TOCÓ MÁXIMOS
Mientras el Gobierno nacional continúa con su programa de baja del gasto público acelerado y transversal, aún más profundo que el solicitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde el organismo acompañan la marcha de las metas fiscales pero advierten sobre el fuerte impacto de las medidas implementadas sobre los sectores más vulnerables.
Si bien el organismo reconoce que las medidas oficiales preparan el terreno para una caída marcada del ritmo de inflación en los próximos meses, volvió a pedir que el Gobierno refuerce el gasto en jubilaciones y en asistencia social, para evitar que el ajuste recaiga en mayor proporción sobre los haberes y el sector más pobre de la población.
En una conferencia realizada ayer por la directora del Departamento de Comunicaciones del FMI Julie Kozack, se refirió en varias oportunidades y con posiciones concretas sobre el caso argentino, algo que no es lo habitual en sus apariciones públicas, aunque es cierto que el préstamo al país en 2018 es el mayor otorgado por la entidad en toda su historia y amerita un tratamiento especial.
“El programa vigente entre el FMI y la Argentina contiene un ancla fiscal fuerte y el objetivo de reforzar las reservas del BCRA. Ha habido progreso pero el camino es desafiante y requiere medidas rápidas de políticas públicas. El esfuerzo para proteger a los más vulnerables es un pilar del programa para que el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre ellos”, puntualizó la vocera desde Washington.
Este análisis va en línea con el expresado a fines del mes pasado en Buenos Aires por la subdirectora gerente del FMI Gita Gopinath, cuando viajó al país para entrevistarse con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
En esa oportunidad, la número dos del organismo había apoyado la marcha general del programa, pero puso un interrogante sobre la actualización de las jubilaciones y el gasto público de carácter social.
“Dados los costes de estabilización a corto plazo, es esencial realizar esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras”, argumentó la funcionaria.
Si esto lo dice un político opositor al actual Gobierno o una ciudadano violentado por las políticas en marcha, Milei y su entorno dirían que no la ven, pero el FMI no sólo la ve sino que la audita. Y lo que está observando y remarcando es un ajuste que, si bien puede acomodar la macro general por unos meses, afecta de manera exponencial a millones de ciudadanos.
A diferencia del gradualismo y el ajuste paulatino de otros presidentes, el plan de “electrodomésticos” de Milei (motosierra, licuadora, aspiradora) les genera sorpresa por la audacia y desconfianza por la sustentabilidad. El superávit tiene patas cortas y la intransigencia con los demás actores políticos es contraproducente.
Los recortes drásticos de un mes a otro y con una mayor carga sobre los adultos mayores y la población más humilde trae consecuencias sociales explosivas e irremediables. Esta parte del análisis no es aceptable ni siquiera para el FMI, que además conoce desde hace años el expertise de Caputo y recuerda la crisis del 2001.
Por eso Gopinath le había sugerido al Gobierno, al que veía aislado, confrontativo y sin ánimos de negociación con los legisladores y gobernadores, cambiar la estrategia para lograr resultados concretos y durables. ”Trabajar de forma pragmática para conseguir apoyo social y político también es fundamental, para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas”.
Ahora la portavoz Kozack reconoció que “la consolidación fiscal fuerte, el freno a la emisión monetaria y la política cambiaria tuvieron efectos macroeconómicos y que se están viendo resultados con la inflación empezando a bajar”, algo positivo porque la considera un impuesto sobre los más pobres.
En la evolución, señalo que "se está implementando un ambicioso plan de estabilización, para corregir los graves retrasos de las políticas en los últimos trimestres de 2023. Para volver a encarrilar el programa, el plan se centra en el establecimiento de un ancla fiscal fuerte, junto con políticas para reducir la inflación de manera duradera, reconstruir las reservas y abordar las distorsiones, así como los impedimentos de larga data para el crecimiento".
Sin embargo, advirtió que “dada la delicada situación social, junto con las ya altas tasas de pobreza en la Argentina, será importante asegurar asistencia social adicional y preservar el valor real de las pensiones”. En realidad, los recortes de partidas para asistir a los comedores de las organizaciones sociales, las diversas asignaciones pauperizadas, el ajuste en fondos de salud, educación, obra pública ciencia y tecnología, y la actualización miserable de los haberes pasivos demuestran en los números lo contrario.
From today's press briefing: Announced upcoming management travel, including visits by @KGeorgieva to the UK to deliver a speech at King's College, Cambridge. Also took questions on Argentina, Egypt, Pakistan, Zambia, and more. Watch here. https://t.co/tUlMROWpCe
— Julie Kozack (@IMFSpokesperson) March 7, 2024
Estas advertencias y recomendaciones se dan en un contexto en el que, pese a que el Gobierno lo da casi por hecho, la negociación sobre un cambio en el programa de facilidades extendidas actual con más desembolsos entre la Argentina y el FMI todavía es prematuro. El propio presidente había sugerido que se negociaba con el organismo un nuevo acuerdo y más fondos para acelerar la salida del cepo en la senda de una futura dolarización de la economía, aunque para eso necesitaría el aval del Congreso.
La vocera eludió el tema, como lo había hecho la primera directora del organismo en su visita al país para entrevistarse con las autoridades y revisar las cuentas. Cuando la semana pasada se realizó la Cumbre de Ministros de Hacienda y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en San Pablo, la directora gerente Kristalina Georgieva no hizo mención a esa posibilidad, aunque el ministro Caputo se mostró optimista y comentó que las negociaciones estaban avanzadas..
El problema es que el Gobierno estableció las bases para bajar la inflación lo antes posible, con un enorme recorte del gasto, licuación de ingresos, aspiradora de pesos y compra de dólares, pero el fondo cree que el BCRA debe aumentar la apreciación del dólar oficial a un porcentaje mayor al 2% mensual actual, conocida como crawling peg, y pasar a un esquema de tasas reales positivas.
Hasta que no haya coincidencias entre los equipos técnicos del FMI y Economía la posibilidad de alcanzar un nuevo programa no logrará avances. El BCRA acumula reservas brutas por US$28.000 millones, aunque todavía tiene un déficit neto de US$3.000 millones, y aunque las agroexportaciones serán menores a las esperadas y a un precio más bajo, todavía no sabe cómo será la estrategia para liquidar las divisas.
El esquema de desembolsos del plan vigente con el organismo acreedor finaliza en septiembre (con derechos especiales de giro por 4.430 millones en el año); desde el organismo no tienen prisa para formalizar cambios antes de ver una estabilización duradera, pero a nivel oficial se entusiasman con una resolución apenas venza el vigente.
