El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó lo que en los despachos oficiales venía analizándose en voz baja: la Argentina regresará al mercado internacional de deuda para cubrir compromisos inminentes. La herramienta elegida será la colocación de bonos a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029, y una tasa del 6,5 por ciento.

La movida busca hacer frente a un vencimiento particularmente pesado. El próximo 9 de enero, el Estado argentino debe desembolsar alrededor de 4.200 millones de dólares entre capital e intereses de distintos bonos de la deuda pública nacional. Hoy, esas divisas no están disponibles en las arcas oficiales.

Para justificar la decisión, el Ministerio de Economía explicó que la operación se enmarca en un cambio de estrategia financiera. “El Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”, señalaron desde la cartera.

El argumento de fondo es evitar que el pago de la deuda impacte sobre las reservas del BCRA, uno de los activos más sensibles -y escasos- del esquema económico actual. En esa misma línea, Economía agregó que “el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

En los hechos, se trata de tomar nueva deuda para cancelar compromisos anteriores. Una refinanciación clásica, aunque envuelta en el discurso del “fortalecimiento del balance” y la “acumulación neta de reservas”, dos conceptos que el Gobierno utiliza de manera insistente para sostener su narrativa de orden y previsibilidad.

La decisión confirma también la alternativa que ya se barajaba en distintos círculos económicos: ante la falta de ahorro genuino en dólares y la imposibilidad de generar divisas suficientes en tan corto plazo, la administración libertaria optó por volver al crédito externo.

El propio comunicado oficial lo explicitó sin demasiados rodeos al detallar el destino de los fondos: “El resultado de la licitación, irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026”. Es decir, no habrá nuevos proyectos ni expansión de gasto: el dinero se usará, básicamente, para tapar un agujero anterior.

Esta jugada se produce en un contexto de fuerte ajuste fiscal, caída de la actividad y señales ambiguas respecto de la sostenibilidad del programa económico en el mediano plazo. La vuelta al mercado aparece, así, como una válvula de escape transitoria más que como una solución estructural.

Mientras tanto, el Gobierno buscará mostrar la operación como una señal de confianza por parte de los mercados. Sin embargo, en la práctica, implica que la Argentina vuelve a caminar por la cornisa conocida: endeudarse para ganar tiempo, postergando hacia adelante un problema que todavía dista de estar resuelto.