Miércoles 21 de agosto de 2019
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POLITICA | 23.19.2019

Piden investigar a Macri por supuestos negociados en los peajes

El Presidente, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ex ministro de Energía, Javier Iguacel, fueron imputados por un acuerdo entre el Estado y Autopistas del Sol. La maniobra habría generado una ganancia de 499 millones de dólares la empresa del Grupo Macri.

El fiscal Carlos Stornelli requirió investigar y solicitó medidas de prueba en relación a una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto por supuestas irregularidades en un contrato entre el Gobierno nacional y la concesionaria Autopistas al Sol (Ausol).

En este contexto,  los denunciantes estimaron que la maniobra le generó a la empresa del Grupo Macri una ganancia de 499 millones de dólares. El fiscal también pidió que se investigue un acuerdo similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, por 245 millones de dólares.

Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

En los hechos, el pedido de la fiscalía al juez Rodolfo Canicoba Corral implica la imputación de los funcionarios denunciados: el presidente Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, así como otros directivos de Ausol.

Entre las medidas solicitadas por Stornelli se cuentan el secuestro en la sede de la Dirección Nacional de Vialidad, de todos los antecedentes de los contratos de concesión de los accesos desde su adjudicación, de la intervención administrativa de Ausol, del expediente originado en la presentación administrativa de Abertis el 11 de agosto de 2015 y de los procedimientos que derivaron en el dictado de los decretos 607/18 y 608/18.

El fiscal también requirió el secuestro de todos los informes relacionados con el caso elaborados por la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, y de todos los antecedentes que obren en la Procuración General del Tesoro respecto de la demanda iniciada ante el CIADI por parte de Abertis, firma controlante de Ausol.

Tailhade señaló que aquella presentación ante el CIADI "sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo".

Ausol fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones, luego de que aumentaran 400%, y en medio del proceso de "arreglo" con el Estado Nacional.