"OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO"
Cuando hace unos días algunas organizaciones sociales cortaron la avenida 9 de julio en los alrededores del Ministerio de Desarrollo Social para reclamar por la no ampliación de los beneficiarios de los planes y la “pobre” variedad de las ayudas alimentarias, casi todo el arco político salió a criticarlas.
Más allá de los obvios inconvenientes de tránsito y los perjuicios para los comerciantes de la zona provocados por los dos días de acampe piquetero, hasta el propio Gobierno cuestionó a los manifestantes y los tildó de extorsionadores por implementar esa forma de protesta.
Desde las agrupaciones explicaron que esa fue una medida extrema, ya que los funcionarios no los recibían tal como habían acordado y, además, porque sus representados casi no tienen ingresos y muchos están pasando hambre.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tildó de cobardes a los que llevaron a sus hijos pequeños al acampe, dijo que esos niños deberían estar en el colegio y, por eso, pidió que les retiren los planes sociales. Más allá de su insensible e insensata propuesta, las asignaciones son para los hijos, no para sus padres.
Esta semana, por motivos muy diferentes, un grupo de productores agropecuarios anunciaron que el próximo sábado 23 de abril realizarán un tractorazo para rechazar las presiones impositivas confiscatorias del Gobierno y marcharán desde todo el país hacia la Plaza de Mayo. Habrá que ver que reacción genera esta protesta, tanto en Ciudad como en Nación, aunque es un fin de semana.
Unos luchan por mejorar una situación de exclusión que ya nadie puede negar y que, con la escasez de trabajo genuino y la inflación descontrolada, cada mes se hace más insostenible. Si cortar la calle es un delito, no tener qué comer ¿qué sería?
Otros, en un contexto internacional de precios que favorece aún más sus producciones -y que poco contribuyen a estabilizar los precios internos de los alimentos- se quejan de iniciativas fiscales que pretenden recuperar fondos no pagados por evasores y distribuir ganancias extraordinarias de un centenar de grandes empresas.
[El precio de los granos a precios récord]
La cotización global de la soja y el maíz sigue la tendencia alcista en lo que va de abril, sobre todo por la escalada bélica rusa en Ucrania, pero ahora también por la merma productiva de Estados Unidos y la estimación de una marcada caída en la próxima campaña en el área del Mar Negro.
La soja subió ayer 11 dólares en el Mercado de Chicago para ubicarse en los US$641,83 la tonelada (+1,7%) en la posición mayo, y ya se acerca al máximo histórico en una década. Además del grano oleaginoso, en el mercado internacional se acelera la demanda de aceite de soja, que también viene subiendo su precio todas las semanas.
En particular, el aceite ganó 14,33 dólares en la rueda y llegó a los US$1.781,53 por tonelada, mientras que la harina del grano sumó US$8,38 y logró ubicarse en US$519,62 la tonelada.
Por otro lado, el maíz sumó 4,33 dólares hasta tocar los US$321,15 por tonelada, mientras que el trigo perdió 2,20 dólares y cerró a US$399,78/tn en los contratos de mayo.
Según los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, los precios de la Cámara Arbitral del Cereales señalan un valor para la soja disponible de $50.550 por tonelada, de $40.250/tn para el trigo y de $30.580/tn para el maíz.
Pasados a cotización FOB comprador/BID, esos valores spot por tonelada son de US$652 para soja, US$323 para maíz y US$427 para trigo. Aún con las retenciones actuales, esos precios representan un nivel inmejorable para las grandes agroexportadoras, no así para los productores de mediana y baja escala a los que les descuentan los derechos de exportación del precio de sus cosechas.
[Cambio de la estrategia recaudatoria]
El Gobierno decidió no subir los derechos de exportación en este contexto de ganancias extraordinarias, justamente para que ese impacto no represente una merma adicional en el ingreso de los productores pyme del agro, que además vienen de soportar falta de gasoil, estrés hídrico e incendios en sus campos.
En su lugar, propuso una modificación temporal de Ganancias para los sectores productivos e industriales que, por efecto de las subas internacionales de las materias primas y no por mayores inversiones o incrementos de productividad, hayan tenido ganancias netas superiores a los $1.000 millones desde la invasión rusa a Ucrania.
La oposición, que insiste con la reducción de gastos, baja de impuestos y no avala ninguna opción para mejorar la distribución de ingresos en el país, adelantó que no acompañará la iniciativa oficial y, con una mezcla de ingratitud o egoísmo, una parte del ruralismo lanzó una marcha de rechazo. Algunos se quejan del gasto público pero no dudaron en aceptar una ayuda estatal por la emergencia ígnea.
El titular de la UIA y la Copal, Daniel Funes de Rioja, opinó que los contribuyentes ya soportan una presión impositiva que suma 147 impuestos, como para que se sume uno nuevo. Sin embargo, este gravamen a la renta inesperada no afectará en nada a la “gente” en general, sino a un reducido grupo de sus poderosos asociados.
Este nuevo impuesto excepcional, que también están implementando en otros países (España y Portugal), surge por las subas de precios de alimentos y energías, y en consecuencia por las ganancias extraordinarias de esos sectores económicos, y a nivel local sólo afecta a unas 100 grandes compañías y no a millones de comerciantes, pymes o individuos.
El equipo económico que encabeza el ministro Martín Guzmán está pensando en cargar a esas empresas un 15% por encima de la alícuota del 35% del impuesto a las ganancias. Además, esa renta sería deducible o tendría un monto de contribución menor en el caso de que las firmas realicen reinversión productiva o tomen personal.
Desde el Gobierno sostienen que se trata de una medida equitativa, que apunta a que quienes lograron ganancias extraordinarias a partir del conflicto bélico en Europa colaboren en el sustento de los que menos tienen dentro del país.
Y, como para que no queden dudas del objetivo buscado, esta semana el Presidente Alberto Fernández y el ministro anunciaron un bono extraordinario (IFE4) de $18.000 para trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B, monotributistas sociales, jubilados y empleadas domésticas.
[Caravana rural de protesta hacia CABA]
La movilización del 23 de abril, a la que comprometieron su asistencia productores de varias zonas del país, se concentrará a las 15 horas frente (o de espaldas, está por verse) a la Casa Rosada, y allí tienen previsto realizar un acto y repartir 10.000 ejemplares de la Constitución Nacional.
La Sociedad Rural de Rosario expresó su adhesión a la marcha y justificó sus motivaciones en un comunicado: "Por el respeto a la República y el futuro de todos los ciudadanos, demandamos terminar con las presiones impositivas confiscatorias, recortar el desmesurado gasto público y consolidar el derecho a la propiedad privada". Sin hacer futurología, es posible imaginar a Patricia Bullrich vestida de gaucha encabezando la caravana, con o sin caballo.
Los organizadores aclararon que habrá dos puntos de concentración previa para los tractores, camionetas y demás vehículos desde las 8 de la mañana en las rutas 8 y 9 en sus cruces con la 193. Al mediodía ingresarán a CABA por la Panamericana hasta General Paz, para luego continuar por la avenida Udaondo hasta su destino final en la Plaza de Mayo.
La marcha cuenta con el apoyo de casi un centenar de organizaciones vinculadas al campo, como la Sociedad Rural de Jesús María y la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados, y también varias cámaras empresariales y asociaciones ciudadanas.
Sin embargo, de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace a nivel nacional, CRA, FAA y Coninagro ya tomaron la decisión de no participar, porque consideran que no es el momento de manifestarse. La SRA todavía no definió si se hará presente.
El proyecto presentado por el oficialismo debe pasar por el Congreso, ingresaría por Diputados donde no tiene mayoría, y la oposición adelantó que no lo aprobará, porque se comprometió a no avalar subas impositivas. Además, como la nueva alícuota de Ganancias llegaría al 50%, consideran que sería confiscatoria, tal como señalan los ruralistas que marcharán en señal de protesta.
En todo caso, como es cierto que la guerra también encareció los costos de producción del agro, por la suba de precios de insumos, fertilizantes y combustibles, los ruralistas deberían pedir una ayuda del Estado en ese sentido y reclamar a las exportadoras que no le descuenten al precio que les pagan por sus granos y cereales los nuevos tributos que deberán enfrentar, como ya hacen con las retenciones.
