ENTRETELONES DE CASA ROSADA
La expansión del coronavirus en nuestro país tornó imposible analizar el contexto socioeconómico actual sin tomar como referencia los efectos colaterales que viene produciendo la pandemia. En este sentido, todas las decisiones gubernamentales que promueve el oficialismo van a estar condicionadas por esta coyuntura de crisis mundial, pero con el agregado de haber recibido un escenario social tan doloroso como las propias consecuencias de contagiarse de COVID-19.
Allí vemos que, entre los datos más destacados que conforman la realidad de la sociedad argentina, encontramos niveles de pobreza que superan el 35%; una tasa de desempleo que alcanza los dos dígitos y se acomoda en el 10,4%; un mercado interno con los signos vitales muy débiles (resultado de una capacidad ociosa que acumula poco menos del 50% y un nivel de inflación incontrolable) y una desigualdad social que continúa en crecimiento como producto de una brecha de ingresos que se amplía 21 veces entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre.
En diversas oportunidades, ya sea como candidato o actualmente en funciones de gobierno, el presidente Alberto Fernández enfatizó en la idea de construir un “nuevo contrato social” para crear en el país un equilibrio social más justo dentro de un “capitalismo donde todos ganen, y no donde unos ganan y otros pierden”. Es interesante recoger estos conceptos que manifiesta el primer mandatario, pues nos permite relacionar esta premisa con las ideas de uno de los grandes pensadores del contractualismo de mediados de siglo XVIII, como Jean-Jacques Rousseau. Encontramos que, para el escritor suizo, el surgimiento de la propiedad fue el origen de un proceso de institucionalización de la desigualdad, ya que “el primero que habiendo limitado un terreno dijo: esto es mío, y encontró gente bastante ingenua para creerlo, aquél fue el verdadero fundador de la sociedad civil”.
Rousseau plantea que, a partir de esta acumulación privada, los individuos que lograron acaparar una totalidad final de riqueza, mayor de lo que necesitaban para su subsistencia, lograron persuadir a los demás mediante “razones audibles” con el fin de formular las bases de un contrato social y la conformación del estado de derecho, que no los incluía, pero los necesitaba. “Unámonos para garantizar a los débiles frente a la opresión, contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece”. Esta reflexión del autor busca destacar cómo el grupo social más beneficiado por el sistema que se estaba creando, le pide a los más desfavorecidos del mismo que transformen su propia servidumbre en alienación jurídica mediante la firma de un acuerdo que supuestamente buscaba preservar sus libertades. De esta forma, “todos corrieron detrás de sus cadenas, creyendo asegurar su libertad”.
Para salir de esta situación de marcada desigualdad y sometimiento consensuado, el filósofo suizo va a proponer, al igual que Alberto Fernández, la creación de un pacto que de lugar a un nuevo contrato social pero donde la voluntad general sea lo que predomine por sobre los intereses individuales.
[Empezar por los de abajo para llegar a todos]
En medio del contexto pandémico que estamos atravesando, han surgido expresiones desde diversos medios de comunicación, personas que se han manifestado en las calles y replicas en la multiplicidad del mensaje que se generan a través de las redes sociales, que conforman a un sector minoritario de la sociedad pero con un pedido directo y enmarcado en “volver a la normalidad” pre coronavirus.
Esta fragmentada demanda social cargada de una mirada individualista y netamente egoísta, es recibida desde un sector del espacio político y a través de la oposición de Juntos por el Cambio encuentra su lugar institucional que mejor la acobija. Parece ser que esas presiones por retornar a “lo normal”, a lo que se creía cotidiano y a todo aquello a lo que (con buenas y malas) nos habíamos acostumbrado, no deja ningún lugar a lo empírico de aquel escenario de desigualdad social que hemos manifestado al principio de esta nota y con datos contundentes e irrefutables.
Ahora bien, es importante destacar que, en momentos de crisis mundiales, caos global o colapsos generalizados emergen también algunos interrogantes, escondidos durante el frecuente andar de las relaciones sociales ya adiestradas, pero que este tipo de coyuntura les sienta bien para polemizar sobre el orden social establecido. Pues acaso, ¿no es el momento adecuado para poner en cuestionamiento las reglas sobre las que estructuramos nuestras vidas? ¿Qué sector social debe ser el más solidario? ¿Cuál debe ser el rol del Estado frente a este contexto de libertades individuales contra bienestar común? ¿Cómo articular las diversas demandas sociales con las prioridades del Gobierno nacional?
Muchas de esas respuestas están en el punto donde se encuentran y coinciden Jean-Jacques Rousseau y Alberto Fernández: es necesario diseñar un nuevo contrato social para una nueva normalidad.
El modo que busca el presidente argentino para solidificar este pensamiento racional, se resume en la premisa anunciada en campaña y retomada en funciones de gobierno de “empezar por los de abajo para llegar a todos”. La manera de enfrentar la angustia y el temor ocasionado por una pandemia que repercute desde lo sanitario y con consecuencias negativas en lo económico y social, está en aplicar las medidas necesarias para afirmar las mejores certezas sobre la seguridad social, el cuidado de lo público, la intervención imprescindible del Estado, la construcción de un compromiso social y una consecuente responsabilidad ciudadana.
En consecuencia, desde el oficialismo se ha propuesto un proyecto de ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia” que recae sobre las grandes fortunas y se aplicará por única vez a las 12.000 familias más ricas del país, cuyo patrimonio supere los 200 millones de pesos. Es a través de una tasa progresiva que parte desde el 2% y llegando a un máximo de 3,5% para aquellas personas que acumulen más de 3.000 millones de pesos, con el fin de recaudar alrededor de 300.000 millones en moneda local que van a reforzar las arcas públicas.
Mediante la aprobación de este proyecto, el Gobierno nacional destinará los fondos recaudados a una afectación específica esquematizada en la siguiente imagen:
Si bien esta medida que promueve el Frente de Todos sirve como una herramienta tributaria excepcional que busca encaminar estos nuevos ingresos hacia los sectores más golpeados por la pandemia; es necesario encolumnar esta propuesta como la base fundante de un nuevo ordenamiento en el sistema tributario que contemple el principal argumento de la economía en donde los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, pero que a ese imperativo le agregue la progresividad teórica y práctica en donde los que más ganan son los que más deben aportar.
Al momento de redactar este artículo, el proyecto está siendo tratado en la comisión de presupuesto, pero requerirá posteriormente en la Cámara baja el apoyo de los diputados de los bloques opositores; ya que la creación de cualquier gravamen o aporte específico debe sancionarse con una mayoría especial de 129 votos positivos y de los cuales el Frente de Todos cuenta con 119 propios. De esta forma, el debate sobre el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas encuentra el inicio de su complejidad en la necesidad de articular un amplio consenso entre oficialismo y oposición; en donde va a ser muy interesante recoger los argumentos de propios y ajenos sobre los que se sostendrá la decisión de cada legislador de bajar o levantar el pulgar a su aprobación.
En conclusión, el avance de la pandemia expone públicamente una distancia social entre los que lograron acumular la riqueza necesaria para asegurar el bienestar de varias generaciones y aquellas familias que se acostumbraron a lidiar con necesidades insatisfechas y recursos limitados. Es por ello que se torna indispensable redactar las líneas fundantes de un nuevo contrato social en donde se exponga el diseño de un programa integral para reducir la desigualdad social y de ingresos; garantizar una comunidad donde lo colectivo prevalezca sobre lo individual y donde la igualdad no sea solamente aparente e ilusoria. Es decir, tener como horizonte la construcción de una nueva normalidad, que tome de Rousseau, la idea de que un Estado social sólo es ventajoso para sus habitantes “cuando todos poseen algo y ninguno de ellos tiene demasiado”.
