Aunque aún queda un largo camino por recorrer para que lleguen las Elecciones Generales del 2023, la situación judicial de los funcionarios públicos y sus allegados repercute de forma directa en la imagen de aquellos y aquellas que tienen aspiraciones para competir por cargos ejecutivos en la próxima contienda electoral.

Ante esto, la noticia que salpica judicialmente a la ya proclamada precandidata a intendenta de la Ciudad de La Plata y ahora diputada nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, repercute, en cierta forma, en el seno de su entorno.

Es que el juez en lo penal económico, Gustavo Meirovich, procesó por retención indebida de aportes de sus empleados al empresario Enrique "Pepe" Albistur, marido de Tolosa Paz, exsecretario de Medios del kirchnersimo y amigo del presidente Alberto Fernández.

El procesamiento, ya apelado por la defensa, incluye un embargo de 3,5 millones de pesos, mientras que además, el empresario canceló la deuda con el fisco y habrá que ver cómo impacta ello en la causa en el fuero penal económico.

La acusación es por violación de la Ley 24.769 del régimen penal tributario al quedarse con los aportes patronales de sus empleados en una denuncia hecha el año pasado por la AFIP DGI. La misma es por supuesta retención indebida de aportes de los empleados de su empresa Al Sur, la cual tiene porción del mobiliario urbano. Su objetivo, según figura en la página web, es la de "comunicar a través de la vía pública. Desde allí fue forjando una extensa trayectoria en el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y explotación comercial publicitaria de mobiliario urbano y publicidad".

Los aportes son por el período 10/2015 y, según el juez, la empresa estaba en condiciones patrimoniales de poder haber hecho frente a la deuda a término.  "Puede verse que la firma contaba con saldos muy superiores a los que habría retenido en concepto de aportes", reprochó el juez en su fallo. Pero, pese a ello, según consta en la causa  que lleva adelante con la fiscal Gabriela Ruiz Morales, "omitió hacerlo".

"Cabe agregar que, por su relevancia penal, la omisión de depósito de la suma retenida en concepto de aportes a la seguridad social no se justificaría ni siquiera en el supuesto que aquellos fondos hubiesen sido destinados a afrontar otras obligaciones de la sociedad que se trata, pues la suma en cuestión, una vez que ha sido objeto de la retención correspondiente, no pertenece al patrimonio de la sociedad ni al patrimonio de sus responsables, ni tampoco constituye una fuente alternativa de financiamiento al que aquéllos pudiesen libremente acudir para la continuación, el desarrollo o el mejoramiento de la respectiva explotación comercial", concluyó el juez en su fallo.