Según la ley 10.592, de Régimen jurídico básico e integral para las personas con discapacidad, establece que su objetivo será que el Estado provincial "procurará eliminar las desventajas que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral". Sin embargo, los casos en la práctica demuestran que la ley no se cumple y quienes cumplen las condiciones para que el Estado bonaerense les garantice un trabajo pueden pasar años a la espera de que el expediente recorra los caminos necesarios para que se garanticen los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

El artículo 8 de la ley establece que "el Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas".

Un ejemplo de este incumplimiento es el de Carla Vanina Cirillo. Padece hipertensión pulmonar, que es una enfermedad terminal y de discapacidad visceral, "por suerte controlada", según sus palabras. Carla exige el cumplimiento de la ley desde el 2014. Ese año fue ingresada al sistema de colocación laboral.

Cirillo contó a este portal que, por su enfermedad, la oxigenación de la sangre no es la adecuada por lo que el desgaste y agotamiento es considerablemente mayor al del resto de las personas. No puede sostener físicamente un trabajo de muchas horas y el Estado tiene la obligación, por la ley antes mencionada, de garantizarle el acceso al trabajo.

El expediente de Carla Cirillo ingresó recién en octubre pasado al Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA), dependiente del ministerio de Infraestructura de la Provincia. En febrero este organismo se disolvió, junto con el cargo que estaba destinado a ella. OCABA fue absorbido por la Autoridad del Agua (ADA). Según las palabras de Cirillo, "el puesto que ´ya estaba por salir´ (según funcionarios provinciales) se disvolvió al igual que el organismo".

El martes 22, Cirillo realizó una protesta en la entrada de la Autoridad del Agua bonaerense para exigir el cumplimiento de la ley 10.592. En conversación con Política&Medios, Cirillo contó que "sólo en la Autoridad del Agua hay 12 casos más de incumplimiento, algunos con más antigüedad que el mío". Además, pidió una reunión con el presidente de ADA, Pablo Rodríguez, y le envió una carta a Vidal pero hasta el momento no ha obtenido respuestas satisfactorias.