Por: Patricio Ballesteros Ledesma

 

El potencial geológico del país es enorme, si bien hasta ahora sólo fue explorado menos del 40% del territorio, y la riqueza de recursos comprobados se incrementa en forma periódica con nuevos descubrimientos.

La actividad minera nacional tiene una historia que supera los dos siglos y hasta un lugar en el calendario de efemérides el 7 de mayo, que se celebra su día en homenaje a la primera ley de fomento sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1813. 

El gran desarrollo de la mega minería se inició en los 90, una época marcada por las privatizaciones de empresas públicas y la apertura de la economía al exterior, por el ingreso de capitales extranjeros de las mayors globales, y sobre todo en grandes yacimientos de oro, plata y cobre. 

La evolución se hizo posible con enormes beneficios para los grandes proyectos extractivos, con exenciones impositivas e ilimitados recursos disponibles, y casi sin controles sobre el impacto ambiental y las condiciones laborales en gran parte de las explotaciones.

Como las riquezas del subsuelo le pertenecen a las provincias, en muchas oportunidades las autoridades públicas han ejercido un fuerte lobby a favor de las empresas en lugar de atender las reticencias de carácter ecológico y sanitario de las comunidades afectadas.

[Dilemas en torno al costo/beneficio ambiental y social]

Las polémicas y denuncias incluían el uso de enormes cantidades de agua en zonas semidesérticas, las fracturas con explosivos en las altas cumbres, la alteración y contaminación de ecosistemas, las explotaciones a cielo abierto y las filtraciones en las piletas de lixiviación con cianuro, los deficientes cierres de minas al final de la extracción, entre otras. 

Hubo desvíos de cursos naturales de agua para abastecer los enormes consumos diarios de proyectos, en un caso se llegó a hablar de cambiar de lugar un glaciar en la alta montaña: se dieron accidentes en las zonas de minas y consecuentes marchas y protestas. 

Como en otras actividades, como algunas agrícolas o inmobiliarias, también se sucedieron enfrentamientos entre población pro y contra, y hasta se suspendieron o rechazaron proyectos de mega minería como el Desquite y el más reciente Cordón Esquel en Chubut, tras audiencias públicas y plebiscitos. 

Con la excusa de las regalías obtenidas y la generación de puestos de trabajo locales, gobernadores, intendentes y funcionarios vivían cada nueva inversión como un logro político propio y una fuente de divisas para las arcas públicas a proteger. El modelo extractivo exportador se iba consolidando con los años.

En territorios con pocas opciones de trabajo y una alta dependencia del empleo público para los habitantes, se sacrificaron ambientes y recursos naturales de todos por unos cientos de puestos de baja calificación y unas regalías mínimas que poco aportaban a las arcas públicas generales.

La Ley de Inversiones Mineras estableció una serie de beneficios a las empresas, como estabilidad fiscal por 30 años, posibilidad de deducir Ganancias, reducción de pagos en el ingreso de maquinarias al país, devolución anticipada del IVA, pago de regalías a las provincias del 3% de lo que declare la empresa en boca de mina, entre otros.

[Muchas prerrogativas al inversor, poca incidencia local]

Sin auditoria física estatal, la declaración jurada de la extracción, como también hacen las cerealeras en los puertos pese a que hay controladores fiscales, se prestaba a la discrecionalidad. Cuando el Estado resigna este tipo de controles, que sí ejerce con rigor en otros ámbitos, casi que estimula la elusión o evasión que afecta a los ingresos públicos. 

Aún así, como desde el Gobierno se incentiva la exportación de estos recursos, hasta 2017 se les reintegraba a las mineras un 3% en los embarques como procesados, que tienen un valor mayor a las extracciones brutas declaradas y por las que pagaban regalías. 

En 2018 se bajó este reintegro a la exportación, en litio por ejemplo al 1,5%, pero hasta ese año se le cobraba un 3% y se le devolvía un porcentaje igual pero sobre un valor final mayor.

Ese tipo de incongruencias no sueles ser discutidas, como tampoco la baja relación entre cada millón de dólares invertidos y la cantidad de puestos de trabajo generados. Y como la transformación de esas materias primas mineras es casi nula en el país, tampoco se generan muchos empleos de alta calificación ni industrias con agregado de valor derivadas.

En la evolución, a las leyes que resguardaban la seguridad jurídica a largo plazo y las prerrogativas de todo tipo para las inversiones de las multinacionales mineras, se sumaron otras con estudios previos de impactos y riesgos, limitaciones operativas, responsabilidades en el uso de recursos naturales y compromisos con la población del área de influencia de los proyectos. 

En las últimas décadas la actividad de la gran minería se consolidó pero casi no dejó de ser de carácter extractivo, con millonarias inversiones extranjeras, exportaciones de bullones de oro y plata (concentrado de metales sin purificar), y prácticamente ninguna transformación industrial local.

En las medianas y pequeñas explotaciones de otros metales y minerales con usos industriales y demanda interna, la producción tiene otras características, mayor participación de empresas locales y un nivel de empleo más extendido y constante. 

[El modelo productivo con el litio trae algunos cambios]

Incluso, cuando en años recientes se masificó el uso del litio y se hallaron enormes existencias de este recurso en el territorio, a la par de la llegada de inversiones extranjeras para la explotación se articularon esfuerzos públicos y privados en el país para avanzar con su extracción, transformación y uso como materia prima de productos industriales valiosos. Esta situación plantea un cambio con respecto al pasado, pero aún avanza lenta.

Por tratarse de commodities con cotización internacional, los mayores anuncios de inversiones en nuevos proyectos metalíferos llevaron al cobre y al litio a encabezar el ranking en el último bienio en el país, desplazando al oro y la plata a las siguientes posiciones. 

Las inversiones productivas anunciadas en el país desde enero de 2020 hasta hoy totalizan US$9.314,36 millones, de las que el 94,5% están destinadas a construcción y ampliación de instalaciones, según un informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

En cuanto a orígenes de capitales, Canadá se ha posicionado como el principal país inversor y el cobre como el mayor destinatario, por la anunciada construcción del Proyecto Josemaría en el norte de San Juan de la firma Lundin Mining Corp, con US$4.200 millones comprometidos, lo que resulta en el mayor anuncio minero de las últimas décadas.

El 100% de la explotación perteneciente a Josemaria Resources Inc pasará a manos de la canadiense por US$483 millones, que también tiene el proyecto Filo del Sol en esa provincia, y donde la compañía proyecta una producción anual media de 131.000 toneladas de cobre, 224.000 onzas de oro y 1.000.000 onzas de plata durante de las casi dos décadas de vida útil de la mina.

Precisamente San Juan lidera el ranking de los recientes anuncios de inversiones, con el 55,6% del total, mientras que Salta destaca también con US$ 2.466 millones (26,5%), destinados al desarrollo de los proyectos Sal de Oro de la surcoreana Posco, Mariana de Ganfeng Lithium y Lindero de Fortuna Silver Mines Inc, entre los mayores. 

En Catamarca, Livent invertirá US$640 millones para ampliar la producción de litio en Salar del Hombre Muerto y anunció la firma de un contrato con la automotriz alemana BMW por US$334 millones. 

En Jujuy, la minera Orocobre y Toyota Corp, anunciaron una inversión por US$400 millones para la ampliación de la planta de producción de litio en el proyecto Sales de Jujuy. En Buenos Aires, YPF Litio destinará una inversión de US$2,5 millones para la producción de celdas y baterías de litio.

[También el cobre gana interés por la transición energética]

En cuanto al commodity principal, los proyectos de cobre (49,47%) y litio (36,3%) concentran la mayor parte de las inversiones futuras. El primero acumula US$4.608,4 millones y el segundo US$3.382,5 millones, mientras que el oro suma US$1.293 millones y la plata apenas US$30 millones.

Según el destino de los fondos, los que se encuentran en construcción acaparan US$6.676,3 millones, las ampliaciones llevan US$2.122 millones, la extensión de vida útil de proyectos implica US$225 millones y la mejora de proceso se lleva US$150 millones. Para la etapa de exploración hay fondos por US$138,4 millones.

Además, los anuncios referentes a fusiones y adquisiciones de las grandes compañías globales tuvieron un lugar destacado entre 2020 y 2021, con un monto total involucrado de US$5.281 millones. En 2022 hay varias operaciones pendientes o en negociación.

La fusión vinculante de la australiana Orocobre Ltd y Galaxy Resources Ltd, que se hizo pública en abril del año pasado y valuada en cerca de US$3.100 millones de capitalización, es la más importante y genera un gigante global en litio con una sede en la Argentina. Como resultado aumentarán su producción a 130.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, desde las 40.000 actuales.

La Secretaría de Minería registra una cartera de 87 proyectos de minerales metalíferos y de litio en este período reciente, que se encuentran en diversas etapas de ejecución y de acuerdo al potencial productivo comprobado la necesidad de inversión ronda los US$30.000 millones. 

Pero conforme avanza la exploración, aún en yacimientos en etapa productiva, se identifican mayores reservas que las ya registradas. Para el cobre, la CAPEX ronda los US$22.200 millones, con un potencial productivo en 10 proyectos de 1,2 kt/a de ese metal, 700 koz/a de oro, 15 Moz/a de plata y 18 kt/a de molibdeno, a lo que se suman 65 Mt de cobre de reciente localización.

[Grandes exportaciones, sin valor agregado y con bajas regalías]

Las exportaciones de la minería argentina alcanzaron en 2021 los US$3.230,5 millones, lo que representa un aumento en valor del 23,3% comparado con el año anterior y similar a 2019 ((US$3.272 millones), según cifras oficiales. Allí se detalla que el sector generó un promedio de 31.323 puestos de trabajo, con un incremento interanual del 2,7%.

Hay diferencias notables entre la minería metalífera y de litio y la no metalífera en todas las variables analizadas, según un documento del Centro de Estudios para la Producción de diciembre último. La minería metalífera y de litio explicó en 2019 el 85% de las ventas mineras y la no metalífera el 15%, mientras que en empleo directo, la primera da cuenta del 68% y la segunda del 32%. 

La mayor participación relativa de la minería no metalífera en el empleo formal vis à vis en las ventas revela una mayor facturación por puesto de trabajo (proxy de intensidad de capital y productividad relativa) en la minería metalífera y de litio, dato consistente con la mayor escala de esta última actividad.

También se resalta que el perfil de los proveedores de la industria minera también es disímil entre la metalífera y de litio y la no metalífera. En el primer caso, actividades como la construcción, hoteles y restaurantes, servicios profesionales y empresariales y servicios de apoyo a la minería son notoriamente más relevantes que en el segundo, en donde gana particular peso los proveedores del rubro comercio. 

Esto se debe a varios factores, según el estudio oficial, como a que la minería metalífera y de litio requiere de la construcción de grandes obras de infraestructura, muchas veces alejadas de grandes centros urbanos, todo lo cual requiere servicios de ingeniería, de alojamiento, de catering, de construcción y una diversidad de servicios de apoyo. 

Y en el caso de la minería no metalífera, la mayor dependencia de proveedores comerciales obedece a un menor abastecimiento relativo vía importaciones, de modo que se recurre más a importadores y/o distribuidoras.

[Los argumentos oficiales para apostar al sector]

Los anuncios se suceden y las expectativas crecen. Desde el Gobierno nacional y en las provincias implicadas, mantienen una política proactiva de atracción de inversiones e impulso a la actividad, incluso con nueva legislación y la búsqueda de una mayor participación de proveedores locales de tecnologías, maquinarias, servicios y puestos de trabajo.

Cuando en diciembre pasado asumió la nueva autoridad del área a nivel nacional, la abogada Fernanda Ávila, que tenía el cargo de ministra de Minería en Catamarca, destacó: “Tenemos por delante un gran trabajo y la minería nos ofrece la oportunidad de seguir desarrollando la actividad productiva del país”. 

Además le agradeció al saliente secretario Alberto Hensel, quien elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Minero, “que realizó una tarea descomunal en medio de una pandemia trazando un camino necesario con diálogo y compromiso para el desarrollo del sector”. 

Por su parte, y tras tomarle juramento a la flamante titular de Minería, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas manifestó que esta actividad implica más producción en provincias que necesitan darle un mayor volumen a su economía y significa puestos de trabajo directo e indirecto.

Según el funcionario, es un sector que paga los salarios más altos de la economía, que genera progreso y bienestar, a la vez que aporta dólares genuinos para un país que los necesita y pasa a ser un aliado de la transición ecológica. Eso último suena raro, salvo que se refiera en específico al uso del litio y cobre como insumos para la transición energética y los vehículos eléctricos.