El Gobierno nacional derogó un decreto de la gestión del expresidente Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que los cambios efectuados bajo el Gobierno anterior "resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".

Así lo establece el Decreto 138/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, que deroga el decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina.

Del mismo modo, la norma restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017" y dispone la creación de una "Comisión Asesora de Política Migratoria" que deberá "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".

La resolución que lleva la firma de Alberto Fernández dio de baja el decreto que modificaba la ley de migraciones, que se firmó durante el macrismo, en el cual no se permitía el ingreso de extranjeros con antecedentes, como así también se facilitaba el egreso de inmigrantes que habían cometido un delito en el país.

Cabe recordar que, en enero de 2017, la gestión de Juntos por el Cambio que encabezaba Mauricio Macri había dispuesto una modificación en la Ley de Migraciones, en la cual se disponía un “procedimiento migratorio especial sumarísimo”, en el que se determinaba quiénes podían ingresar o no al país, según sus antecedentes.

En esa oportunidad, el argumento esgrimido había sido que el Estado “tenía la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”. Sin embargo, la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno de Fernández instó a dar de baja este “procedimiento”, que ya había expulsado a 3000 personas.

La medida del gobierno macrista no tuvo “mejoras ponderables en otros aspectos”, sino que “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.