Se paralizó una importante obra del Polo Judicial de Olavarría que desencadenó en un nuevo chispazo entre la Suprema Corte de la Provincia y el gobierno de María Eugenia Vidal. Tras conocerse la suspensión de la construcción un edificio que albergaría oficinas de la Corte, fiscalías y una alcaldía, los jueces del máximo tribunal emitieron una Resolución para hacerle saber al Poder Ejecutivo que el normal funcionamiento de la Justicia se ve afectado por el ajuste presupuestario.

La noticia se conoció ayer cuando la ingeniera de la empresa a cargo de la obra (Bricons), Sylvabell Díaz Maimone, dijo que "se va a rescindir el contrato por falta de fondos y en un mes se va a desmantelar la obra". Además, aclaró que "desde Provincia se frenó, no desde Bricons".

El hecho causó un fuerte malestar dentro de la Suprema Corte bonaerense. Según una Resolución emitida ayer por sus miembros, "el Presupuesto General de la provincia de Buenos Aires, supuso para este poder una fuerte reducción en las partidas para dar continuidad a las obras gestionadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos".

Ademas, fueron directos al asegurar que la aprobación de la ley de leyes para 2019 encaminó a las obras a "su paralización desde el mismo momento en que el proyecto de presupuesto fuera remitido a la Legislatura provincial". Todo esto "a pesar del incremento solicitado por esta Corte", reza el escrito.

Díaz Maimone expresó ante medios de Olavarría que "sabíamos que el Poder Judicial había pedido una cantidad de dinero que no fue la que se le dio. Tuvo que elegir una de las obras y esta no fue". La obra comprendía unos 12.700 metros cuadrados y cuatro plantas. Según trascendió, el plazo de 720 días que se le dio a la obra se fue posponiendo y la corrida cambiaria de 2018 que provocó una fuerte devaluación más el recorte presupuestario sellaron el final de la obra.

El lema favorito de Vidal cada vez que recorre obras de infraestructura es "obra que empieza, obra que se termina". Esa premisa caducó en este año electoral, donde se priorizarán las obras redituables en términos electorales. El ámbito judicial no lo es.