El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó ayer la adhesión a la Ley Micaela, aprobada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2018, y los empleados y funcionarios de la administración provincial estarán obligados a capacitarse en temáticas de género.
El proyecto ya venía con media sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia y ayer consiguió la sanción definitiva en la Cámara Alta. El incumplimiento de la normativa prevé sanciones e imposibilidades de ascenso en la estructura provincial para el personal estatal.
Por otro lado, el senador de la sexta sección de Unidad Ciudadana, Federico Susbielles, pidió tratar en la próxima sesión un proyecto de ley para proteger a los tenedores de créditos UVA que hoy se ven afectados por la imposibilidad de pagar los préstamos producto de la alta inflación.
El pedido fue aceptado por todos los bloques y se tratará en la próxima sesión. El proyecto prevé que "las modificaciones que el Banco Provincia disponga en los valores de las cuotas calculadas para treinta días no podrán superar el 30% del ingreso neto declarado por los tomadores del crédito".
Además, propone que sea el Banco Provincia quien absorba la diferencia entre el Coeficiente de Variación Salarial y el valor del UVA fijado por el Banco Central cuando la diferencia actualizada entre ambos sea superior al 10%.
