TOCÓ MÁXIMOS
Si durante este año sólo se ejecutaran los fondos presupuestados vigentes para la Educación Superior en todo el país, que no están actualizados por la inflación acumulada ya que el Gobierno de Javier Milei no envió un Presupuesto 2024 al Congreso y se maneja con una prórroga del anterior, las partidas a girar destinadas a este fin sumarían $1,4 billones, según los datos de Presupuesto Abierto.
Sin embargo, para que las 55 universidades públicas nacionales puedan funcionar con cierta normalidad en un contexto de alta inflación (acumula un 211% interanual) y no perder capacidad operativa con relación al año pasado, en términos reales deberían contar para sus gastos con un presupuesto en torno a los $5,8 billones, si se proyecta y ajusta por el Relevamiento de Expectativas del Mercado que realiza el BCRA entre las consultoras.
De lo contrario, la caída presupuestaria real sería del 76,3% interanual y sólo comparable a la brusca desfinanciación de las universidades públicas nacionales de hace casi tres décadas, cuando el neoliberalismo del gobierno de Carlos Menem establecía medidas económicas similares a las actuales y no tenía políticas orientadas a fortalecer la educación pública.
Dejando a un lado las proyecciones, y tomando en cuenta sólo lo efectivamente ocurrido en lo que va del año, los gastos ejecutados del presupuesto para Educación Superior en el primer bimestre de 2024 muestran una caída real del 26,4% con relación al mismo lapso del año pasado. Pero en el desagregado, a algunas áreas o acciones no se les giró ningún fondo, mientras que en otras el bajón superó el 70% interanual.
Las actividades que más perdieron en términos de presupuesto fueron Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (Fondo Universitario para el Desarrollo Regional-FUNDAR), a la que no se le asignó ningún crédito, mientras que el año pasado se habían gastado $32 millones en igual período, y la Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario (-72,63%), que es una porción pequeña del presupuesto total pero vital para el funcionamiento operativo.
Un estudio posterior realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que abarca al primer trimestre entero del corriente año reveló que el presupuesto asignado para las universidades nacionales para 2024 es el más bajo desde que se tienen registros, a partir de 1997.
Según el académico de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales IDAES y miembro de la ACIJ, “la negación de una ampliación presupuestaria produjo que este año las universidades tengan el presupuesto más bajo registrado desde 1997 hasta la fecha, un 72% más bajo en términos reales con respecto al año pasado”, en referencia al Programa de Desarrollo de la Educación Superior.
La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023 coloca a las #Universidades Nacionales frente a una situación económica crítica.
— ACIJ (@ACIJargentina) April 12, 2024
Por eso realizamos un análisis del presupuesto universitario desde 1997 a la fecha https://t.co/4FaEDG0s21
Algunos resultados: pic.twitter.com/2vg2WRSlcl
Este nivel de recorte no tiene sólo que ver con bajar el gasto público o el objetivo de ordenar las cuentas anunciado, presenta un adicional de raíz ideológica por parte primer mandatario y sus seguidores libertarios, que lejos de ponerse en debate u ocultarse, se grita desde los sets de televisión y mensajes oficiales con desdén hacia las casas de estudios y ofensas directas a la comunidad educativa. El nivel de pérdida de poder adquisitivo de los docentes y no docentes es espantoso y el recorte general tiene al ajuste salarial como el objetivo central.
Primero Milei habló de arancelar algunas facultades y caracterizó a carreras puntuales como inútiles para la sociedad, luego al ver que la mayoría de sus funcionarios vienen de la universidad pública dijo que las aulas para adoctrinar a los estudiantes en épocas recientes, y poco a poco pasó a la acción con la asfixia presupuestaria que ya pone en peligro la continuidad de la mayoría de ellas en el próximo cuatrimestre. La saña contra la educación pública es grande, generalizada, abierta y el presidente y sus funcionarios van por más.
A este fuerte recorte de fondos presupuestarios se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la no renovación de las becas, el desmantelamiento y desinversión del sistema científico y tecnológico, la amenaza de cerrar o privatizar instituciones y áreas de investigación y desarrollo, el retraso salarial de docentes y trabajadores del sector, la paralización de obras de infraestructura en ejecución y la suspensión de ampliación de la oferta de casas de estudios en todo el país.
El 14 de marzo los gremios docentes y no docentes de las universidades públicas nacionales realizaron un paro apoyado por la CGT y la CTA en rechazo al ajuste del gasto y el recorte presupuestario de Nación, que encima se hizo sobre la ley de leyes prorrogada del año pasado, y por la no actualización de los salarios del sector, que representan casi el 85% de las partidas totales.
Se llegó a tomar esta medida luego de que en febrero todas las instituciones universitarias que integran el Consejo Interuniversitario Nacional habían emitido un comunicado en el que denunciaban que las universidades públicas se encontraban en una situación crítica, por lo que varias de ellas habían declarado la emergencia económica, algo que ahora refrendó a nivel general el CIN.
Pero la decisión que aceleró la última medida de fuerza nacional ocurrió cuando desde el Ministerio de Capital Humano se informó que se aumentaría un 70% sólo los gastos de funcionamiento operativo de las casas de estudio bajo la órbita del Estado nacional, lo que en porcentaje representa apenas el 5% del presupuesto total universitario.
Pasó el tiempo, no hubo novedades sobre actualización o incremento de los fondos a girar, y ya con el ciclo lectivo iniciado la posición del Gobierno lejos de revisarse se profundizó, con el clásico “no hay plata” y la reiterada sugerencia de que se arreglen como puedan. En particular, el presidente Milei considera a la UBA afín a las ideas marxistas y a ciertas facultades, como la de Ciencias Económicas, como “lavadoras de cerebros”.
Desde esa perspectiva ideológica del primer mandatario, sumada a su objetivo de reducir lo más posible el gasto público orientado al desarrollo humano de la población, el ahogo financiero a las universidades se profundiza y, a esta altura, varios decanos y rectores tuvieron que hacer declaraciones públicas.
El aumento exponencial de las boletas de electricidad, gas y agua de este mes pone a las universidades contra las cuerdas, lo que se suma a la falta de actualización de los salarios de docentes y no docentes desde el cambio de Gobierno, que en apenas 4 meses acumula una inflación del 77%.
Así, el paro nacional para el 23 de abril convocado por los rectores reunidos en el Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional es multicausal, pero sobre todo en defensa de la educación pública nacional, y por eso aglutinará además de autoridades y trabajadores universitarios, a estudiantes, ex alumnos y a todo aquel que considere el acceso a la formación académica superior como un derecho humano fundamental.
PODÉS ADHERIR A LA CONVOCATORIA DEL @CINoficial
— CIN (@CINoficial) April 10, 2024
El texto completo del documento "Convocamos a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional" y el link del formulario de adhesión se encuentra disponible en nuestra bio. pic.twitter.com/T3MYC1FMgx
“La sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades no solo por su tarea de formación de hombres, mujeres, diversidades y personas con discapacidad íntegras con alta capacidad profesional, sino también por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, a la sociedad en general, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados”, concluye el documento firmado por las autoridades de 73 universidades nacionales que organizan la medida de fuerza con movilización a Plaza de Mayo.
Como apostilla, y motivo de orgullo para los que pudieron aprovechar su existencia como emblema de la educación argentina a nivel global, la semana pasada se publicó el último ranking de la consultora británica Quacquarelli Symonds, que ubica a la UBA (con más de 300.000 alumnos) entre las 50 mejores universidades del mundo en Artes y Humanidades y en otras 6 áreas de estudio: Derecho, Sociología, Antropología, Diseño, Lenguajes Modernos e Ingeniería del Petróleo.
