ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Si bien el monitoreo que realiza el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), indica que la cantidad de personas muertas en hechos de violencia con participación de fuerzas de seguridad descendió levemente en todo el país, según la información del Ministerio Público bonaerense, en 2020 -último registro disponible - se registraron casi 3 mil procesos penales por violencia institucional de todo tipo.
Ese total incluye causas por las muertes de 258 personas: 181 registradas dentro de lugares de encierro y 77 por intervención de las fuerzas de seguridad.
El asesinato de Lucas González, futbolista de Barracas Central, por la policía de la ciudad en CABA, y lo ocurrido en San Clemente del Tuyú donde nueve policías bonaerenses están acusados de matar a Alejandro Nicolás Martínez, que se encontraba detenido en una comisaría, pone nuevamente en discusión los procederes de quienes portan armas para garantizar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos.
Martínez de 35 años, había sido detenido el jueves 18 de noviembre por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente, donde se hospedaba, posiblemente en estado de exaltación por consumo de drogas. Lo trasladaron a la comisaría 3ra y poco después fue hallado sin vida en una celda.
La autopsia determinó que fallecido como consecuencia de una “asfixia por sofocación” y que además sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.
El fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 descentralizada de La Costa, dispuso en las últimas horas la detención de los nueve policías implicados.
El proceder de la justicia fue cuestionado por el ministro de seguridad, Sergio Berni, que sospecha que este caso podría ser “para tapar” el crimen del Lucas González.
La bonaerense parece no estar muy preocupada por diferenciarse de la metropolitana a pesar de los esfuerzos que se realizan desde la conducción política.
En Mar del Plata, Ángel Aristimuño, cartonero y padre de tres hijos, lucha por su vida tras un brutal ataque policial. Traumatismo de cráneo y hemorragia cerebral le provocó la golpiza que le propinaron este jueves dos policías que supuestamente lo detuvieron en la vía pública para identificarlo.
La jefatura departamental de Mar del Plata encubrió a los agentes diciendo que durante una pelea de borrachos los efectivos habían intervenido y al caerse uno de ellos golpeó su cabeza contra el suelo.
Horas después, las cámaras de seguridad de la zona revelaron lo realmente había ocurrido. Se observa el momento en el que el hombre es agredido por dos policías que intentaban requisarlo de espaldas contra el capó de un patrullero. Uno de los oficiales le da una patada a la altura del estómago que lo derriba al suelo golpeando Ariztimuño en la cabeza contra el cordón de la vereda.
La sobrina de Aristimuño confirmó que su tío estaba tomando alcohol en la esquina de Azopardo y Fleming junto a su hermano “hasta que pasó el patrullero y lo frenó”. “Él tiene un problema en la garganta y no puede respirar normal; tiene que ponerse el dedo para poder hablar, de otra manera no puede. Mi tío entonces puso las manos en el patrullero como le pidieron, pero cuando quiso hablar sacó una de las manos para llevársela a su cuello y poder hablar y ahí fue donde lo empujaron y le dieron la patada”, dijo Yamila Olivera de 37 años en una nota que le realizó el portal de noticias local 0223. Arstimuño vive a solo media cuadra del lugar donde lo agredió la policía, en el barrio El Progreso.
Asuntos internos dispuso que los dos efectivos involucrados entregaran sus credenciales y las armas reglamentarias, mientras la Unidad Funcional de Instrucción 1, a cargo de Florencia Salas, del Juzgado Correccional Nº 5 de Mar del Plata investiga qué sucedió.
El CELS oportunamente advirtió que “en acciones de prevención del delito, flagrancia u operativos de investigación criminal como allanamientos o detenciones, las intervenciones son desproporcionadas en relación al fin que persiguen: el hecho podría ameritar que les policías intervengan para evitar un delito o detener a quienes lo cometieron, pero terminan causando un daño mucho mayor que el que pretendían evitar. Muchos de estos despliegues policiales tienen como origen la persecución de un delito menor y terminan causando la muerte o daños graves a la salud”.
Un agravante al accionar violento es la reacción corporativa de la fuerza tratando de proteger a los que cometen excesos. En el caso de Alejandro Martínez se trató de hacer creer que había muerto de una sobredosis dentro del calabozo y en el de Ariztimuño por una caída accidental.
La intervención con extrema violencia en situaciones conflictivas, especialmente cuando se trata de barrios pobres, o personas estereotipadas, se reitera con una frecuencia preocupante.
Una deuda pendiente de la política que no logra democratizar a las fuerzas de seguridad para que esté a la altura de lo que el ciudadano espera de ellas.
