"Involucrar a las fuerzas armadas en seguridad interior es desprofesionalizarlas y poner en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos", señalaron un conjunto de especialistas en un documento elaborado contra la intención del gobierno nacional de recurrir a las FF.AA en temas internos. El escrito fue firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Grupo Convergencia XXI y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia.

En Argentina existe un esquema legal e institucional que fija el control político civil de las fuerzas armadas, la separación entre seguridad interna y defensa y la prohibición de que intervengan en asuntos internos. Así, el rol de las fuerzas armadas es la defensa contra agresiones externas de otros estados. Pero ante el argumento de las "nuevas amenazas", el gobierno nacional pretende darles funciones en seguridad interior.

Para ello, debería derogar el decreto 727/6. Según los especialistas que elaboraron el documento, "de prosperar esta iniciativa acabaría con la demarcación estricta entre las cuestiones de defensa y seguridad". "Otorgar a los militares tareas propias del campo de la seguridad que ya están asignadas a cuatro fuerzas federales desvirtuaría el rol profesional de éstas y sería una decisión poco racional desde la perspectiva del gasto público y la organización general de la administración estatal", agregaron.

Sostuvieron que la posible derogación del decreto en cuestión "debilita la defensa nacional". Este planteo se basa en tres ejes de la política de Defensa de Cambiemos: en primer lugar, "se tomaron decisiones que se orientan a debilitar o a transgredir el principio de demarcación entre la seguridad y la defensa"; por otra parte, "se tomaron decisiones que debilitaron la conducción civil de las Fuerzas Armadas y al ampliar su margen de autonomía se trastocó uno de los pilares fundamentales del sistema político argentino"; y, por último, apuntaron contra los discursos oficiales que "desdibujan la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado".

También apuntaron que el intento de crear un "enemigo interno", "tiene consecuencias que ponen en riesgo el gobierno civil de las fuerzas armadas y la vigencia de los derechos humanos". "Esta voluntad de expandir las misiones de las Fuerzas Armadas es acompañada de una retórica que vincula al narcotráfico y al terrorismo con actores internos de muy diversa índole y que en el pasado ha sido funcional a la deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno", añadieron.

Por último, exigieron un debate público sobre las misiones de las fuerzas armadas, sobre el presupuesto que se debe destinar y rechazaron la intención de "policialización" de los militares.