ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Una semana de balances y de promesas de lo que viene será mejor. Así transitó el gobierno su primer aniversario de gestión, con la expectativa de hacer realidad una promesa de campaña como lo es la legalización del aborto antes de fin de año y con la esperanza de llegar a las elecciones de octubre de 2021 con una recuperación económica que permita cumplir con otra consigna: la de “llenar la heladera” de los argentinos que vienen de tres años consecutivos de brutal caída del poder adquisitivo.
En el gobierno descreen “de los brotes verdes” que prometía el macrismo y confían que los tenues indicadores de mejora en la construcción, son parte de un proceso sostenible que tiene a la obra pública como punta de lanza de lo que, espera, sea una reanimación de la actividad. Este rubro, dio a conocer el INDEC, lleva un sendero de recuperación sostenido desde mayo y viene de aumentar un 3,3% mensual.
El consumo, por ahora, no da síntomas de haber sido revitalizado: esperan que con las paritarias que comenzarán a febrero y la virtual normalización pos pandémica, los trabajadores recuperen capacidad de compra.
La gran incógnita será lo que suceda con la inflación de 2021. En el Palacio de Hacienda aspiran que baje unos pocos puntos de los 36,5% que se estima terminará durante el corriente pero algunos analistas la ven superando el 40%. Para tratar de bajar las expectativas, el Senado dio media sanción al cambio de fórmula en el cálculo del haber jubilatorio que, aún con la mejora introducida a instancias de Cristina Kirchner, servirá para ahorrar dinero del fisco ya que no tendrá en cuenta el impacto del Índice de Precios al Consumidor.
Para que la normalización de la actividad tenga consistencia, el gobierno apuesta a la vacunación de los grupos de riesgo y los trabajadores esenciales. El presidente Alberto Fernández oficializó el 10 de diciembre, en el primer aniversario de gestión, la firma del convenio con la autoridad rusa a cargo del Sputnik 5, que comenzaría a aplicarse durante el verano. Y anticipó que la semana próxima viajarán a la patria de Vladimir Putin una comitiva integrada por expertos del ANMAT, el organismo que debe validar la vacuna en Argentina, y Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud.
Justamente la influyente funcionaria, cara visible del reporte matutino sobre el COVID-19, encabezó el jueves por la tarde una reunión en el Salón Norte de Casa Rosada en el que se avanzó en la logística del proceso de inmunización masiva. Estuvieron presentes integrantes del equipo de Innovación de Jefatura de Gabinete, que diseñaron la aplicación CUIDAR. Se estima que, a través de esa herramienta, se podrá geo-localizar y dar turnos a los primeros beneficiarios del plan preventivo.
En su balance de gestión sanitaria, el gobierno remarca que se evitó el colapso del sistema y que el país no vivió las escenas apocalípticas que mostraba Italia, por caso, en abril pasado cuando la pandemia hacía estragos. Las comparaciones, no obstante, ya no se hacen a través de las famosas filminas porque los datos duros no acompañan: con 40 mil muertos a causa del coronavirus, el país se ubica en los primeros lugares del ranking internacional por fallecimientos por millón de habitantes.
Si el gobierno no tiene dudas de la gesta del operativo de “vacunación más grande de la historia”, tampoco lo tiene por el rédito político que le daría la posible aprobación de la IVE. Con la media sanción en Diputados, el Senado la podría aprobar el martes 29 de diciembre. Un “gol” antes de fin de año, para comenzar la “reconstrucción” plena en 2021. Este viernes la comunicación oficial ponderaba la repercusión en medios internacionales de la histórica sesión en Diputados, como la esquela del New York Times: “El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha hecho de los derechos de las mujeres y de las personas homosexuales y transgénero un elemento central de su gobierno, incluso a través de una recesión y una pandemia”.
Tan seguros están en Casa Rosada, que no temen que el aborto legal, seguro y gratuito resienta su vínculo con la Iglesia. En el Episcopado aseguran que hace semanas no hablan con funcionarios del Ejecutivo pero a los líderes del catolicismo se los nota menos confrontativos que en 2018. Quizás esta conducta se explique porque “el peronismo siempre ha seguido la doctrina social de la Iglesia”, como recordó un referente del clero hace unos días. Es decir, una ley incómoda para el Vaticano podría ser aprobada a cuatro días del brindis navideño sin que haya emisarios de Francisco que levanten la voz. El dirigente social cercano al Papa, Juan Grabois, por caso, mantiene un planificado silencio por estos días.
No parece haber tanta armonía en el frente interno de la coalición oficialista. La carta de Cristina al trazar un balance de gestión, con durísimas críticas a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia incomodó al Ejecutivo. El propio presidente tuvo que salir a aclarar que “comparte mucho” de las críticas de la vicepresidenta a la Justicia pero es sabido que no en las formas. O las motivaciones.
El duro revés que el máximo tribunal le dio a Amado Boudou al aplicar “la plancha del 280” en referencia al artículo del Código Procesal que le permite denegar un recurso sin fundamentos fueron uno de los motivos que llevaron a la titular del Senado a cruzar a los cortesanos. Es que su abogado, Carlos Beraldi, ha presentado numerosas nulidades ante el máximo tribual que podrían correr la misma suerte.
El presidente Fernández se ocupó de decir que sus críticas a la actuación judicial no tienen que ver con la suerte de ningún acusado en particular. Es sabido que no considera a Boudou, por caso, una víctima del “lawfare” que enarbola el kirchnerismo para argumentar los procesos judiciales y detenciones de ex funcionarios. La semana próxima habrá movilización “para una Navidad sin presos políticos”, una definición a la que no adscribe la mesa chica del Ejecutivo.
Quizás para salir de este frente tormentoso, el jefe de Estado recibió el jueves el informe del consejo consultivo para el mejoramiento de la Justicia, que, entre otros juristas, integra el mencionado Beraldi. De las casi mil páginas, sobresale una propuesta: la creación de un tribunal intermedio de arbitrariedades, que se ubique por debajo de la Corte, para “desagotar” sentencias pero que en los hechos podría quitar poder a la institución. El proyecto, que sería redactado por la ministra Marcela Losardo y sus colaboradores en Justicia, contemplaría que para ser ley necesitaría “una mayoría simple” y lo más importante: los integrantes del nuevo tribunal sólo “requerirían acuerdo del Senado por mayoría simple”. Es decir, sin los dos tercios con los que hoy se eligen a los cortesanos, con un acuerdo político con la oposición. Pensando en la actual composición de la cámara alta, se trata de una iniciativa bien recibida por el entorno de la ex presidenta.
