El artículo 1 de la ley 7722 original, la norma que vuelve a estar en vigencia, prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, y “otras sustancias tóxicas” en la actividad minera.
El artículo 3 establece que cualquier proyecto minero debe ser evaluado previamente en la Legislatura.
Antes de comenzar con cualquier iniciativa, las empresas deberán conseguir que el Gobierno apruebe una Declaración de Impacto Ambiental. Quedan incluidos todos los pasos, desde la exploración hasta la explotación.
La ley fue sancionada en 2007. La Suprema Corte ratificó su constitucionalidad luego de una década, en noviembre de 2017. Este año fue modificada a través de la ley 9209. Pero ese cambio fue revertido esta mañana.
Vale aclarar que la ley 7722 no regula el uso del recurso hídrico ni extiende su alcance más allá de la minería. O sea: es una ley que evita aumentar la presión sobre el recurso hídrico al introducir otra actividad extractiva que compita con el resto. Restringe en la práctica, centralmente, a la minería a cielo abierto de yacimientos de metales diseminados, que utilizan para su explotación sustancias químicas.
COMUNICADO DEL FRENTE DE TODOS
— Frente de Tod☀️s Mendoza (@TodosMza) December 26, 2019
Solicitamos al Gobernador @rodysuarez la derogación de la Ley 9209 para poder empezar el diálogo desde foja cero.#Mendoza pic.twitter.com/nETyOeCOTQ