 4,72% del PBI en 2024. 

Se exponían las estimaciones de esos grupos y un conjunto de observaciones que, en el entendimiento del Gobierno nacional, merituaría la evaluación del efectivo impacto de estos beneficios y la ponderación de si correspondería su derogación o limitación a efectos de liberar recursos fiscales que contribuyan a la obtención de un resultado fiscal superavitario y sostenible intertemporalmente.

GASTOS TRIBUTARIOS ESTIMADOS

Además, se identificaba un segundo grupo de beneficios impositivos, que tienen un impacto presupuestario negativo por causar una merma de recaudación de carácter permanente, que se estima en un monto del 2,38% del PBI para el ejercicio fiscal de 2024.

Al arribar al balotaje, y justo cuando el anterior Gobierno se disponía a tratar el proyecto de Presupuesto 2024 en el Parlamento, con la separata del Gasto Tributario adosada, el candidato Milei le pidió a su rival Massa que lo enviará tras conocerse el resultado de la elección, a lo que el también candidato accedió en acuerdo político para no condicionar al nuevo presidente a días de asumir.

Pero el jueves pasado, cuando acudió a la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, el secretario del área Carlos Guberman fue consultado sobre el particular por el diputado Nicolás Massot, y el funcionario aclaró que se trata de alrededor del 2,5% del PBI, que se está trabajando en un nuevo análisis y evaluación del tema, pero que “seguramente va a estar reflejado cuando presenten el Presupuesto 2025”.

Al responder, el licenciado sólo habló del gasto tributario pero no hizo mención al porcentaje similar sobre el PBI que representan los otros beneficios impositivos, también puntualizó que el objetivo es transformarlo en gasto presupuestario y hará una presentación especial sobre el tema cuando se envíe al Congreso el Presupuesto 2025..

Aclaró “que no es que no están haciendo nada con este tema”, ya que en el nuevo proyecto de reforma fiscal en tratamiento de la renovada Ley de Bases “hay varias exenciones impositivas que se están eliminando”. 

Sin embargo, cuando dio un ejemplo, se refirió a que “se están centrando en el impuesto a las ganancias”, y en particular reponer la cuarta categoría, “que es donde suele estar el mayor gasto tributario que siempre se discute”, argumentó. 

Al revisar los números se observa que la modificación de Ganancias al final del anterior Gobierno representaba un costo fiscal de $3 billones, o sea 0,83% del PBI, el problema era que iba a repercutir en forma negativa en las arcas públicas provinciales por tratarse de un impuesto coparticipable y eso generó la polémica. 

No era un porcentaje tan relevante del gasto tributario en función de quienes eran sus beneficiarios, como los trabajadores de zonas frías o los camioneros que no dejaron de brindar servicios durante la pandemia. Y el propio secretario de Hacienda aclaró que esta modificación en Ganancias aportará apenas 0,3% adicional a la recaudación actual. 

Sí era y es relevante la exención de Ganancias de los ingresos de magistrados del Poder Judicial nacional y provinciales, las ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas. Había mucho para discutir y, en pos de un ajuste necesario, quitar ciertos privilegios injustificados y de larga data.

Adicionalmente a estos temas, se resaltaba que los certificados de depósitos en el exterior ADR tributan 7% en lugar de la tasa general del 35%, y que en el caso de explotaciones ganaderas se aceptan valuaciones a valor histórico destacando que “alternativamente, podría evaluarse el método alternativo de valor de reposición o valor de mercado.”

Del mismo modo, en cuanto a las justificaciones y las tergiversaciones, con el ataque discursivo a la universidad pública y el desfinanciamiento real a las casas de estudio superior de nivel nacional, se apeló nuevamente al “no hay plata”, pese a que este gasto o inversión representa apenas el 0,2% del PBI, cuyo 85% corresponde a los salarios de docentes y no docentes, que están desactualizado desde el inicio de la nueva gestión.

Además, a diferencia de la educación primaria y secundaria, que fue transferida a las provincias y municipios hace años, las universidades públicas nacionales dependen en forma directa y exclusiva del envío de fondos desde Nación para contar con su actividad regular. 

Desde la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, sólo se había anunciado que se iba a incrementar un 70% el gasto operativo, que había perdido ese porcentaje por la inflación en lo que va del año, pero que apenas representa el 5% del presupuesto universitario. 

Encima, ante la inminencia del paro nacional de mañana, y como una forma de desarticularlo, se lo volvió a anunciar el viernes pasado como fruto de una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional, algo que los propios rectores desmintieron ipso facto y además ratificaron la medida en todo el país y la movilización al Congreso y Plaza de Mayo.