[Inquilinos, abstenerse]

Mauricio Macri no soportó saber que los diputados de Juntos por el Cambio habían decidido cancelar la sesión convocada para debatir la derogación de la ley de alquileres y aceptaron debatir una nueva durante un mes.

Por twiter, pidió volver por la derogación, para la que no hay mayoría, ni siquiera en la comisión de Legislación General, que abrió el debate.

En el PRO se sacaron chispas en una reunión de bloque, pero la decisión de reabrir el debate estaba tomada.

Pesó la presión de los inquilinos agrupados, dispuestos a acusarlos de cualquier consecuencia de una derogación. Lo mejor, entendieron algunos referentes del bloque, es borrar dos artículos (la fórmula de actualización y el plazo de 3 años de contrato) y dejar los demás.

Macri no está de acuerdo y lo presionan sus amigos de las cámaras inmobiliarias, que quieren derogar la ley para no declarar los contratos. Por ahora, no parece posible.

[La UCR, en llamas]

Los radicales están seguros que en Diputados no está el número para sancionar la ley con la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, pero temen una maniobra: que Cristina Kirchner y Sergio Massa boicoteen su funcionamiento.

Podrían hacerlo si no notifican al organismo de los dos nuevos miembros del Congreso que deberían sumarse por volver a la conformación de 2006. Deberían representar a la segunda minoría, o sea, a algún partido de Juntos por el Cambio.

Sin esos dos consejeros, el organismo que selecciona y remueve jueces no podría funcionar. Según el fallo de la Corte, emitido en diciembre, su presidente debería encabezar. Pero sin quórum, no funciona.

[Lavagna está]

El exministro de Economía Roberto Lavagna no se jubila. O no lo dejan: después de tuitear en contra de la ley de la magistratura del Gobierno, en el círculo rojo lo presionan para que ayude a boicotear la ley del blanqueo que promueve Cristina Kirchner.

Consiste en una multa del 25% sobre bienes en el exterior no declarados, a pagar en dólares y con destino a cancelar el crédito con el FMI. Quien no quiera, podría sufrir el escrache público, porque se levantaría el secreto bancario.

Los principales empresarios del país, la mayoría concesionarios públicos, temen por esta sanción y llaman a los amigos para impedirlo.

Si pasa el Senado, en Diputados sólo puede aprobarse con el voto de los federales, un grupo de cordobeses que gobiernan, socialistas santafesinos y peronistas bonaerenses opositores, como el lavagnistas Alejandro Rodríguez. Pronto lo llamarán.

[Reproches a Massa]

Al menos dos veces, Alberto Fernández convocó en la última semana a Sergio Massa para preguntarle por qué no funciona la Cámara de Diputados, que en los últimos 9 meses estuvo casi inactiva. Se reunió en octubre por la ley de etiquetado frontal, en diciembre por el presupuesto y en marzo por el acuerdo con el FMI.

Alberto convocó a extraordinarias con 18 proyectos de ley que nunca se trataron ni en comisión. Varios están pendientes desde agosto de 2021, Massa promete que se activarán, pero no cumple.

Ni siquiera están conformadas las comisiones y todos se echan culpas. ¿Acaso alguien en Juntos está en contra de las leyes productivas de Matías Kulfas? Varios recuerdan que el ministro de Desarrollo Productivo es resistido por Máximo Kirchner.

[Máximo no se ve]

Máximo Kirchner se olvidó del Congreso desde que abandonó la presidencia del bloque Frente de Todos: nadie lo cruzó en reuniones ni se mostró interesado en reactivar la agenda.

Sólo va a la oficina de Sergio Massa a repasar el panorama del Frente de Todos, pero no le promete ayudar si se trata alguna ley.

Sus ex dirigidos ya lo olvidaron, aunque los 35 que lideró en la votación contra el FMI lo empoderan para cualquier votación. Tarde o temprano, lo llamarán.