ENTRETELONES DE CASA ROSADA
En tiempos en que la realidad nacional obliga a desplegar estrategias en el territorio para sumar más producción, trabajo y exportaciones, el sistema de parques industriales sigue brindando una oportunidad para agrupar a empresas aisladas y potenciar sus capacidades en un espacio compartido.
La relocalización de industrias en zonas alejadas de las zonas residenciales y establecidas en amplios terrenos planificados para ese uso exclusivo, provocó un doble beneficio con alto impacto en el sector productivo y en las comunidades aledañas.
Por un lado, cientos de empresas con un cierto nivel de contaminación ambiental, sonora o visual dejaron los centros urbanos y se trasladaron a las afueras en predios ajustados a sus necesidades y con toda la infraestructura y servicios disponibles.
Por el otro, los vecinos dejaron de soportar la rutina diaria de industrias que provocan ruidos, olores y movimientos propios de su actividad pero no aptos para convivir con viviendas. En consecuencia, sus propiedades pudieron revalorizase en el mercado inmobiliario y hacerse más vivibles en lo cotidiano.
Fue una solución que sin dudas trajo beneficios para todos, ya que los parques permitieron concentrar a las empresas en polos productivos hechos a medida, con mano de obra local a pocos kilómetros de su emplazamiento, pero no insertos en el medio del tejido urbano.
El 70% de los parques creados en las últimas dos décadas se desarrolló en municipios pequeños y medianos de 10.000 a 100.000 habitantes, lo que permitió generar empleo con arraigo en su zona de influencia, con ventajas tanto para las empresas como los trabajadores.
Los parques industriales son una herramienta que promueve y consolida el desarrollo de la actividad industrial en un espacio determinado al que, con el apoyo concreto del Estado en sus diferentes esferas: municipal, provincial y nacional, se lo dota de una infraestructura de uso común. Así, además de permitir un mejor ordenamiento territorial, logra que las empresas que operan allí mejoren su desempeño económico, ambiental y social.
“Es una política que contribuye a mejorar la competitividad y la productividad de las empresas que se asocian en espacios en común, y a fortalecer las estrategias cooperativas entre empresas de diferentes tamaños en el sector industrial”, remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cuando participó del cierre del Ciclo de Capacitación para Gestores de Parques Industriales el año pasado.
[Un programa nacional que ordena al sector]
Ese trabajo conjunto, de proximidad planificada y organizada, redunda en un beneficio colectivo mayor al que obtendrían las empresas en solitario, sin el plus que le aportan las prácticas asociativas que se dan, como cuando coexisten los proveedores con sus clientes y se ahorran, entre otros, los gastos en logística.
Sin embargo, todavía subsisten casos en que las industrias se radicaron de manera planificada con aquellas que se desarrollaron de modo espontáneo, y no conformaron los agrupamientos en el marco establecido por la legislación vigente, que para la provincia de Buenos Aires es la Ley 13744/07.
Entonces, mientras que el asentamiento de industrias sin una planificación adecuada puede producir diversas consecuencias negativas para la población, particularmente en zonas cercanas a ciudades y centros urbanos, el establecimiento de agrupamientos de manera legal genera beneficios sociales y económicos.
Para eso sirve el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, que incentiva el ordenamiento territorial, promueve la planificación productiva local, potencia la generación de empleo e impulsa esquemas cooperativos y asociativos.
Y el Observatorio Nacional de Parques Industriales, que es un espacio de articulación para adoptar definiciones en la asignación de los beneficios del citado programa federal.
El ONPI está compuesto por una mesa nacional y cinco mesas regionales para el NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia. Las dos modalidades de mesas contemplan veinte lugares para permitir un diálogo fluido entre los participantes.
[Miles de industrias radicadas en cientos de parques]
El directorio de parques y empresas vinculadas al sector EPIBA, que releva todos los años la asociación Red Parques apuntó para 2020, 405 locaciones en todo el país con más de 8.000 industrias radicadas. De ese universo, el 80% son pymes y representan el 15% del empleo industrial nacional.
Su impacto en el territorio queda demostrado en que los 248 parques de la región Centro aglutinan el 11% del empleo regional, mientras que los 68 de la Patagonia agrupan al 57% de los puestos de trabajo disponibles en esa área.
Los hay más antiguos (Pilar, 1978, 885 has) y muchos en etapa de construcción o ampliación, algunos enormes y otros más austeros (Plátanos, 2004, 41 has), pero todos tienen la misma motivación y objetivos. El 80% son parques públicos y el resto mixtos o privados, y presentan un nivel de ocupación no homogéneo.
Seguramente producto de la pandemia, ya que el último censo sectorial oficial se realizó en 2020, existen datos diferentes o desactualizados a nivel público y privado, si bien casi la mitad de los catalogados por EPIBA no estaban inscriptos en el Registro Nacional de Parques Industriales en ese momento.
De acuerdo con las estadísticas del RENPI, cuya última actualización se dio en agosto de 2021, el mapa de distribución muestra 312 instalaciones, con una gran concentración en territorio bonaerense aunque la presencia se extiende a los 23 distritos del país.
Son predios especialmente diseñados para la radicación de industrias y servicios para la industria, que deben respetar las particularidades regionales, cuidar el medioambiente y desarrollarse en armonía con las ciudades vecinas.
[Obras de infraestructura con alcance federal]
A través del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, creado por un decreto del Poder Ejecutivo en septiembre de 2020, el Estado busca maximizar sinergias, generar empleos y afianzar el desarrollo industrial local, entre otros fines. Como consecuencia de esta política estatal, las zonas cercanas son beneficiadas en su actividad comercial, de servicios e inmobiliaria.
Esa política pública otorga financiamiento mediante aportes no reembolsables (ANR), para la ejecución de obras de infraestructura y ampliación de las instalaciones. A su vez, brinda créditos con tasas subsidiadas con un cupo de $2.500 millones al año para facilitar la radicación y desarrollo de empresas dentro de esos espacios.
Desde su creación, el programa entregó asistencia por $3.016 millones para obras de infraestructura y puesta en valor en 55 parques industriales instalados en 21 provincias, según el Ministerio de Desarrollo Productivo nacional.
Entre las obras financiadas para la puesta en valor de los predios industriales se destacan el alumbrado público, con un total de 1.000 columnas y 2.100 luminarias, la instalación y mejora de cercos perimetrales para seguridad, desagües, deforestación, pavimentación y tendidos eléctricos y agua.
Cada aporte desde el Estado se sustenta en pedidos de asistencia de municipios y empresas y reciben un gran acompañamiento desde los sectores industriales y manufactureros, que venían de años de recesión y luego soportaron la pandemia.
Este programa se encontraba sin financiamiento en 2018 y 2019, mientras que el año pasado se ejecutó el 100% del presupuesto previsto y hasta se decidió la ampliación en octubre en $467 millones adicionales debido a la demanda y las obras pendientes.
Según un informe del Ministerio de Producción bonaerense, en la anterior administración provincial se iniciaron 31 proyectos de parques industriales, mientras que la actual gestión lleva en sus primeros dos años y en el marco de la pandemia un total de 33.
"Vinimos a sembrar de parques industriales la provincia de Buenos Aires. Hoy son una verdadera política de Estado, después de años en los que estuvieron abandonados porque no había promoción para el desarrollo industrial", declaró el gobernador Axel Kicillof en agosto del año pasado en el acto de habilitación de un parque industrial en Luján.
[Financiamiento para el desarrollo industrial]
El 2 de febrero de este año, un nuevo decreto estableció que la autoridad de aplicación del programa, la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, ya podía fijar las nuevas herramientas y actualizar los montos para su ejecución a lo largo de 2022.
De ese modo, se estableció para el actual ejercicio un monto máximo a otorgar por beneficio de $100 millones para los ANR, de acuerdo al Decreto N° 68/22, que hasta el momento estaba limitado a $60 millones.
Los ANR están destinados a desarrollar obras de infraestructura intramuro y estudios para la constitución, regularización o ampliación de parques industriales.
Se dirigen a municipios y provincias con establecimientos públicos y/o mixtos y se priorizarán aquellos que implementen innovaciones tecnológicas o educativas, desarrollen líneas sustentables o incorporen políticas de género e inclusión.
La otra vía de acceder a financiamiento es la línea de créditos con bonificación de tasa para parques industriales, destinados a la ampliación de terrenos de los parques y a la radicación y desarrollo de empresas dentro de ellos, con un plazo de devolución de hasta 5 años y un máximo de 6 meses de gracia.
En particular, para instalarse o ampliar la capacidad productiva de una empresa en un parque industrial público, mixto o privado, las mipymes acceden a una tasa de interés del 24%, según la Reglamentación N° 750 y las grandes empresas obtienen una tasa del 36% en los primeros 3 años y luego BADLAR+6 puntos porcentuales por año.
La bonificación de TNA de préstamos comerciales es del 50% para las mipymes o proyectos que incluyan industrias tecnológicas del conocimiento, líneas sustentables y/o incorporen políticas de género e inclusión. Para el resto, la bonificación de tasa es del 40%. En todos los casos, la bonificación tiene un tope 18 puntos porcentuales al año.
