ENTRETELONES DE CASA ROSADA
El Gobierno nacional se acerca al campo en busca de nuevas divisas que permitan oxigenar el goteo de dólares que están sufriendo las reservas del Banco Central (casi USD3.000 millones desde enero 2020 a la actualidad) y que parece no amainar pese a haber ejecutado el “súper cepo” hace tan sólo algunas semanas atrás. Así, el Frente de Todos ensaya un acuerdo con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) promoviendo una reducción en los derechos de exportación a la soja que pasarían del 33% al 30% para el corriente mes de octubre, y con un incremento paulatino que ubicaría a las retenciones nuevamente en 33 puntos porcentuales para enero de 2021.
El efecto de esta propuesta del oficialismo está enmarcado bajo una perspectiva conductista que se sostiene bajo la premisa que, frente a un determinado estímulo, se espera una determinada respuesta. Así, pues, la principal zanahoria que promete el Gobierno de Alberto Fernández (dentro de una batería de medidas enfocadas en enfriar la tensión cambiaria e impulsar la reactivación económica) para tentar al complejo agroexportador a liquidar sus cosechas almacenadas en silobolsas, se destaca por las reducciones a las ventas al exterior de granos de soja y sus principales derivados.
A priori, no parece poca cosa esta propuesta gubernamental para motivar a los principales generadores de divisas internacionales; pero también debemos decir que tampoco sería una locura pensar que estos sectores dominantes, por su posición de poder real, decidan no liquidar toda la cantidad que esperan desde el oficialismo. Está claro que el campo de producción primaria representado heterogéneamente en la Mesa de Enlace pero bajo la voz comandante de la Sociedad Rural, se muestra como el sector clave para responder en lo inmediato a la urgencia cambiaria que tanto le quita el sueño al Presidente del B.C.R.A., Miguel Pesce; y como consecuencia directa impide lograr la confianza necesaria que busca el Ministro de Economía, Martín Guzman, para despegar de una vez por todas el modelo de crecimiento productivo nacional.
En este punto es donde se genera el principal cuello de botella para el Gobierno nacional. Pues, librados a sus propias percepciones, los medianos y grandes productores rurales han determinado conservar parte de la última cosecha de soja a la espera de una mejora en su retribución, que desde su imaginario corporativo podría llegar a darse más temprano que tarde. Entonces, el análisis que hacen desde el sector agropecuario mejor posicionado, afirma que cobrando un dólar neto de $54 y observando que los valores en el mercado financiero rondan los $150, “algo debería pasar” para mejorar el precio que reciben y consecuentemente buscan motivar ese cambio guardando parte de la cosecha en el acopio o en silobolsas.
Si buscamos argumentar con números esta situación que se presume hipotética, pero que claramente se viene manifestando en la realidad del país, es posible estimar que hay casi 18 millones de toneladas de soja almacenadas a la espera de mejores precios y oportunidades; y otros 8 millones entregadas a los agroexportadores con un “compromiso de venta”. El total de esta cantidad de soja custodiada, significaría un ingreso adicional de u$s7.000 millones en caso de animarse a su exportación.
Frente a este escenario, Pesce y Guzmán se toman de la mano y confían en que la propuesta de oferta de bonos en pesos que se ajustan por dólar linked, es el instrumento que permitirá anclar las expectativas de devaluación de los jugadores dominantes; incentivar al sector del agro a liquidar sus cosechas y alejar a los demás actores del mercado que presionan sobre los dólares paralelos, permitiendo de esta forma frenar la sangría de reservas del Banco Central.
En lo que respecta al accionar de los productores rurales y su relación directa con el dólar linked, la maniobra que piensa el Gobierno nacional se expresaría de esta manera: entregan la producción de granos, cobran en pesos durante el corriente mes de octubre con una tasa de retención más baja (30%), para luego comprar los bonos que les aseguren una retribución al valor dólar.
Ahora bien, quizás se encuentren algunos interrogantes que el oficialismo no haya contemplado a la hora de diseñar esta ecuación: ¿Qué pesa más para los productores rurales, un bono en pesos o su cosecha embolsada y fuertemente custodiada? ¿Existe algún tipo de necesidad personal que lleve a este sector a vender los granos que hasta el momento conservan como sus ahorros mejor invertidos? Desde el sector privado se enfatiza que la producción agropecuaria tuvo una muy buena campaña en donde la mayoría de los sojeros se recapitalizó, al punto tal que actualmente para comprar una maquinaria agrícola “tenés que anotarte en lista de espera, porque hasta marzo no entregan”.
[El debut de dólar linked y el puño apretado del Gobierno]
En medio de crecientes tensiones cambiarias ha debutado este martes el bono en pesos (dólar linked) atado a la evolución del tipo de cambio y con vencimiento el 30 de noviembre de 2021, que busca emerger como un compromiso con los inversores, asegurándoles que no perderán en caso de que exista un salto del dólar oficial, que al día de la fecha muestra una brecha con el paralelo de casi del 100%. Así, el Ministerio de Economía ha colocado 1.768 millones de dólares en este nuevo instrumento que le permitió conseguir más de 136.000 millones de pesos que permitirán aliviar las necesidades de emisión del Banco Central y su réplica en el agujero fiscal.
Pese a no saber exactamente quiénes fueron los principales suscriptores de este bono, entre las 1.362 ofertas que se registraron, no se descarta la participación del sectores rurales, como así también de empresas y particulares con pesos en su poder pero impedidos de comprar billetes norteamericanos. Lo cierto es que este primer resultado fue muy celebrado por el Gobierno nacional, pues ha multiplicado las expectativas que tenía el oficialismo para con el funcionamiento de este bono y se espera con ansias la posibilidad de continuar por este camino con la aceptación correspondiente de los jugadores dominantes del campo agroexportador.
[Acuerdos y rupturas en el campo]
Es importante destacar que, entre las principales figuras del establishment que asistieron a la reunión de la semana pasada con el equipo económico del país, se encontraban el Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y el titular del Consejo Agroindustrial Argentino, José Martins. Esta última entidad es la que prestó más atención al momento de los anuncios de Guzmán sobre el proyecto del oficialismo de motivar la exportación de alimentos con valor agregado, como nueva expresión fehaciente de acceso a la llegada de dólares genuinos.
Esta reciente apuesta a la que se abraza fuertemente el oficialismo (por necesidad y urgencia económica) pone de manifiesto la visión de mediano plazo del Gobierno, de repensar el modelo rural para transformarlo en una industria que logre exportar algo más que productos primarios de base; pero además da lugar a un programa gubernamental abierto a los esquemas de trabajo público-privado que contemple a aquellos sectores históricamente influyentes en las decisiones políticas del país y que ahora ven en esta nueva coalición al mando, otro espacio donde acercar sus propuestas.
Sin embargo, no es casual que el gran ausente de aquella jornada haya sido el modelo de producción primaria enmarcado en la Mesa de Enlace, pues gran parte de la disconformidad de esta entidad estuvo articulada bajo una reacción negativa sobre el avance del Consejo Agroindustrial Argentino y del proyecto para salir del anclaje de la primarización rural. En consecuencia, la búsqueda de negocios vía consensos que promueve el Gobierno nacional, expone paralelamente el principio de un escenario disruptivo entre la Mesa de Enlace y el CAA; pero en donde la apuesta del Frente de Todos se muestra tan riesgosa, como necesaria.
Pues el vínculo que intenta solidificar el oficialismo con el Consejo Agroindustrial Argentino, no sólo está enmarcado en la posibilidad del inminente ingreso de divisas sino que además se pone en juego la posibilidad de generar una nueva etapa de diálogo con un sector agropecuario que desde “la 125” a esta parte, sólo encontraba lugar en la ilusión de la opinión pública la posibilidad de acortar distancias con el peronismo. Pero lo cierto es que ya no estamos en 2008 y la coalición que gobierna incluye entre sus partes al kirchnerismo como una posición sólida, pero que no hace al todo de esta nueva expresión política. Allí está el punto, pues de no prosperar este acuerdo, es muy difícil pensar en otra instancia de conversación entre el oficialismo y sector agroexportador, generando como efecto colateral un proceso de centrifugación y endurecimiento de posturas que podría causar más daño al amplio sector social que la viene observando desde afuera.
