El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer hoy los fundamentos por los que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la denominada Causa Vialidad, lo que ella ha calificado como un intento de proscripción.

Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso revelaron sus argumentos tres meses después de haber dictado una sentencia que será apelada tanto por la expresidenta como por los fiscales que la acusaron.

En un documento de 1616 páginas, los jueces aseguraron que durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) hubo una "manifiesta connivencia y protección" de los organismos estatales para favorecer al empresario Lázaro Báez con el otorgamiento irregular de obras públicas en la patagónica provincia de Santa Cruz.

También retomaron los argumentos de la fiscalía al considerar que durante el kirchnerismo tuvo lugar "una extraordinaria maniobra fraudulenta" que perjudicó al erario público en cifras abismales.

"Se han acreditado dentro de la maniobra diversos aspectos a través de los cuales se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas durante el período analizado", afirmaron.

Las consecuencias de esta cartelización de la obra pública, añadieron, "fueron devastadoras" y causaron un perjuicio al Estado más de 646 millones de pesos (3.2 millones de dólares).

"Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, como responsable del Poder Ejecutivo Nacional y por mandato constitucional jefa suprema de la Nación, jefa del gobierno yresponsable política de la administración general del país, tuvo una intervención fundamental para la concreción del ilícito", señalaron.

Causa Vialidad: fundamentos del Tribunal Oral Federal 2. Empieza a correr el reloj para las apelaciones, entre ellas la de la defensa de @CFKArgentina pic.twitter.com/Po0VzQcuUw

— Karina Poritzker (@karipori1) March 9, 2023

Acusaciones

Los jueces subrayaron que las licitaciones en favor de Báez tuvieron como fin último beneficiar a los Kirchner. Ello se debe a que la tesis central de la acusación es que el Gobierno le adjudicaba obras a Báez, quien recibía los millonarios recursos públicos y luego les contrataba a los Kirchner supuestos servicios hoteleros. Es decir, que parte del dinero terminaba en la familia presidencial.

"Cada una de esas decisiones fue adoptada con un interés y una finalidad de carácter económico, de tinte personalísimo, pues ella (la vicepresidenta), en su persona, resultaría al fin de cuentas una de las beneficiarias últimas de esta compleja maniobra criminal", aseguraron.

Además, consideraron que no existió ningún atenuante para Fernández de Kirchner, ya que goza de un alto poder adquisitivo y cuenta con contención familiar y alta formación profesional.

"Su vasta trayectoria como representante de algunos de los poderes constituidos y, sobre todas las cosas, el colosal poder político (con su proyección económica y mediática) del que ha gozado durante el período investigado, evidencian la sobrada capacidad que tuvo para motivarse y ajustar su comportamiento a la observancia de la norma (la ley)", señalaron.

Debido precisamente a que Fernández de Kirchner ocupó el máximo cargo institucional del país en dos ocasiones (2007-2011, 2011-2015), los magistrados advirtieron que los hechos juzgados "afectan y ponen en jaque alsistema democrático tal como lo conocemos" y deben ser castigados con esa misma intensidad.

"Se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional", acusaron.