
Ayer al mediodía se produjo el primer encuentro formal entre el ministro de Economía Luis Andrés Caputo y los principales integrantes de la Unión Industrial Argentina, en un almuerzo en el que el anfitrión fue el presidente de la entidad empresaria Daniel Funes de Rioja.
Con un menú autero, de crisis, según se encargaron de informar desde la sede industrial, y con planillas y carpetas con información sensible repartidas en la mesa entre los platos, los funcionarios repasaron las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei y su visión macro sobre la situación económica, mientras que los empresarios comentaron sus análisis, expectativas y necesidades de cara al año próximo.
Pasadas las 13, el titular del Palacio de Hacienda llegó a la sede fabril junto al secretario de Comercio Pablo Lavigne y el secretario general de Coordinación Juan Pazo. Por el lado empresario lo esperaban el titular de la UIA Funes de Rioja, el director ejecutivo Diego Coatz y el vicepresidente de Relaciones Internacionales Luis Tendlarz.
Hoy recibimos a Luis Caputo para iniciar la búsqueda de soluciones urgentes a los problemas que afectan a la producción. La industria necesita estabilidad, confianza y previsibilidad para impulsar la reactivación que el país necesita. pic.twitter.com/UaLJnmeAwp
— UIA (@UIAok) December 18, 2023
Pese a la cordialidad y las sonrisas de bienvenida, los industriales de todos los sectores y escalas enfrentan varios dilemas, algunos de ellos despejados en parte tras los anuncios del ministro y otros pendientes de digestión.
Gran parte de la deuda comercial que enfrenta el país pertenece a empresarios asociados a la UIA, que tienen pasivos en dólares con proveedores del exterior y que tras la comunicación publicada por el BCRA la semana pasada les permite alguna certeza.
Tras la virtual estatización de esa deuda privada con la emisión de un bono en dólares, las grandes compañías más comprometidas por los montos involucrados lograron un multimillonario seguro de cambio frente a la enorme devaluación última y las futuras, y para las pymes industriales resulta una posibilidad de continuar con su actividad sin quebrar si es que logran ser parte del salvataje.
Sobre la deuda y el bono, Funes de Rioja comentó: “Estamos en mora con el pago de deuda, es algo que ya tendríamos que haber erogado. Nuestros proveedores nos dicen que no le van a vender más a la Argentina”. Sin embargo, en los últimos meses sí lo hicieron y, como en toda actividad comercial, a sabiendas de que el riesgo de aceptar promesas de pago es alto.
Como los detalles del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre todavía están en estudio, y desde la entidad fabril confirman que el 50% de la deuda comercial es intrafirma, es decir entre las sedes locales y sus casas matrices en el extranjero, los industriales beneficiados buscan que sea lo más atractivo posible para su entrega a los proveedores o prestamistas como pago y para su eventual oferta en el mercado secundario de instrumentos financieros.
Por el momento, las endeudadas del sector privado tienen dos alternativas más allá del monto involucrado, cancelar sus pasivos con el exterior con divisas propias o entrar en mora y negociar con sus proveedores opciones para continuar recibiendo bienes y mercaderías.
Por el lado del Estado, la opción de otorgar a privados locales un bono pagadero en dólares a futuro por la falta de divisas para las importaciones de bienes y servicios de las empresas es polémica y comprometedora para las arcas públicas.
El otro problema a discutir surge con el anunciado aumento del 15% en los derechos de exportaciones no agropecuarias, que pese al incremento del tipo de cambio complica la competitividad y no llega a compensar a las pymes que con esfuerzo, esperanza y trabajo genuino dirigieron sus esfuerzos a fabricar productos con valor agregado para el exterior, con el incentivo de no ser penalizadas con retenciones.
Mantener las retenciones a la soja y subir algo las de los subproductos y demás cultivos tiene la lógica del salto del tipo de cambio, pero pasar de 0 a 15% las de las exportaciones de las economías regionales, los productos industriales y los servicios genera un claro retroceso, lo que atenta con su continuidad y preanuncia desinversión, contracción y eventuales despidos de personal.
En la primera marcha atrás sobre las anuncios de Caputo, ayer a la tarde el secretario de Bioeconomía Fernando Vilela, tras reunirse con técnicos de la Mesa de Enlace, aclaró que 18 complejos productivos de las economías regionales permanecerán sin derechos de exportación.
Se trata de las producciones de olivicultura, arroz, cuero bovino, lácteo, frutícola (excluido el limón), hortícola, poroto, papa, ajo, garbanzo, lenteja, arveja, miel, azúcar, yerba mate, té, equino y lana.
Además, se aclaró que para compensar esta medida se subirán dos puntos porcentuales las retenciones a subproductos de la soja (harinas, aceites y pellets), del 31% al 33%.
La vitivinicultura, que había logrado tener también cero derechos de exportación e iba a pasar a tributar el 15%, no recibió el mismo tratamiento y finalmente comenzará a pagar un 8% de retenciones. Girasol, porcinos, pesca y otros sectores de economías regionale serán evaluados la próxima semana.
Bajar o eliminar impuestos fue una gran consigna de la campaña de La Libertad Avanza, y hasta el propio Javier Milei aseguró que se cortaría un brazo antes de hacerlo, sin embargo a poco días de asumir se dispone una fuerte suba de algunos.
Son muchos los economistas y analistas que no encuentran el sentido virtuoso de esta medida, la que sin dudas afecta a todos los sectores y tamaños de empresas pero peor, con riesgo de quebranto, a las mipymes orientadas a la exportación de bienes especializados y servicios con alto valor agregado.
“Vamos a pasar a tener superávit y va a haber toda esa brutal baja de impuestos que hoy necesitamos hacer pero que no podemos. La prioridad es llegar a déficit cero”, le aseguró a los presentes en la reunión el ministro Caputo. Como en las declaraciones de campaña, esa promesa seguirá siendo tal, ahora ya como Gobierno, pero no hay aún precisiones sobre cuándo se logrará pasar del rojo actual.
De hecho, sobre el corto plazo, el propio titular de la UIA señaló que es posible que decline la actividad, porque al impacto de la reciente devaluación habrá que sumarle la cuestión estacional, ya que enero y febrero son meses de vacaciones y mantenimiento de las plantas fabriles.
Además recordó que desde hace varios meses se evidencian comportamientos asimétricos entre sectores con crecimiento y otros con caída, y que ya hay datos recesivos a nivel micro aunque todavía no se expanden a la macroeconomía.
En esa línea, reveló que plantearon la necesidad de una reforma impositiva, pero les dijeron que primero hay que llegar al déficit cero, como condición para revisar la cuestión tributaria.
“El Impuesto PAÍS y las retenciones son medidas de urgencia porque la Argentina no tiene dólares”, recibió Funes de Rioja como respuesta de los funcionarios, ante su preocupación sobre el impacto de ambas medidas de incremento impositivo sobre el comercio exterior del país.
Cada día surgen nuevas noticias sobre reducción de turnos, discontinuidad de líneas de producción y suspensiones y despidos en varias empresas. Es pronto para un relevamiento, pero en los próximos meses se podrá ver en negro sobre blanco cuál ha sido el impacto de las políticas del nuevo Gobierno sobre las diferentes variables que le afectan a las personas, como ingresos, ocupación, inflación y actividad
Poniendo los beneficios de estas medidas en el futuro, y apelando al optimismo y expectativas de los presentes, el ministro Caputo aseguró a los industriales que en poco tiempo van a empezar a percibir muchos beneficios de esta política. “Vamos a traer un montón de desregulaciones, ustedes mismos conocen los problemas mejor que nosotros”, concluyó.