La Suprema Corte bonaerense incorporó la licencia laboral por violencia de género como derecho para sus trabajadoras. La medida fue celebrada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el gremio de los trabajadores del sector.

A través del acuerdo 3949, la Corte dio lugar a un reclamo que venía manteniendo desde hace tiempo la AJB y estableció una licencia por violencia de género de hasta 30 días para quien padezca una situación de estas características.

En la reglamentación, el organismo judicial también determinó que "los afectados podrán solicitar su traslado por razones de seguridad, a fin de preservar su integridad personal o familiar".

"Por violencia de género: quien se encuentre en cualquiera de las situaciones de violencia previstas en la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección Integral a las Mujeres) tendrá derecho a gozar de una licencia con percepción de haberes de hasta treinta (30) días, en forma continua o alternada, por año calendario, que podrá prorrogarse por hasta igual término cuando la gravedad del caso así lo amerite", señala la reglamentación publicada por la Corte.

La normativa sostiene que "licencia entrará en vigencia a partir de la fecha en que se solicite, debiéndose presentar una certificación emitida por alguno de los organismos judiciales o administrativos con competencia en la materia, o cualquier otro elemento probatorio que permita acreditar la situación planteada dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores".

Cabe recordar que la AJB sostuvo durante años la lucha por la regulación de la licencia, en consonancia con la exigencia de reglamentación de la ley 14.893 que lleva adelante el movimiento feminista a partir de su sanción en el año 2016.

“La regulación de la licencia por violencia de género es una conquista de nuestro gremio y en especial de las compañeras que se pusieron al frente de esta lucha por más de dos años”, expresaron desde la Secretaría de Género del gremio.

De este modo, la reglamentación de la licencia laboral por violencia de género torna efectivo en el ámbito del Poder Judicial el derecho consagrado en la legislación, pero omite avanzar sobre cuestiones que la AJB viene señalando como esenciales para su adecuada implementación.

En primer lugar, la AJB cuestiona que la regulación no se haya construido con la participación del sindicato en un ámbito paritario formal –como establece la normativa vigente en materia de negociación colectiva-, razón por la cual se perdió una oportunidad importante para analizar los aportes del proyecto integral de regulación de la licencia presentado por el gremio en 2017.

En esa línea, Débora Bertone, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la AJB expresó que “no necesitamos un programa sino la creación de un órgano en el ámbito de la Corte y de la Procuración General, tanto para el seguimiento de las licencias y el abordaje integral de cada caso como para el diseño e implementación de las políticas de género en el Poder Judicial. Dicho órgano debe estar integrado por la AJB, en tanto sindicato representativo de lxs trabajadorxs judiciales, conforme lo establece el art. 4 de la Ley 27.499 (Ley Micaela)”.