Despidos masivos en el ámbito público y privado, promoción y puesta en marcha de un nuevo protocolo para reprimir, persecución ideológica, detenciones ilegales, clausura de espacios culturales, censura de murales, son algunos de los ejemplos que ilustran la violencia que ejerce el Estado a diario. En poco más de cien días, el proyecto político encabezado por el presidente Mauricio Macri ha dejado bien claro cuál será el rol de Estado frente a la violencia política y la violencia institucional.

Esta situación se suma a la reducción de la presencia del Estado en los barrios, a la eliminación de las políticas sociales argumentando "la necesidad de reducir el gasto público para equilibrar las cuentas" , al aumento de las tarifas, a la devaluación, a la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía,. Estas decisiones políticas van generando reacciones en los sectores trabajadores, estudiantiles y desocupados que no quieren perder derechos.

Pero no son las reacciones de los secores populares las que generan violencia, por el contrario, es el mismo Estado el que comenzó a accionar con violencia contra distintos grupos políticos, censurando voces opositoras en los medios nacionales, reprimiendo a trabajadores; habilitando de alguna manera, la reacción de otros grupos que atacan locales políticos y a sus militantes o adherentes. El estado, conducido por Mauricio Macri, está generando un clima de violencia política cuya condición estigmatizante se da por la filiación político partidaria.

Lentamente, se va construyendo un clima de violencia política, un clima de revancha, en donde hay una responsabilidad del discurso oficial. El discurso violento que estigmatiza a la militancia provoca en algunos individuos un aval que los empuja a cometer estos actos, dado que se estigmatiza a la militancia asociándola a vagos, ñoquis, corruptos, que llegan al Estado para tomarlo como botín. Hay ministros que hablan de la grasa militante como algo que hace daño y que hay que eliminar.

Si bien, en los últimos años, se produjo un avance en el tratamiento de la violencia estatal a partir de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que por estos días celebra los 4 años de existencia y se creó la Procuraduría de Violencia Institucional, el rol que le otorga el gobierno de la alianza Cambiemos a la PROCUVIN es casi nulo.

Hechos que se repiten. Ataques a locales partidarios

La puerta de vidrio ubicada en la entrada de la sede del PJ La Plata fue destruida en la madrugada del lunes 9 de mayo. “Este ataque se enmarca en otros similares sufridos por nuestra sede partidaria constituyéndose en una ola de violencia política inusitada solamente vista en los años más oscuros de nuestra historia como nación”, expresó el Partido Justicialista de La Plata en un comunicado oficial.

Durante la madrugada del 27 de abril, la Unidad Básica "Irreversible" de La Cámpora en Parque Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires, recibió dos impactos de bala.

Estos hechos se suman al ocurrido el 27 de febrero, día en que la misma Unidad Básica recibió un impacto de bala con personas en su interior.

Este episodio se suma a los ocurridos el 5 de marzo en Mar del Plata, en los que otra Unidad Básica de La Campora recibió 4 impactos bala, como así también a los disparos de armas de fuego recibidos por dos jóvenes presentes en la inauguración de un espacio de Nuevo Encuentro, al día siguiente, en la Ciudad de Buenos Aires.

A los numerosos ataques a militantes y locales partidarios kirchneristas se suma el caso de Facundo Ballesteros, concejal del Frente para la Victoria de San Andrés de Giles cuya casa fue allanada por la justicia y la policía, y el de Lautaro, de 17 años, militante secuestrado y torturado en la localidad de Miramar. La persecución ideológica ha llegado a tal extremo que una de las principales dirigentes políticas a nivel nacional, Milagro Sala, permanece detenida ilegalmente.

La semana pasada la semana de la asamblea de la Comuna 4 de Caba terminó con un joven del FpV hospitalizado luego de que un militante del Pro le clavara una faca en el cuello.

Represiones a trabajadores despedidos

El 22 de diciembre de 2015, Gendarmería Nacional reprimió con disparos de balas de goma y carros hidrantes la protesta de los operarios de la avícola Cresta Roja que bloqueaban la autovía en el acceso al aeropuerto de Ezeiza, donde al menos una persona fue detenida y varias resultaron heridas.

El intendente de la Plata, Julio Garro, inauguró su gestión dejando a miles de cooperativistas y empleados municipales sin continuidad laboral y reprimiendo con balas de goma, en el mes de enero, a los trabajadores que protestaban frente al palacio municipal.

El gremio de trabajadores de establecimientos educativos y de minoridad SOEME denunció el uso de armas eléctricas en la represión de una manifestación en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires por parte de la policía bonaerense y por orden del gobierno de María Eugenia Vidal.

En Santiago del Estero, en el mes de marzo la marcha docente convocada por los gremios de esa provincia que contó con la presencia de más de 10 mil docentes, en reclamo por aumentos y blanqueos salariales, varios manifestantes resultaron heridos, y hubo dos detenidos como resultado de la represión de la policía santiagueña.

Estas decisiones se toman en sintonía con el gobierno nacional. Haciéndose eco del modelo neoliberal que no puede llevarse a cabo sin desplegar de forma sistemática estrategias represivas

Censuras

Tal como lo informó Politica y Medios esta semana el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ordenó tapar un mural en el que figuraban Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el CIC de Arrecifes http://www.politicaymedios.com.ar/nota/8589/carolina_stanley_ordena_borrar_murales_de_cristina_en_los_cics/

Lo mismo ocurrió este sábado cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al mando de Rodriguez Larreta, otro funcionario Pro, ordenó suspender la confección de un Mural por la Libertad de Milagro Sala. Las organizaciones se encontraban convocadas en Parque Centenario para comenzar con la campaña “100 murales por la libertad de Milagro Sala y tendría sus réplicas en el resto del país, con la consigna “Milagro Sala presa política”.

La Policía Metropolitana impidió que se siguiera pintando la esquina elegida. Por el reclamo, tomó intervención la fiscal Daniela Dupuy. Si bien desde las organizaciones intentaron seguir adelante con la actividad, finalmente se vieron obligados a cancelarla, ya que la fiscal, en lugar de realizar un “acta de contravención” como se presumió en un primer momento, decidió librar una “orden de detención por el delito de daño al patrimonio de la ciudad”.

Poder económico y poder judicial

“La protesta social emerge como un derecho fundamental y colectivo de nuestro pueblo, para lo cual es necesario promover y proteger su reconocimiento y regulación” argumentan desde la Campaña Contra la Violencia Institucional.

Pero esta nueva era no sólo reactualiza formas represivas de los momentos más oscuros de nuestra historia, sino que también formaliza y normativiza el ejercicio de la violencia institucional. El nuevo gobierno apuesta a desarticular el tejido social liberando el uso de la fuerza sin ningún tipo de control judicial.

El poder económico sabe que los trabajadores son su freno para el enriquecimiento y el poder judicial está avanzando para condicionar al conjunto de la institucionalidad argentina haciendo día a día más débil al poder político.

En este marco, el refugio que los sectores humildes es la organización colectiva y solidaria. Efectivamente, el poder economico y politico neoliberal que pretende destruir toda organización colectiva, porque en el germen de la organización popular está la posibilidad de tener una vida más digna y una sociedad más justa. Por ello reprimen, censuran, amenazan. Por ello, Milagro Sala sigue ilegalmente presa.