Desde octubre de 2025, el Senado mantiene en pausa un proyecto clave sobre prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero permanece empantanada en la Cámara alta pese a que apunta a un fenómeno que golpea con fuerza creciente a adolescentes y jóvenes.
El dictamen aprobado a fines de 2024 en Diputados establece fuertes límites a la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas. La norma busca atacar una problemática extendida en todas las edades, con especial foco en menores y jóvenes, y cuenta con el respaldo explícito de distintas instituciones, entre ellas la Iglesia.
En el Senado, la Comisión de Salud que preside la kirchnerista Lucía Corpacci organizó reuniones informativas durante el último período legislativo. Sin embargo, según admiten en despachos parlamentarios, esos encuentros no se tradujeron en avances concretos para llevar el expediente al recinto. Oficialismo, peronismo y aliados evitaron dar el paso final.
El recorrido administrativo fue deliberadamente lento. La complejidad del proyecto -por la multiplicidad de áreas que abarca- dificultó el giro a comisiones y la conformación de un plenario. A eso se sumó la presentación de cerca de veinte iniciativas alternativas por parte de senadores, una maniobra que, en la práctica, contribuyó a enfriar el debate. Llamativamente, varias de esas propuestas surgieron desde el propio kirchnerismo.
La Iglesia juega un rol activo en la presión para que la ley avance. Desde el Episcopado hubo pronunciamientos públicos en favor de la regulación. La vicepresidenta Victoria Villarruel acompañó con algunos retuits, aunque en ámbitos eclesiásticos esperaban una señal más enfática.
El corazón del texto aprobado en Diputados está en su artículo 8, que impone restricciones severas a las empresas de ciberapuestas. Se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas online en plataformas digitales, redes sociales, medios audiovisuales y gráficos, así como en cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público.
La prohibición alcanza también a la indumentaria deportiva, camisetas de fútbol y espectáculos masivos. Incluye, además, el “emplazamiento de producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro”, una cláusula pensada para anticipar nuevos formatos tecnológicos.
El artículo fue aprobado en la Cámara baja por 134 votos contra 32. Solo se permite publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y agencias de lotería habilitadas.
La iniciativa también bloquea el acceso de menores a plataformas digitales de apuestas y establece penas de tres a ocho años para quienes organicen o administren sistemas de captación de juego sin autorización de la jurisdicción correspondiente.
El carácter restrictivo de la norma abrió discusiones sobre los límites del Congreso en materias que tradicionalmente orbitan en la órbita provincial. Quienes impulsaron el proyecto replican que la regulación se enmarca en una cuestión de salud pública, lo que habilita la intervención del Poder Legislativo nacional.
Las cifras explican la urgencia. Según distintos informes, ocho de cada diez adolescentes y jóvenes “accedieron o conocen a alguien que ha ingresado a páginas o apps de apuestas online en el último año”. De ese universo, el 37% ingresa “muy seguido o todos los días”.
Con el expediente inmovilizado en el Senado, la pregunta ya no es técnica sino política: cuánto tiempo más puede el Congreso postergar una regulación que, según sus impulsores, busca frenar una adicción en expansión.