Se cumplieron dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, luego de una feroz represión de Gendarmería a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen, provincia de Chubut. Dos meses también es lo que lleva el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullirch, redoblando esfuerzos para que las culpas no caigan sobre la actuación de Gendarmería.

El 16 de agosto Bullrich realizó su primera aparición pública, en el Senado de la Nación, para dar explicaciones sobre el caso Maldonado. En aquel entonces, proliferaban las pistas falsas que surgían de los medios de comunicación que intentaban desviar la investigación sobre Gendarmería. Ante la Cámara Alta, Patricia Bullrich hizo hincapié en no descartar ninguna hipótesis y en no generar bandos opuestos en torno a la búsqueda de Santiago. Sin embargo, por aquellos días el gobierno se negaba a hablar de desaparición forzada y calificaba al hecho como "persona extraviada".

Lo notable de dicha exposición fue la protección política que Patricia Bullrich hizo a la fuerza de seguridad cuando arengó que lo más fácil era "tirar un gendarme por la ventana" y que "me la banco yo". Estos disparates que, por un lado, emitía el gobierno, junto con la información basura que a diario publicaban los medios de comunicación afines al oficialismo se daban en el marco del secreto de sumario del expediente.

Una vez que este se levantó y las partes pudieron acceder a la causa se comprobó lo esperado: no se había avanzado en nada sobre la investigación. A todo esto, había trasncurrido un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y no se habían tomado medidas fundamentales. Una de ellas, la pericia de los teléfonos de todos aquellos gendarmes que habían participado en la represión a la comunidad mapuche.

Después se supo que dicha pericia podría haber salpicado al por entonces juez de la causa, Guido Otranto, y al número dos y jefe de gabinete de Bullrich, Pablo Noceti, a quien se pudo ver el mismo día de la represión en Esquel, junto a gendarmes. Además, en los últimos días se comprobaron reuniones entre Noceti y jefes de Gendarmería en las cuales habrían planificado los operativos. "Con los mapuches no tenemos nada que dialogar. Lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos" había manifestado el también defensor de genocidas en juicios por delitos de lesa humanidad.

Luego de que el juez Otranto manifestara ante un medio de comunicación que la principal hipótesis era que Santiago Maldonado se había ahogado en un río de un metro y medio de profundidad, la querella pidio su apartamiento y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia lo recusó por realizar una investigación parcial.

La pericia de los teléfonos llegó tarde pero empezó a mostrar evidencias que complican cada vez más a Gendarmería. También se pudo comprobar que Noceti alertó a la fuerza implicada que la Policía Federal iba a peritar las camionetas utilizadas durante el operativo. Tras esto, los vehículos aparecieron lavados y sin la faja de seguridad.

Durante todo este periodo, el gobierno fue modificando su discurso a medida que las pruebas que salían a la luz hacían que la única hipótesis que siempre se mantuvo firme fuera la de desaparición forzada. Primero no había sido Gendarmería. Luego el argumento fue que a "dos gendarmes se les pudo haber ido la mano", para no culpar a la totalidad de la fuerza. La pregunta que surge es que si fueron dos gendarmes ¿Qué pasó con el cuerpo?

Ayer, más de cien mil personas se movilizaron bajo la lluvia a Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Otra vez se registró la participación de personas que intentaron generar desmanes para transformar en violenta una manifestación que viene siendo pacífica. Los organismos internacionales de derechos humanos volvieron a poner la vista en el país luego de cuarenta años y ahora tendrán más tarea ya que el gobierno quiere volver a meter presa a Milagro Sala, en contradicción con lo resuelto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.