Los distintos actores que integran la industria del biodiesel están a la expectativa ante el inminente tratamiento de los artículos de la “Ley Ómnibus” que modifican la Ley de Biocombustibles. Las pymes aseguran que la redacción propuesta por Javier Milei los condena a la quiebra, mientras petroleras y aceiteras hacen lobby para concentrar el negocio en pocas manos.

Entre los más de 600 artículos con los que llegó la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el capítulo 9, sección IV, corresponde a biocombustibles. En el texto de ley propuesto por el poder ejecutivo se modifica completamente la ley 27.640 y se establece un giro de 180 grados en el régimen de producción y comercialización de biocombustibles.

En el año 2006, cuando se sancionó la ley 26.093 de Biocombustibles, el mercado se dividió en dos: para las compañías integradas -es decir aquellas que compran la soja, la muelen y producen el aceite- quedó el negocio de la exportación de la harina y del aceite de soja, la producción y exportación de biodiesel y la venta de aceite a las pymes elaboradoras de biodiesel para que estas proveyeran el corte obligatorio.

Para las pymes quedó vedada la exportación y se estableció un sistema en el cual debían construir plantas chicas y radicarse en el interior del país para promover el desarrollo de las economías regionales. De este modo, las pymes agrupadas en dos cámaras (CEPREB y CASFER), son clientes del aceite que les venden las compañías integradas agrupadas en CARBIO.

De prosperar la nueva redacción, las compañías integradas podrán comenzar a competir contra las pymes para la provisión del corte obligatorio, que pasaría del 7,5 al 10%, mientras que las petroleras, que en un principio querían ingresar en el negocio de los biocombustibles, no podrán hacerlo por un plazo de 18 años.

UNA PRIMERA PROPUESTA HECHA POR PAE y RAIZEN

El primer texto que llegó a la Cámara de Diputados introducía dos modificaciones a las que inmediatamente se le puso nombre y apellido: Pan American Energy y Raizen. En esa primera redacción, que quedó descartada con el correr de los días, se establecía que las compañías refinadoras de petróleo podrían ingresar al negocio de producción y comercialización de biocombustibles para cubrir el corte obligatorio. A nadie se le escapó que esta redacción coincidía con el interés de Alejandro Bulgheroni de poner un pie en los biocombustibles.

Por otro lado, se les permitía a las refinadoras importar biocombustibles en el caso de que no quisieran producirlo o comprarlo localmente. A nadie se le pasó por alto que Raizen es el principal productor de bioetanol en Brasil, donde posee más de 30 ingenios azucareros.

Enseguida comenzaron a verse los hilos y las historias de los estudios jurídicos que participaron de la redacción completaron la escena y la intervención de las provincias productoras de biocombustibles dio por finalizada esa primera redacción.

UNA SEGUNDA PROPUESTA A MEDIDA DE CARBIO

Tras el fallido intento de las petroleras de ingresar en el negocio, las sucesivas propuestas de ley, los capítulos que se modificaban, entraban y salían del texto, comenzó a tallar fuerte la posición de CARBIO, la cámara que reúne a las grandes compañías elaboradoras de biocombustibles destinados a la exportación.

Ese texto, que comenzó a rodar por los despachos en la primera semana de enero, establecía que las compañías pymes con plantas de hasta 50 mil toneladas anuales debían competir con las compañías integradas con capacidad de producir hasta 600 mil toneladas anuales cada una. Además establecía un límite del 14% del cupo total para cada compañía, un límite que les permite cartelizar el precio de oferta y no competir entre ellas, ya que entre las 7 compañías más grandes podrían repartirse el 98% del corte.

Ante esto, las pymes denunciaron las consecuencias inmediatas de semejante modificación, que más que una adecuación normativa establece una “pena de muerte” para empresas que no fueron diseñadas para competir contra las grandes compañías, que además son productoras de la materia prima básica. 

En sucesivos comunicados, CEPREB y CASFER señalaron que al estar la ley 27.640 vigente hasta el año 2030, cualquier modificación que las oblige a cerrar será considerada una violación a la seguridad jurídica y los derechos adquiridos de quienes invirtieron bajo una legislación que les garantizaba condiciones que ahora se pretenden modificar.

SANTA FE Y UNA PROPUESTA “TRAMPOSA”

Ante las evidencias de que la propuesta de CARBIO condenaría a la quiebra a las pymes del sector, las algunas provincias productoras de biocombustibles se reunieron para tratar de introducir un texto alternativo.

Así fue que Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta se reunieron para consensuar un texto que pusiera equilibrio a la situación. Mientras que Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy se concentraron en los artículos de bioetanol, Santa Fé puso la letra de los artículos de biodiesel.

En este punto, Maximiliano Pullaro se dio cuenta que podía aparecer como el defensor del interés de las pymes y, a su vez, concentrar el 90% de la producción de biodiesel en su provincia, en detrimento de Buenos Aires, San Luis y La Pampa. Para ello propuso un sistema de dos niveles. En el primero, de 3,5% del corte, podrían competir libremente las grandes aceiteras (todas de Santa Fe) y en el segundo, de 6,5% del corte, podrían competir libremente las pymes.

Los empresarios de Buenos Aires detectaron inmediatamente la trampa: las empresas ubicadas cerca del puerto de Rosario tienen costo cero de flete, mientras que las de San Luis, la Pampa y Buenos Aires tienen hasta 40 dólares por tonelada para mover el aceite de soja desde Rosario. De ese modo, entendieron que las licitaciones las ganarían siempre empresas pymes de Santa Fe, concentrando la provisión en el segmento de las integradas y de las pymes en una sola provincia.

Todo esto ocurría mientras en las reuniones con Guillermo Francos se intentaba cambiar el texto propuesto por LLA por el conocido como “Dictamen Pullaro” o “Dictamen de las 6 provincias”. Sin embargo esto no prosperó y el dictamen alternativo corrió la misma suerte que todos los cambios acordados con el ministro del interior.

Bastó un solo twitt de Milei acusando al Bloque de Hacemos Coalición Federal de “extorsionadores” para dar por tierra con los acuerdos. Finalmente, tras largas horas de debate en el Plenario de Comisiones, pasó al recinto como dictamen de mayoría el de CARBIO y como dictamen de minoría el de “Pullaro”.

BUENOS AIRES, LA PAMPA, ENTRE RÍOS Y SAN LUIS

Con el régimen actual, Buenos Aires, La Pampa, Entre ríos y San Luis producen cerca del 60% del biodiesel destinado al corte obligatorio y de aprobarse el dictamen de LLA o el de minoría cederán gran parte de ese volumen a Santa Fé.

Cuando faltan pocas horas para conocer el resultado final de la votación artículo por artículo, resta saber qué harán los diputados “dialoguistas” de estas provincias. Mientras las pymes exigen más protagonismo a Axel Kicillof, Sergio Ziliotto y a Claudio Poggi, desde CEPREB amenazan con realizar un tractorazo “a la francesa” para llevar el enojo del interior productivo hasta las puertas de la Casa Rosada.