Es un año particular en nuestro país. Mientras la oposición busca polarizar sus posiciones en medio de una inminente coyuntura electoral (este año habrá PASO y Legislativas) y recurre a la justicia para apelar las medidas del oficialiso nacional y provincial, el gobierno trata de contener una situación sanitaria que amenaza con el desborde: es que lo que se está viviendo es una pandemia que no tiene ni un precedente histórico por cómo aqueja a la población y por la agilidad reproductiva que tiene un virus que muta, se replica y contagia a ser vivo que se le cruce. 

En ese marco, en alineación partidaria con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los diputados de la bancada bonaerense de Juntos por el Cambio apoyaron el reclamo de los colegios Esseri y Patrik de La Plata que intentaron desacatar el decreto presidencial que suspende la presencialidad escolar por dos semanas debido a la cursada por el momento más crudo del virus en su segunda ola. 

Este azote epidemiológico parece desatendido por los legisladores de la Cámara baja ya que, como se planteó pertinentemente, lo que está  discusión no es la importancia de la escuela, sino el cuidado de las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires y la necesidad de reducir la circulación que, lógicamente, se incrementó desde la vuelta a las aulas. 

Por caso, la titular del Juzgado de Familia 6, María del Rosario Rocca, sostuvo en su fallo que “lo dispuesto a nivel local ha de ser en directa aplicación de las directrices emanadas del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, que por su naturaleza de norma nacional, escapa a la competencia de la justicia provincial”, al expedirse sobre la presentación de los legisladores Daniel Lipovetzky, Diego Rovella y Emiliano Balbín.

Asimismo, desde el Juzgado de Familia N° 3, a cargo de Graciela Inés Barco, se rechazó otra de las presentaciones por entender que no es el fuero adecuado para resolver el planteo. De hecho, la jurisconsulta consideró que “planteado el tema resulta evidente que se encuentra en juego la interpretación de normativa federal que excede el marco de la jurisdicción provincial, en tanto se trata de un DNU relativo a la pandemia de COVID-19 que azota a nuestro país (y al mundo) desde el año pasado, donde se prescriben medidas respecto de más de una jurisdicción, que no se limitan al área educativa sino que se integran como un paquete de medidas con otras vinculadas al orden público, seguridad y salud pública”. 

Una vez más, al igual que las órdenes de jueces porteños, se dirimirán las cosas en la Corte Suprema que es quien audita los resortes de poder del Ejecutivo nacional. Pero, en esta órbita local, no cabe desatender el lobby en los tribunales con el propósito de oprimir sobre el fallo sobre el cual la Justicia federal, se presume, se expedirá antes del fin de semana. 

Esta meta persiguió también el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA con una presentación que excede el fuero de los tribunales porteños ya que, atender a lo dispuesto por un DNU presidencial, compete a la Corte Suprema. 

Al cabo que, este mismo fundamento basamentaron los tribunales platenses en contestación a los diputados de Cambiemos: “Resulta competente la justicia federal en materias que interesan esencialmente a la Nación, no pudiendo la justicia ordinaria avocarse a un asunto sobre la política sanitaria nacional en el marco de una pandemia”.