TOCÓ MÁXIMOS
En noviembre, último dato disponible, el sector público nacional registró un déficit primario de $134.653 millones (cobros y pagos, sin contar los intereses de deuda vieja) y uno financiero (necesidades vs recursos) de $282.089 millones.
Así acumula en 11 meses un resultado negativo de 2,4% y 3,7% del PBI, respectivamente, excluyendo los ingresos extraordinarios de los derechos especiales de giro (DEG), provenientes del FMI, y los del Aporte Solidario.
Es bueno clarificar que desde 1960, la Argentina sólo tuvo superávit fiscal en apenas siete años y semejante déficit crónico acumula décadas sin resolverse.
En ese mes, los ingresos totales del SPN tuvieron un incremento interanual del 69,3%, pero las erogaciones treparon un 81,2%, lo que implica también un desequilibrio presupuestario superior con relación a igual período del año pasado.
La política fiscal es la forma en que el Gobierno, como administrador del Estado, puede controlar su nivel de gasto en función de los impuestos que recauda (y la deuda que toma).
En lo primero, aunque se estima en el Presupuesto, el margen de acción y de reasignación de partidas es amplio, pero para modificar tasas o incorporar tributos el Parlamento funciona como filtro.
Si los recursos tributarios de rentas generales no alcanzan, la diferencia suele cubrirse con emisión monetaria que el BCRA le aporta al Tesoro (hay meses en que la segunda es superada por la primera en el monto), pero está operación tiene un impacto en la inflación.
Entonces, la alternativa más lógica, y que en parte esteriliza la base monetaria, es la captación de circulante en el mercado entre los grandes tenedores mediante la emisión de títulos públicos, lo que permite costear los gastos que se decide no reducir o incluso aumentar.
[Emitir deuda, en lugar de billetes]
Los recortes muchas veces se disfrazaron de austeridad en el pasado pero escondían otros propósitos, que al final resultaban contraproducentes, o al menos engañosos. No siempre lo conveniente es lo posible y menos en contextos críticos.
Cualquier economista ortodoxo diría que bajar el gasto es lo correcto, aunque como lo demostró el aporte extraordinario, muy resistido por algunas enormes compañías y poderosos empresarios, también es cierto que lo justo es que el mayor esfuerzo provenga de los que más ganan.
La reciente modificación de la ley de Impuesto a los Bienes Personales, que afecta a más de un millón de individuos, sobre su patrimonio en el país y en el exterior, es otro claro ejemplo de progresividad recaudatoria.
Sin costo fiscal sube el mínimo no imponible para más de 130.000 contribuyentes medios (que en su mayoría dejarían de tributar), e incrementa la alícuota para los patrimonios mayores a $6 millones a razón del 0,25% según una escala.
En noviembre, en esta senda de fondearse sin alimentar la inflación, la Secretaría de Finanzas colocó una batería de instrumentos de deuda pública por $428.949 millones, que incrementa el financiamiento neto estatal en moneda local.
Ese monto adjudicado le permitió alcanzar una tasa de refinanciamiento del 149%, un roll over que deja un importante saldo para financiar el gasto público.
Esta cobertura es para afrontar los vencimientos de diferentes letras y el pago de cupones de intereses de diversos instrumentos: a tasas fijas (LEDE, bonos, LELITE), ajustados por el CER (LECER y BONCER) y dollar-linked (bono T2V1).
[Cuentas públicas pintadas de rojo]
Dejando a un lado la negociación con el FMI por el pago de la deuda externa en dólares, y aún teniendo en cuenta la fallida aprobación del Presupuesto 2022, cualquiera que ve esos números comprueba que el rojo en las cuentas públicas es una constante. Endémico, crónico, según remarcan muchos economistas locales.
Desde la irrupción de la pandemia, esta situación se vio agravada, pero sobre todo cuando la cuarentena estricta paralizó los ingresos corrientes y multiplicó la necesidad de múltiples gastos extraordinarios.
Es cierto que el coronavirus le afectó a todo el mundo, pero la Argentina arrastra casi 4 años de estancamiento, la segunda peor tasa de inflación a nivel global y además tiene casi a la mitad de su población bajo la línea de la pobreza.
En cualquier país prolijo en sus números macro y microeconómicos, sin tantos poderes internos conspirando para el caos permanente, semejante nivel de gasto y déficit podrían resultar exagerados, pero dadas las circunstancias realmente los valores actuales podrían ser peores. La inflación y la pobreza, casi como dos caras de la misma moneda, son temas estructurales, permanentes, irresueltos hasta hoy.
Sin tener conocimientos de economía, se observa que mes tras mes, año tras año, el país gasta y debe más de lo que recauda. En muchas oportunidades, el gasto público se transforma en gasto político, así como un crédito anticrisis de un prestamista de última instancia resulta en un rescate bancario, la formación de activos externos, una apuesta política electoral o, peor aún, todo eso junto.
[El déficit fiscal, y no el equilibrio, como meta]
La ley de leyes funciona en un punto como un balance comercial al revés: en lugar de mostrar cuánto ingresó y cuánto se gastó, proyecta qué monto se debería recaudar en función del volumen de erogaciones que se pretende para el año entrante y las cuentas pendientes. O, visto de otro modo, cuál será el nivel y uso de gastos según los ingresos estimados.
Pero como ambas columnas no resultan en cero, no logran el equilibrio ideal, siempre se establece el desbalance o déficit acordado, no como un margen de error sino como una meta fiscal. En 2021, el primario sería del 3%, en línea con el objetivo del FMI, que monitorea las cuentas públicas con el recelo de un acreedor.
No se trata de acordar un mínimo desvío marginal sino de reducir al máximo una costumbre de gastar mucho más de lo prudente en una economía siempre endeble, que para las cuentas nacionales implica cientos de miles de millones de pesos.
Esta simplificación explicativa no lo es menos que cualquier presupuesto, nacional, provincial, municipal, e incluso doméstico. Algunos lo tildan de dibujo, y en cierta forma funciona como un boceto, el story-board de una película que aún no se filmó.
En el sector privado, en las grandes empresas y las multinacionales, estos números son más rigurosos, no admiten grandes desvíos y su aprobación depende de otras variables e instancias. Los supuestos del Ejecutivo nacional, más aún en el medio de la negociación con el FMI, tienen un componente adicional en el armado de los planes de gobierno para el siguiente ejercicio.
Si el organismo de crédito no estuviera nuevamente en el medio, revisando lo que se hace y lo que se hará, el proyecto enviado por el PEN al Congreso quizás tendría algunas cifras, o más bien porcentajes, diferentes a los establecidos.
[Títulos públicos en pesos para tener caja]
Tras perder las elecciones de medio término y la mayoría en el Parlamento, la falta de aprobación en la Cámara Baja también demostró ser un condicionante extra. Denuncian inconsistencias y poder discrecional para el Presidente, los mismos que dejaron pasar en silencio y sin debate el préstamo stand-by más ruinoso de la historia argentina.
El punto es que, con semejantes compromisos externos en moneda extranjera, sumados a los internos que se pagan en pesos pero exigen pasos dinámicos en pos de un principio de mejoras, el Gobierno necesita financiar sus políticas y planes para el año entrante con las herramientas disponibles.
Por eso es que el último día de noviembre, el Ministerio de Economía anunció el cronograma preliminar de licitaciones de instrumentos del Tesoro en pesos para el primer semestre de 2022, donde se detallan los días de subasta y liquidación mes por mes.
En la publicación se aclara que el objetivo es brindar mayor previsibilidad, seguir profundizando el desarrollo del mercado local y continuar con la agenda de normalización, para el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos de corto y mediano plazo.
El horizonte de la deuda con los acreedores privados está algo más despejado, pero la situación internacional y el creciente riesgo país frenan cualquier posibilidad de conseguir fuentes de financiación del exterior.
Siempre se dijo que el mercado de capitales local es minúsculo, es cierto, pero en estas coyunturas, el objetivo es incrementar los incentivos para que funcione más y mejor.
[Los que apuestan al mercado en moneda local]
En esta línea, el 20 de diciembre pasado, el secretario de Finanzas Rafael Brigo recibió en el Palacio de Hacienda a las autoridades y representantes de las entidades designadas como Creadores de Mercado, de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
En la reunión, y tras haber finalizado el período de evaluación inicial, se designó como Creadores de Mercado a las entidades Allaria Ledesma & Cía, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Córdoba, Banco Santander y HSBC Bank Argentina.
En los tres meses previos, esos 7 postulantes fueron evaluados en su participación en las licitaciones primarias, como así también en su performance en la negociación secundaria de los títulos elegibles, compuesta por una muestra de entre 13 y 16 Letras del Tesoro nacional.
El programa de Creadores de Mercado tiene como objetivo fundacional fomentar el desarrollo y la evolución de un mercado de capitales ágil, transparente y eficiente, aumentar la liquidez por medio del mantenimiento constante de precios y rendimientos de compra y venta, potenciando la formación de precios de referencia en los distintos plazos de la curva de rendimientos del mercado local.
Las entidades que oportunamente se inscribieron en el programa continuarán su actuación como aspirantes, y acorde a su desempeño durante el próximo período de evaluación, que abarca del 29 de noviembre pasado al 28 de febrero de 2022, podrán incorporarse a la nómina inicial de Creadores de Mercado, que arrancó en agosto pasado con 13 bancos y agentes de Bolsa interesados.
