REDISEÑO DEL GOBIERNO
El viernes pasado, el Gobierno nacional derogó el decreto 70/2017 sobre política migratoria, dispuesto durante la administración de Mauricio Macri y que establecía la prohibición del ingreso al país de extranjeros con antecedentes delictivos.
Según expresa la resolución 138/2021, la normativa resultaba “irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos”; posición que fue respaldada por organismos como Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En plena carrera electoral de cara a los comicios legislativos de medio término, la decisión de Alberto Fernández generó un esperado rechazo desde Juntos por el Cambio, coalición derivada de Cambiemos, bajo cuya gestión fue impulsada esta iniciativa.
Tal vez igual de previsible era el repudio de una importante figura del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que en lo que respecta al tema de seguridad, suele ubicarse más cerca del conservadurismo opositor que del progresismo de buena parte de la coalición que integra.
El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a hacer explícitas las posiciones encontradas hacia el interior del Frente de Todos, publicando una nota de opinión en Infobae donde cuestiona de manera tajante la habilitación del ingreso de ciudadanos de otros países con delitos en su prontuario.
Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina.
— Diego Santilli (@diegosantilli) March 5, 2021
Al respecto, aseguró que “el tema no estaba en agenda ni existía una demanda ciudadana al respecto”, lo cual motivó su “sorpresa” y la “necesidad de compartir” su punto de vista.
“Me levanto todos los días a las 5 de la mañana para dejar alma y vida en el resguardo de la seguridad de millones de bonaerenses, justo en una provincia que tiene una proyección de 1100 homicidios al año. Muchas veces percibo que la justicia y la legislación vigente no facilitan esa tarea sino que la complican innecesariamente, consagrando una distancia abismal con lo que piensa y nos exige la nuestra sociedad”, manifestó el funcionario.
En este sentido, aseguró sentir la “obligación” de decir lo que siente sin “esconderse”, apostando al potencial del “disenso y del sano debate de ideas”, como “motor de una sociedad que se precia de democrática”.
Entre sus críticas, apuntó a los “esfuerzos por forzar el sentido de las cosas” tildando de discriminatoria “cualquier regla de conducta colectiva”, y recordó que “todas las sociedades del mundo eligen a quién abrirle sus puertas”, tras lo cual evaluó que el decreto dispuesto durante la gestión de Macri no es “una extravagancia ni un requisito irrazonable o descomedido”.
También analizó que la Constitución Nacional “promueve y alienta” la inmigración extranjera, resaltando la histórica tradición migratoria de nuestro país, cuya sociedad describió como “tolerante, democrática, plural, diversa en términos étnicos y religiosos, amigable con el extranjero”.
No obstante, cargó contra los fallos judiciales que consideran discriminatoria esta normativa, y añadió que “no se trata de estigmatizar al extranjero. Se trata de exigir algo mínimo, algo básico: que las personas que quieran asentarse en nuestro país no hayan delinquido”.
❌ El DNU derogado era incompatible con el sistema internacional de protección de los #DDHH.
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) March 5, 2021
🔴 La normativa violaba el principio del debido proceso, el derecho a contar con asistencia y defensa legal y el derecho de reunificación familiar, entre otros.
Berni introdujo, en el inicio de su columna, la idea de lo imprevisto de este decreto, “fuera de agenda”. El momento en el que se da y la sorpresa expresada por una figura del riñón interno del oficialismo permiten sugerir que ‘el tema’, en su sentido más amplio, hablando de Derechos Humanos, fue insertado casi de prepo por la fuerte represión policial que tuvo lugar en Formosa la semana pasada.
La inconsistencia de que entre los indignados figuren personajes como Patricia Bullrich, cuya gestión en el Ministerio de Seguridad será recordada por la sistemática represión e incluso dos muertes en el marco de operativos de fuerzas federales, no quita que los reclamos de intervención en el asunto hayan incomodado a las autoridades nacionales.
A pesar de los recurrentes excesos denunciados sobre el Gobierno de Gildo Insfrán, el tibio repudio de la Secretaría de Derechos Humanos exhibió la frágil voluntad de disciplinar el accionar de las autoridades formoseñas.
La razón, quizás, reside en aquello que las bases militantes más progresistas del peronismo argumentan desde hace años como el motivo fundamental de la alianza con el histórico mandatario provincial: la fuerza electoral que provee. En medio de la carrera de cara a las legislativas, la posibilidad de un tirón de orejas consistente probablemente representaba algún riesgo.
La derogación del decreto migratorio de Macri llega en un marco de cuestionamiento a la posición del Gobierno nacional en materia de Derechos Humanos, lo cual podría ser la explicación de lo sorpresivo que le resultó al ministro bonaerense.
— Sergio Berni (@SergioBerniArg) March 8, 2021
La designación de Berni al frente de una cartera clave en un distrito más que “caliente”, así como el respaldo del Gobierno provincial ante las numerosas polémicas y serios conflictos que atravesaron su actual gestión, podrían encontrar una explicación en su discurso.
Si bien se trata de un funcionario con experiencia en gestión pública de Seguridad, y seguramente la lealtad Cristina Fernández de Kirchner haya sido clave en el armado de una jurisdicción donde el kirchnerismo le impuso su acento al Gabinete de ministros; Sergio Berni tiene una función discursiva trascendental: disputarle el electorado a la derecha.
Sus expresiones parecen dirigidas de lleno a una clase media cuya preocupación por la situación de seguridad volvió a encontrarse entre las prioridades, tras cinco años devastadores para la economía argentina que pulverizaron el tejido social.
Ya durante el macrismo, ante las críticas por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, el jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni, había advertido que “hay una situación social” que llevaba al delito a “la persona que tiene necesidad de comer”, ratificando: “hay gente que delinque –que antes no lo hacía– por una necesidad, por un apremio económico”.
Es así que el discurso punitivista, de estrecho vínculo con la ‘mano dura’ y que en muchas ocasiones choca con las posiciones manifestadas con la propia ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, busca acaparar la atención de sectores sociales más reticentes a la proclamas progresistas de una parte del Frente de Todos.
En ese marco, las recurrentes diferencias con diversos actores del oficialismo expresadas por el titular de la cartera de seguridad bonaerense tienden a ampliar el espectro de públicos objetivos.
A la vez que se gana el repudio de sectores al interior de la fuerza que integra, disputa electorado con los habituales cuadros de la derecha, que capitalizan la indignación de determinados segmentos sociales con, por ejemplo, la derogación del decreto migratorio de Macri.
No obstante, esto no quiere decir que las diferencias no existan en realidad. De hecho, Berni estuvo a punto de presentar una lista alternativa a la de Alberto Fernández para presidir el PJ, que ya había sido bautizada “Orden y Trabajo”, y bajó a último momento tras un acuerdo.
Como corolario de esto, en varias ocasiones aseveró que su “jefa” es la vicepresidenta, y recientemente volvió a desafiar al albertismo, señalando: “el único que me puede llamar la atención es Kicillof”. El mandatario bonaerense, por su parte, ratificó el apoyo a su funcionario cada vez que fue consultado al respecto, en una señal de cierta distancia con el Ejecutivo Nacional, que sin embargo no empañó el estrecho trabajo colaborativo entre las partes.
