Representantes del Sindicato Químico de Zárate y delegados de Atanor en Baradero y Quipro y Carboclor de Campana, junto con los legisladores del Frente para la Victoria y el defensor del Pueblo Guido Lorenzino, se dieron cita en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, con proyecto para exigirle al gobierno bonaerense, al igual que las pymes, que tome medidas urgentes para el sector.

Mientras desde el gobierno nacional, Marcos Peña anunció la reactivación de la economía y un crecimiento de la empleo, la industria química está en crisis. Esta semana, Carboclor inició un proceso de restructuración poniendo en jaque el trabajo de sus operarios. “En este plan planean quedarse con la parte logística y cerrar sus plantas, dejando así aproximadamente 80 trabajadores en la calle” explicó Norberto Lugo, delegado del Sindicato de Químicos.

En el mes de enero, los trabajadores de esta firma, ante la amenaza del cierre de la empresa, resignaron el 35% de su sueldo. A pesar de esto la empresa anunció su cierre. “Nos mintieron en la cara, nos enteramos la noticia de que quieren dejar 80 compañeros en la calle” sostuvo Lugo.

Atanor en tanto cerró sus puertas en febrero. A raíz de esta situación intervino el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con al menos cinco audiencias pero sin el resultado esperado por los trabajadores.

“El Ministerio prestó una mesa solamente para un diálogo y estuvo más del lado de la empresa que de los trabajadores” sostuvo Carlos Felipon, delegado de esta empresa y Prosecretario Gremial del Sindicato Químico.

En ese sentido, el diputado Marcelo Torres destacó que desde el gobierno bonaerense “han convertido al ejecutivo en una escribanía de los grandes sectores económicos” .

La planta de Quipro en tanto, venía trabajando con normalidad pero un dia los trabajadores al ingresar a la fábrica se encontraron con que estaba cerrada. Al igual que en Atanor, se informó al sindicato y se recurrió a las autoridades provinciales.

“El Ministerio se comprometió en darnos la solución para que cobremos la indemnización y conseguirnos un trabajo en la zona. Hasta el día de hoy continuamos en la puerta de la empresa hace ocho meses” explicó Santiago Lucero, delegado de esta planta.

“El Ministerio de Trabajo, que debe preservar y resguardar los derechos del trabajador, no lo está cumplimiendo para nada” denunció Néstor Carrizo, tesorero del Sindicato de Químicos. La cartera laboral “parece una escribanía al servicio de los empresarios” agregó.

Los trabajadores explicaron que se ven castigados ante la apertura de importaciones en un mercado donde las empresas apuestan a importar y no a la producción.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino también participó de actividad y señaló que desde este organismo son “muy críticos respecto a lo que está sucediendo en el sector químico por eso apoyamos esta iniciativa legislativa”.

“Los empleos formales, que cada vez en el mundo que vivimos cuestan más, en Argentina se están derrumbando por decisión del gobierno de manera rápida” explicó Lorenzino y agregó “hay una decisión de un gobierno que no apuesta al mercado interno, por lo tanto no apuesta a los trabajadores de esas empresas”.

La iniciativa legislativa no sólo propone visibilizar la problemática sino que pone en cuestión el rol que ha tenido hasta ahora el Ministerio de Trabajo.

“Queremos que con este proyecto de Ley se discuta este tema y que se ponga a la banca del Estado de la provincia de Buenos Aires en función de sostener la actividad económica” comentó Torres.

“La emergencia le permite al poder ejecutivo reasignar los recursos necesarios para paliar esta situación” sostuvo la legisladora Valeria Amendolara y a la vez explicó que propone pensar en beneficios impositivos para el sector.