Con la llegada de las tecnologías del conocimiento y la información (TIC), el entramado de la comunicación política se transformó, convergiendo entre narrativas y medios ya empleados, pero complejizando el modo de circulación.

Del mismo modo, la necesidad de la población de poseer más datos acerca de las gestiones se vuelve cada vez más preponderante, y esto es una beta que los gobiernos tienen a su favor, la cual, más allá de la veracidad, muchas veces es desperdiciada.

Por su lado, el Municipio de La Plata suele ofrecer datos aleatoriamente en su página de internet aunque, sin embargo, aquellas informaciones nodales que impactan en la realidad de los platenses suelen escatimarse. Incluso son de público conocimiento los más de 50 pedidos de informes no contestados por el ejecutivo comunal a instancias de la oposición en el Concejo Deliberante.

Esto se vio reflejado en el informe publicado en diciembre por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) que, desde 2018, realiza monitoreos para impulsar el cumplimiento de la legislación que propone que las comunas publiquen sus presupuestos y la ejecución de los mismos, entre otros datos financieros.

La primera medición de la ASAP fue en 2018 y determinó que el 84% de los municipios demostraba niveles de transparencia entre regulares y nulos. Ese número cayó al 70% en 2019 y se mantuvo cercano a ese porcentaje en 2020, aunque muchas administraciones lograron mejoras significativas.

Se publicó el informe de Cumplimiento de Responsabilidad Fiscal de las provincias. https://t.co/uFzJO6XdKP

— ASAP (@asap_arg) December 21, 2020

Los monitoreos del organismo se realizan de manera semestral durante los meses de abril y octubre, aunque en 2020 el primero de ellos se suspendió por la pandemia de coronavirus. Los mismos miden en puntos la publicación del presupuesto y de su ejecución, y de la situación económico-financiera trimestral, de gastos y de la deuda pública. Además, ponderan la accesibilidad de la información.

Dentro de tal lógica, la Capital de la provincia de Buenos Aires quedó inserta en el grupo con “baja” transparencia fiscal que mensura el reporte, dentro del cual se encuentra en el último puesto, con tal solo un índice de 5.

Este número puede interpretarse mejor al conocer el criterio que estructura la puntuación en el informe: la difusión completa (30 puntos) o incompleta (20 unidades) del presupuesto 2020; los avances de la situación financiera trimestral (varía de 35 a 15 puntos); reporte de la ejecución presupuestaria trimestral -gastos y recursos- (10 a 3 unidades); lo propio según finalidad y función (10 a 3) y actualización trimestral de stock de deuda pública (10 a 3).

De esta manera, de presentar una óptima comunicación de los manejos fiscales, una comuna obtendría 95 puntos. De yapa, la ASAP premia con un índice 5 la “facilidad de acceso a la web” oficial, que es la razón por la cual la ciudad de las diagonales no culminó con 0/100 el informe de transparencia.

El sitio web de la ciudad le proveyó lo pocó que sumó en el informe.

Ciertamente el aglomerado de distritos que agrupa a la Capital provincial es el más numeroso. Contiene 67, específicamente, entre los que se destacan: Bragado (35), Trenque Lauquen (35), Azul (30), Bolívar (30), Necochea (30), 9 de Julio (30), Pehuajó (30), San Nicolás (30), 25 de Mayo (30), Ensenada (25) y Rojas (5), entre otros.

“Hay cada vez menos municipios que no publican nada y siete publicaron la totalidad de la información. Vemos que son cada vez más los que se preocupan por publicar todo”, le contó a la Agencia DIB el director ejecutivo de la filial Buenos Aires de ASAP, Federico Collino. 

Cabe recordar que en el año 2005, la provincia de Buenos Aires adhirió al Régimen de Responsabilidad Fiscal nacional a través de la ley N° 13.295. Esa norma, modificada en 2017, sostiene en su artículo 4 que “cada municipio publicará en su página web el presupuesto anual” (aprobado o prorrogado).

Además, determina que las comunas difundan información: “trimestral de la ejecución presupuestaria”, del “gasto clasificado según finalidad y función”, del “stock de la deuda pública, incluida la flotante”, del “pago de servicios de la deuda” y del “nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un rezago de un trimestre”.