OLAVARRÍA
En el Ministerio de Economía trabajan contrarreloj en las proyecciones y metas para elaborar y diseñar el presupuesto general de la administración nacional para el 2023, proyecto de ley que el ministro Sergio Massa debe enviar al Congreso el 15 de septiembre para su aprobación.
Este año, debido al rechazo del anterior proyecto por la oposición a fines de 2021, el Poder Ejecutivo tuvo que trabajar con una extensión del anterior presupuesto, actualizarlo y prorrogarlo mediante un DNU publicado en junio pasado.
Existe un documento de 70 páginas titulado Informe de Avance al Honorable Congreso de la Nación del Presupuesto 2023 fechado el 29 de junio de este año que, a la luz de los cambios realizados en la composición del Gobierno y por las medidas implementadas desde ese momento hasta ahora resulta obsoleto.
Los objetivos que se proyectan hoy para el 2023 desde Hacienda, como es usual, son más optimistas en los valores críticos y menos ajustados en los números con relevancia relativa. Hay supuestos que están y otros que faltan, pero quedan pocos días para darle los toques finales al proyecto definitivo que se girará al Parlamento.
Así, se toma como base un crecimiento económico del 3%, un déficit fiscal del 1,9% del PBI (igual al acordado con el FMI), y una inflación del 60%, valores que ahora resultan muy ambiciosos pero que representan una meta a alcanzar.
Además, por la esperable menor necesidad de importar energía el año próximo, un control más ajustado en las compras externas y el proyectado aumento de las exportaciones de los principales rubros, se estima un superávit mayor en la balanza comercial.
Sin embargo, las estimaciones privadas que monitorea el relevamiento de expectativas del mercado (REM) del BCRA, resultan más realistas o menos auspiciosas que las del Gobierno.
Los analistas consideran que la economía podría crecer apenas el 1,5% y que el IPC anual, a pesar de contraerse con relación al actual ejercicio, rozaría el 77%.
En cuanto al déficit primario del 1,9% del PBI, que implicaría un ajuste de 0,6% con relación al actual, las dudas surgen porque el 2023 será un año electoral y, por lo tanto, resultaría más lógica una expansión del gasto en lugar de una contracción.
Según un comunicado de Hacienda, el déficit de julio fue compatible con la meta anual del 2,5% del PBI acordado en el programa con el FMI. En lo que va del año se acumuló un rojo del sector público nacional del 1,1%, lo que anualizado permite proyectar un sendero fiscal acorde a las metas comprometidas.
La política de ordenamiento y consolidación de las cuentas públicas, iniciada por la anterior gestión de Economía y continuada (y tal vez profundizada) tras el ingreso de Massa y su equipo, permiten observar una desaceleración del alza real del gasto primario a la vez que un aumento de la recaudación sobre todo por el efecto inflacionario.
De continuar las políticas restrictivas del gasto (con reducciones en varios programas oficiales desde el mes pasado), los ajustes derivados de la baja de subsidios y la suba en los ingresos públicos, la nueva gestión económica podría cumplir el objetivo pautado para este año y convencer sobre sus proyecciones de 2023.
Así como lo expresó Silvina Batakis el día de su asunción, cuando dijo que “creía en el equilibrio fiscal como su antecesor” para despejar dudas sobre el punto, Massa hizo lo propio apenas se produjo su nombramiento. Incluso el Presidente Alberto Fernández insiste cada vez que puede en que “el objetivo es controlar paulatinamente el déficit”.
Recomponer los ingresos y restringir los gastos son dos de los máximos objetivos de la nueva gestión al frente de Economía, por eso casi a diario se toman medidas y aparecen noticias en este sentido.
El aumento de tarifas en los servicios públicos más amplio que el anteriormente propuesto y la consecuente eliminación de los subsidios al consumo tendrán su impacto ya en este ejercicio, no sólo como ahorro fiscal sino de recursos energéticos y agua potable.
En concreto, el ajuste fiscal por la segmentación tarifaria en las facturas de electricidad, gas y agua redundarán en $500.000 millones de ahorro fiscal en las cuentas públicas para el ejercicio 2023, algo así como medio punto del PBI.
Pero además, por el lado de los ingresos, el anticipo del pago del impuesto a las ganancias para las empresas que lograron una renta extraordinaria producto del conflicto bélico en Ucrania irá en el mismo sentido con más de $100.000 millones adicionales.
Si desde el Gobierno logran convencer a los agroexportadores que realicen las ventas retrasadas de granos y así liquiden los dólares resultantes, sólo por el pago de retenciones se lograrían recaudar no menos de $200.000 millones extra, algo que todavía no ocurre pese a los diferentes estímulos que ensayaron hasta ahora.
Por el lado de la contención del gasto, una de las primeras medidas de Massa al asumir fue comunicar que, más allá de la ampliación presupuestaria realizada por un DNU, la administración pública nacional y sus entes descentralizados no podrán gastar más fondos que los asignados con anterioridad.
Las provincias superavitarias y los fondos fiduciarios o empresas estatales con excedentes depositados en el sistema financiero deberán utilizar en su totalidad los recursos propios antes de pedir asistencia al Tesoro nacional.
Los aumentos de salarios en algunos sectores del sector público, sobre todo en los que tienen sueldos más elevados y se ajustaron muy por encima de la inflación, como es el caso de los empleados judiciales, también están en la mira de Massa y su equipo para controlar el gasto.
