Se realiza la segunda audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el posible desembarco de Farmacity SA en territorio bonaerense. La firma que tiene como uno de los principales accionistas al ex vice jefe de Gabinete, Mario Quintana, pretende ingresar al mercado farmacéutico bonaerense como sociedad anónima pero enfrenta a la ley N°10.606 de la Provincia que prohíbe que dicha sociedad brinde el servicio de farmacia.

El planteo de Farmacity SA es que la norma provincial resulta contraria a las disposiciones de la ley 17.565, que regula la actividad farmacéutica a nivel nacional, y el decreto nacional 2284/1991 de Desregulación Económica. También consideran que infringe varios artículos de la Constitución Nacional.

Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) advirtieron que el ingreso de Farmacity SA al territorio bonaerense implicaría poner en juego "el modelo sanitario de farmacia, el concepto de medicamento (bien de consumo o bien social), el concepto de paciente (paciente o consumidor) y la autonomía de las provincias en materia de leyes de Salud y del manejo de las profesiones".

Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Isabel Reinoso, sostuvo que "me cabe la responsabilidad de exponer como presidente del Colegio sobre el trabajo diario de miles de colegas en cada farmacia, el servicio a los pacientes, el aporte profesional, sanitario y económico que hacemos para garantizar acceso al medicamento a TODA nuestra población".

Vale recordar que a fines de abril la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó una ley que reafirmó la prohibición a las sociedad anónimas a operar como farmacias en territorio bonarense. La Corte Suprema de la Provincia también se expidió sobre la constitucionalidad del artículo 14 de la ley provincial, que no menciona a las sociedades anónimas como posibles operadores farmacéuticos. Además, numerosos municipios y concejos deliberantes manifestaron el rechazo al ingreso de Farmacity en la provincia de Buenos Aires. E, incluso, hubo intendentes que prohibieron su arribo por decreto u ordenanza.

Por otra parte, antes de la audiencia del miércoles pasado, donde los amicus curiae expusieron sus argumentos a favor y en contra de las partes, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, denunció que fue censurado por parte del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. "Nos censuró por nuestra postura contra Farmacity", disparó el titular del organismo.