Jueves 13 de agosto de 2020
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EDITORIAL | 23.20.2020

La polémica en torno a la legítima defensa exige un urgente abordaje de la inseguridad

En los últimos días, dos casos de delincuentes asesinados por sus víctimas de robo reavivaron la eterna polémica por el uso de armas de fuego para defensa personal. En el centro de la escena, la necesidad imperiosa de una lucha eficaz contra el ilícito.

 

Como cada vez que ocurre un crimen bajo estas condiciones, los recientes casos donde víctimas de robo asesinan al ladrón que los ataca, encendieron las discusiones sociales en torno a la legítima defensa y sus límites.

Puntualmente, el pasado 17 de julio en horas de la madrugada, un adulto mayor que había sido asaltado y brutalmente golpeado en su domicilio, alcanzó a dispararle a uno de sus agresores, rematándolo cuando se encontraba en el suelo. En la noche de este miércoles, un hombre de 81 años de edad mató de un escopetazo a un delincuente de 27 años, mientras ingresaba a su domicilio.

Por si fuera poco, otro fatal hecho tuvo lugar en Ingeniero Maschwitz, Partido de Escobar, en la mañana del día de ayer. Un comerciante de 69 años fue encontrado en su casa asesinado a golpes y atado.

Mientras por estas horas los teclados arden en discusiones acerca de los límites de la Ley en torno a la legítima defensa, y los difusos límites entre lo justo y lo legítimo, el problema de la inseguridad cobra un rol protagónico, desplazando por momentos a la pandemia y la emergencia económica.

Lo cierto es que el ilícito prolifera. La violencia se reproduce, y los discursos sociales comienzan a coquetear con una especie de ley de la selva, donde se salva el más fuerte.

"Hay una relación directa del delito con la exclusión y la desigualdad, no con la pobreza. Por eso hay que tener una mirada integral de las políticas de seguridad", expresó ayer el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Mientras el acento de la discusión se pone sobre si se defiende al delincuente o a la víctima, en estériles intercambios que habitualmente transcurren por vías paralelas hasta perderse por cansancio, pocas son las voces que apuntan a la raíz del problema.

En ambos siniestros, los delincuentes habían salido de la cárcel recientemente (en el caso de Mar del Plata, “hace pocos días”, según informó el fiscal Fernando Castro). Las cárceles no reforman, ni reinsertan: en general, terminan operando como dispositivos de perfeccionamiento en el universo del ilícito, aunque existen excepciones muy concretas, que no deben ser invisibilizadas.

Mientras el castigo por delinquir implique entrar en un sistema que hace más por perpetuar la realidad de los internos, que por transformarla, será difícil combatir la inseguridad.

Para peor, el contexto socioeconómico es crítico. Con una crisis agudizada a lo largo de cuatro años muy difíciles para las clases populares, una pandemia global viene a profundizar la problemática de la pobreza y el hambre. Y no hay que ser un experto en criminología para deducir que, a mayor miseria, más gente se ve empujada a conseguir los medios de subsistencia por vías ilegales.

“Inseguridad es pasar hambre”, reivindican muchos colectivos asociados a los Derechos Humanos.

Y efectivamente, la descomposición del tejido social, la profundización de la pobreza, ineludiblemente nos llevará a mayores niveles delictivos. Muchos que salen, quizás por primera vez, a hacerse de recursos para poder darle de comer a su familia, podrían correr la misma suerte que los dos jóvenes asesinados en los últimos días.

La policía en la puerta de la casa del marplatense que mató al ladrón que intentaba ingresar.

Sin recomponer el tejido social, combatir la inseguridad es una utopía.

Por otro lado, el hartazgo de amplios segmentos sociales es comprensible. Vivir en algunas regiones, habitualmente metropolitanas, se ha tornado una pesadilla para los habitantes. La hija del jubilado que mató al ladrón en Quilmes contó que el asalto que terminó con la vida de uno de los perpetradores había sido el tercero en un mismo día, coronado con brutal paliza.

Se tornará imprescindible administrar la impaciencia de quienes sólo piden vivir en paz, para evitar que se multipliquen los discursos y las prácticas beligerantes entre la ciudadanía.

Por lo pronto, la Ley debe ser cumplida. La proliferación de armas de fuego entre civiles no soluciona la problemática de la inseguridad, ni mucho menos la de la violencia. Con mirar bien al norte del continente basta para reconocerlo.

Pero las autoridades deben comprender que las expresiones de apoyo a los denominados “justicieros” incluso por medios de comunicación masivos, son síntomas. Hay un aviso de que la paciencia social tiene límites, y que esos límites están cerca.

Será necesario un urgente y serio abordaje de la cuestión de la inseguridad desde todas las aristas posibles, y debe ser percibido por la población. Fundamentalmente aquella que, encolerizada, intenta legitimar reacciones que se encuentran al margen del marco legal que nos rige, y abonan a una dinámica social que tiende al incremento de la violencia.