ENTRETELONES DE CASA ROSADA
El rechazo del proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 cuando se presentó en Diputados, no sólo complica la gestión del Gobierno nacional de cara a la administración pública del año en curso, sino que también le genera incertidumbre y perjuicios operativos a las provincias y los municipios de todo el país.
“Como presidente de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias”, tuiteó ese día Sergio Massa, advirtiendo lo que la votación implicaba.
“Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia”, remarcó, en alusión a las consecuencias de esa actitud. El bloqueo al proyecto oficial ejercido en la Cámara Baja, después de 14 horas de exposición de los oradores, puso más en jaque al país que al Gobierno.
Varios legisladores reaccionaron frente a esa declaración como si se tratara de una amenaza, pero lo cierto es que la llamada ley de leyes es la que, entre otras medidas, organiza y cuantifica la distribución de los fondos públicos hacia las diferentes jurisdicciones, además de asignar recursos a los ministerios nacionales.
Su falta de homologación legislativa obligó al Poder Ejecutivo a prorrogar el anterior presupuesto por decreto, lo que tarde o temprano generará la tan criticada discrecionalidad de la que habló la oposición al momento de rechazarlo.
[Sin presupuesto, perjuicio para las provincias]
En el primero de los cuatro informes que surgen como resultado del rechazo al presupuesto, el titular de la Cámara Baja, recordó que por la reducción de fondos coparticipables, perderían en total más de $180.000 millones, monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las ganancias de $104.254 millones a nivel nacional.
Además, según ese estudio, las provincias pierden otros beneficios, como la posibilidad de establecer Áreas Aduaneras Especiales y ampliar las zonas francas existentes, el plan plurianual de obras, el régimen de refinanciación de deudas con CAMMESA y la celeridad en el cumplimiento de pago de los juicios ganados por las provincias de Santa Fe y La Pampa.
También el sistema de salud provincial pierde un importante beneficio en la devolución del IVA y muchas empresas y organismos estratégicos para el país y las provincias pierden beneficios fiscales (INVAP, IMPSA y Salto Grande).
A los pocos días del bloqueo de la oposición al presupuesto, se presentó el Consenso Fiscal 2021, que fue firmado por todas las provincias menos la Ciudad de Buenos Aires (aduciendo que no aumentará impuestos), y que los gobernadores esperan que se apruebe cuanto antes en el Parlamento.
Y el denominado Plan Plurianual, anunciado por el Presidente en noviembre pasado, que contiene el programa económico y las metas fiscales trazadas para los próximos cinco años (que influyen en la negociación con el FMI), y que estaba atado al presupuesto finalmente no aprobado.
Las sesiones extraordinarias convocadas para la segunda quincena de enero, cuyo decreto tiene a la firma el presidente Alberto Fernández, incluyen estos y otros proyectos de relativa urgencia en la agenda parlamentaria de verano.
[Un desacuerdo que lleva más de 30 años]
El régimen vigente se estableció en 1988 a través de la Ley 23548 de forma transitoria, pero a falta de acuerdo de las provincias, todavía sigue vigente pese a que la reforma constitucional de 1994 contemplaba una reglamentación definitiva.
La coparticipación establece que una parte de los fondos tributarios recaudados por Nación se repartan entre las provincias en tiempo real. Es decir, a medida que se recauda diariamente, la administración central realiza transferencias automáticas a las jurisdicciones.
El objetivo del esquema, que tiene rango constitucional, es distribuir los ingresos tributarios entre las provincias, dada la cesión de las potestades tributarias de estos distritos a la Nación, con el objetivo de evitar conflictos de doble imposición.
Sin embargo, en la práctica no todas las jurisdicciones aportan lo mismo al Fisco, ni reciben la misma proporción de lo que entregan a la economía. Existe un criterio tácito de equidad en el reparto de los fondos, centrado más en las carencias que las riquezas de cada distrito.
Según el texto de la Coparticipación Federal de Impuestos, la distribución primaria será del 42,34% al Tesoro nacional, el 56,66% a las provincias y un 1% al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, ATN).
En el 2021 los envíos automáticos alcanzaron los $3.555.741 millones, un 58,7% más que el año anterior (7,2% real, descontada la inflación), superando las proyecciones implícitas del Presupuesto 2020 para el ejercicio siguiente, según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
[El mayor monto transferido desde 2010, sólo CABA pierde]
Allí se detalla que el año pasado se logró el nivel más alto de transferencias en los últimos doce años, superando el último récord que se había observado en 2018 en alrededor de $50.000 millones a moneda actual.
La coparticipación en 2021 resultó $282.120 millones superior a la del año anterior medida en pesos constantes, y también superó a la del 2019 (último año prepandémico) en 2,7%, equivalente a casi $112.000 millones de diciembre de 2021.
Las provincias cuentan con dos fuentes de ingresos principales, los que se generan por recursos propios (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos) y los provenientes de la coparticipación federal, centrada en Ganancias e IVA.
Estas transferencias de los recursos nacionales alcanzan el 71,3% del total sus presupuestos, en promedio, con una alta dependencia en provincias como Formosa, La Rioja, Catamarca, Chaco, Jujuy y San Juan, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la recaudación local supera a la necesidad de los fondos coparticipables (que representan poco más del 25% de sus recursos).
Todas las provincias tuvieron un aumento en la recaudación en términos reales, descontada la inflación anual, de las transferencias por la Coparticipación en 2021, a excepción de CABA, a la que le recortaron los fondos en función del cambio en su coeficiente primario.
En el esquema de distribución de estos recursos, el PEN decidió redirigir esas partidas de CABA a la provincia de Buenos Aires, con el mismo fin de cobertura de costos de la seguridad que se lo había incrementado del 1,4% al 3,75% el expresidente Mauricio Macri cuando le traspasó la Policía Federal al ámbito porteño.
Esto provocó el reclamo del jefe de gobierno porteño, al que el Presidente le había bajado la cuota por decreto al 2,32% en diciembre de 2020 del 3,5% surgido en el Pacto Fiscal del 2017, y que le volvió a reducir al 1,4% en enero de 2021.
A diferencia de lo ocurrido en el Congreso nacional, en diciembre pasado la Legislatura porteña aprobó el Presupuesto para el 2022, en donde dejó asentada una pérdida proyectada de recursos coparticipables de $120.000 millones, que equivalen al 13% de su recaudación.
[La recaudación creció el 15% arriba de la inflación]
La recuperación de la actividad económica del 2021, que empató con la caída experimentada por la pandemia, provocó un importante aumento de la recaudación tributaria que ahora, con el ejercicio fiscal terminado, indica un crecimiento del 65,9% interanual y cerca de 15% mayor a la inflación del año.
Según datos del Ministerio de Economía, el acumulado en los doce meses totalizó $11.004.880 millones, con un pico de suba del 71,1% interanual en los tributos asociados en particular a la actividad económica.
Los principales saltos interanuales se dieron en la recaudación de los derechos de exportación, con un incremento de 194% y los derechos de importación y tasa estadística que en conjunto crecieron el 81,5%, si bien ambos no son coparticipables.
Los dos impuestos coparticipables con mayor incidencia: IVA y Ganancias, tuvieron sendos aumentos interanuales en la recaudación del 69,7% y el 59,9%. Sobre el total a recaudar por la provincias, el segundo tiene una participación del 45,2% y el primero del 37,6%.
Más allá del consenso fiscal alcanzado, y en medio de las negociaciones con el FMI, el Poder Ejecutivo espera a que se resuelva el Presupuesto 2022, lo que permitiría establecer con claridad cuál sería el nivel de gastos autorizado para el ejercicio fiscal en curso y de ahí surgirán las partidas a coparticipar en el corriente año.
[Analizan cuál será el giro de fondos]
Si la actividad económica sigue en la senda iniciada el año pasado o incluso mejora, el nivel de recaudación dará mayores precisiones sobre los montos a coparticipar, ya que los porcentajes están establecidos de antemano.
Los legisladores nacionales tienen otra oportunidad para resolver el asunto y dar previsibilidad a sus territorios y a sus mandantes.
Por orden del Presidente, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, monitorea junto a su equipo desde el primer día del año la marcha de las cuentas públicas, el volumen de la recaudación tributaria y, en consecuencia, cuál será el giro de fondos para las provincias vía decisión administrativa.
