La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) criticó la reforma del Fuero Penal Juvenil propuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal. En una conferencia de prensa que brindó la Comisión junto a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el padre Pepe Di Paola, manifestaron su preocupación porque la iniciativa va en una dirección punitivista.

Este planteo se basa en que el Ejecutivo provincial propone unificar las competencias de los Juzgados de Garantías del Joven con las de los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil. "El juez de garantías en el sistema de responsabilidad penal juvenil tenía la especificidad y especialidad de garantizar que se reconozcan, de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales, los derechos de los jóvenes” sostuvo Roberto Cipriano García de la CPM.

La Provincia busca modificar quince artículos de la Ley 13.634. Según sus fundamentos, esta reforma se sustenta en el "desigual caudal de trabajo que las estadísticas arrojan respecto de los actuales Juzgados de Garantías del Joven con relación a los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil, siendo el número de causas mucho mayor en los primeros". Sin embargo, los organismos de derechos humanos desmintieron esa premisa.

Los procesos iniciados en el Fuero Penal Juvenil "pasaron de 3.317 en 2014 a 2.452 en 2017. Es decir que disminuyó casi un tercio el trabajo de los jueces de garantías, lo que hace caer el principal argumento que sustenta la reforma", reza un documento de la CPM. Además, sostuvieron que "son muy pocas las fuentes consultadas".

“El sistema de promoción y protección de derechos debe crecer para proteger a los jóvenes vulnerables. Si esos derechos se garantizan, el sistema de responsabilidad juvenil estará mucho menos presente” sostuvo Cipriano García. Es ese mismo sistema el que se ve afectado con esta reforma, según alertaron, porque "el juez de garantías en el sistema de responsabilidad penal juvenil tenía la especificidad y especialidad de garantizar que se reconozcan, de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales, los derechos de los jóvenes”, agregó.

Por otra parte, el defensor pena juvenil e integrante del foro de niñez de la Provincia, Ricardo Berenguer, reflejó que "esta reforma es parte de una política punitivista que ya se viene realizando en los barrios populares” y agregó que "en los hechos, hay condiciones que ya vienen menguando las garantías de los jóvenes". "Avanza la lógica de las rejas por sobre las actividades de reinserción" culminó.

En la misma sintonía se expresó el Padre Pepe di Paola al decir que "en las villas, cuando los jóvenes salen de los circuitos de contención, la justicia aparece para caer con todo el rigor penal” y alertó que "esta reforma cristaliza aún más la vulneración de los pibes de nuestros barrios”.

Por último, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo que la reforma es inconstitucional y que sólo sirve para "seguir castigando y confirmar que ellos tienen mano dura".

En un documento firmado por Cipriano García y Adolfo Pérez Esquivel, la CPM propuso a los senadores provinciales que lo que se debe resolver son los problemas centrales presentes en el sistema penal juvenil. Entre ellos, enumeraron "el uso desmedido del juicio abreviado, la utilización arbitraria de las medidas de seguridad para encarcelar jóvenes no punibles y la falta de recursos o programa para la aplicación de medidas alternativas al encierro".