TRASPASO DE PRESIDENCIA
La toma de tierras y el desarrollo de asentamientos precarios no es un fenómeno nuevo en el país; más bien diría que comienza con la radicación de los primeros pobladores del Río de la Plata.
Sin embargo, no voy a arrancar, cómo es costumbre en todas las notas, contando el origen y analizando la raíz del problema. Para eso existe una extensa bibliografía de militantes sociales, funcionarios, sociólogos, arquitectos, trabajadores sociales y otros, que han abordado de manera brillante los procesos y las causas que nos han llevado a esta situación.
Por el contrario quiero centrarme en el problema político que hoy representa la escalada en la toma de terrenos y campos para nuestro gobierno y en un posible camino a transitar para garantizar el cumplimiento de dos derechos en pugna: el derecho a la vivienda y el de propiedad.
Quienes conocen el conurbano bonaerense y los conurbanos de las ciudades grandes y medianas de nuestro país, quienes por su tarea política o social están permanentemente en los barrios más humildes, saben que la situación habitacional es extremadamente compleja.
El hábitat, entendiendo el mismo como el conjunto de elementos y factores que determinan las condiciones de vida de una población, en muchos casos adolece de las condiciones mínimas indispensables para el desarrollo de una vida digna.
En el segundo y tercer cordón del conurbano es moneda corriente encontrarse con barrios enteros que no tienen servicios públicos o que los mismos son deficientes, se levantaron en zonas inundables, no tienen asfalto ni transporte público, no tienen plazas ni espacios recreativos, el espacio público está ocupado, vandalizado y/o deteriorado, no tienen instituciones educativas, sanitarias o deportivas, falta seguridad y prospera el narcomenudeo y el delito.
Y, a todo esto, debe sumarse el problema del hacinamiento. Las familias crecen, agregan una construcción en el fondo, siguen creciendo, agregan una construcción en una segunda planta, siguen creciendo y al final conviven 2, 3 o hasta 4 familias en un lote de 10 por 30.
Esta postal se multiplica por decenas de miles.
En muchos casos son familias pobres, con ingresos extremadamente escasos que les impiden ahorrar para un terreno; pero en muchos otros casos son familias laburantes que pueden afrontar un ahorro y, sin embargo, no pueden comprarse un terreno ¿Por qué? porque hay muy pocos terrenos a la venta y, obviamente, cuando un bien es escaso, su valor sube inmediatamente.
Frente a esta realidad las ciudades crecen al margen de la planificación y -en muchos casos- en las zonas grises de la ley. Ante la ausencia del Estado, el mercado asigna a cada uno su lugar.
Para muy pocos habrá lotes en las ciudades, con valores de entre 80 y 250 mil dólares.
Una franja en torno al 25% de la población, los sectores medios, comprará un lote en un country que en muchos casos no podrán escriturar por no contar con la ordenanza que permite la subdivisión, mientras que los medios bajos y laburantes harán lo mismo pero en una urbanización periférica.
Las ventas en condominios se ha disparado en los últimos años y si bien no es legal, tampoco es ilegal. Existe una zona gris que es abordada de distinta manera por cada Intendente de acuerdo a su criterio.
Pero más abajo están quienes no pueden comprar un lote. Lo único que pueden hacer es ocupar tierras o comprarle a la mafia de turno un pedazo de tierra ocupada.
El negocio de las tierras tomadas crece y se fortalece con las necesidades y en la mayoría de las ocupaciones hay que pagar para tener posesión de un lote (para ser justo debo aclarar que existen algunas autoorganizadas por los vecinos o por organizaciones sociales que no cobran a los ocupantes).
Estas mafias, orquestadas por delincuentes comunes, dirigentes políticos degenerados en extorsionadores, transas, ex policías y empresarios, construyen un negocio formidable que se nutre de los pocos o muchos pesos que le sacan a cada familia desesperada. Hoy, en el conurbano bonaerense, la posesión de una franja de tierra puede salir entre 5 mil y 100 mil pesos de acuerdo a la zona, el tamaño y -sobre todo- la probabilidad de ser desalojados. Obviamente, en una ocupación ya consolidada, incluso con algún servicio público tendido, los precios aumentan considerablemente.
Esta realidad resulta inexplicable si la contrastamos con la cantidad de tierra disponible. No estamos hablando del primer cordón del conurbano, distritos cómo Avellaneda, Lanús, Morón, Tres de Febrero o Vicente López, que realmente tienen poca tierra sin uso. Este fenómeno se da en distritos que tienen decenas, incluso cientos de kilómetros de zonas rurales y semirurales.
Sin ir más lejos, veamos el caso de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires. Según la ONG Techo, es el distrito del país con más asentamientos: entre 160 y 180. Sin embargo, es el distrito más grande del AMBA con 960 kilómetros cuadrados en los que más del 70% es rural o semirural. Paradójicamente, el negocio es que haya pocos lotes en venta.
La Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que fue sancionada el 29 de noviembre de 2012, otorga a los Municipios los instrumentos legales para la creación de suelo urbano a partir de la subdivisión de campos y grandes fracciones.
Sin embargo, cómo el crecimiento de las ciudades va mucho más avanzado que la agenda de los Concejos Deliberantes, la mayoría de esas tierras están en zonas que los códigos de ordenamiento urbanos impiden lotear. Por ello, cada loteo requiere una rezonificación y las rezonificaciones deben pasar por los Concejos.
Todos comprenden que las rezonificaciones, hechas en cuotas, implican una transferencia enorme de valor hacia los propietarios. Una hectárea, que puede tener un valor de 100 mil dólares, dividida en 35 terrenos de 20 mil dólares cada uno pasa a valer 700 mil dólares con la simple votación de los concejales. Este proceso de creación de suelo a cuentagotas genera un negocio multimillonario en el entorno del Intendente, de los Concejales y de los caminapasillos de las municipalidades. Más de una vez hemos escuchado “este tipo se va a hacer millonario, que se ponga”.
Ahora bien, si en vez de hacerlo en cuentagotas, liberando pocos terrenos por año, se hiciera a gran escala y a simple petición de los propietarios de los terrenos (siempre con los estudios de impacto ambiental y dentro de un plan de crecimiento ordenado), la sobreoferta de lotes haría bajar inmediatamente el precio. Si hoy en Florencio Varela, La Plata, Merlo o Escobar, sólo por mencionar algunos distritos, se pusieran a la venta 20 mil lotes en cada uno, se podrían comprar una parte de ellos por 5 o 10 mil dólares, perfectamente accesibles para una familia laburante.
Si bien esto no solucionaría el problema de aquellas familias que no tienen ninguna capacidad de ahorro, descomprimiría una franja cuantitativamente importante de demandantes de lotes.
Los detractores de esto dicen que de este modo se produciría un crecimiento exponencial de la mancha urbana hacia zonas semirurales: Bienvenidos a la realidad, eso ya está sucediendo de hecho.
La profundidad de la crisis económica y social es un combustible para las tomas. El Estado, que de por sí tiene tremendas limitaciones para controlar el territorio, comienza a emplear el 100% de su capacidad operativa en la comida y la seguridad. Queda poco margen para tratar otros temas y eso en los barrios se sabe. Los sectores populares tienen ese termómetro incorporado que les permite medir la capacidad de reacción del Estado y hoy esa cuenta les da que no hay fuerza para sacarlos de los terrenos ocupados. Entonces las tomas van a aumentar y mucho de acá a fin de año.
Esto para nosotros representa dos problemas graves. El primero, de índole social: en torno a las tomas se multiplican los problemas sociales, casillas precarias que se vuelan con un temporal, terrenos que se inundan, familias sin agua potable y sin luz, zonas sin transporte, conflictos violentos al interior de las tomas, derivación de móviles policiales para custodiar las mismas, etc, etc, etc.
El otro problema es político: la mayoría de la sociedad rechaza las tomas. La mayoría de los trabajadores tiene en su ADN la cultura laburante, la que le imprimieron sus abuelos bajados del barco o venidos del monte y la que fortaleció Juan Perón, enseñando que cada argentino debe producir al menos lo que consume y debe desarrollar su vida sin ofender ni alterar a sus conciudadanos.
Las respuestas tenue-progresistas, la lástima pequeñoburguesa y las declaraciones desafortunadas de distintos militantes o dirigentes de nuestro espacio sobre las tomas, y en algún caso, la participación en las mismas, envía la señal de que avalamos o amparamos la ocupación de campos y terrenos.
La oposición, apalancada en un sector de los medios de comunicación, va a amplificar la realidad, tergiversar los hechos, exacerbar los miedos y ahondar la grieta política y social para dejarnos parados del lado de los “usurpadores” de tierras.
El Peronismo debe dar una señal contundente de que no ampara ni promueve estos actos, a la vez que debe dar una señal contundente de que tomará las medidas necesarias para generar el suelo urbano que cada argentino merece y necesita. Además, en tiempos en los que se están poniendo de moda los “nuevos derechos”, revolucionario sería cumplir los “viejos derechos” consagrados en la constitución nacional.
Alberto ya tiene demasiados problemas como para que transformemos el conurbano en una bomba de tiempo. Ha demostrado que, como en el juego de los palitos chinos, va desarmandolos uno a uno con paciencia y cuidado. No se puede sacar los de abajo sin haber sacado primero los de arriba.
Podrán decir que va lento, que quien no tiene un terreno no vive dignamente y es cierto. Pero lo votamos para que conduzca y el que conduce ve las cosas desde arriba y tiene la libertad de ordenar el tablero para abordar cada cuestión a su debido tiempo.
